Urbanismo en Ibiza: El PP culpa al PSOE y El Pi de la licencia ilegal de Cala Gració que otorgó Gutiérrez

El PP de Sant Antoni ha emitido este miércoles un comunicado en el que exige que «los grupos PSOE-Reinicia y El Pi den explicaciones como responsables de la condena que recae en el Ayuntamiento [el pago de una indemnización de 460.000 euros] por anular una licencia de obra durante su mandato», entre 2015 y 2019. Sin embargo, paradójicamente, la licencia ilegal de Cala Gració la concedió el equipo de gobierno del PP bajo la alcaldía de Pepita Gutiérrez en octubre de 2013.

El objeto de la licencia era la reforma de una vivienda y la construcción de una piscina. Pero al estar la casa en ruina, tal como advirtió el Consell de Ibiza cuando ya se ejecutaban las obras en 2016 (ya gobernaban en coalición PSOE, Reinicia y El Pi), no se podía reconstruir al amparo de un permiso de reforma. Esto provocó el cambio de criterio de los técnicos, que, previamente, habían informado a favor del proyecto hasta en cuatro ocasiones, y la revisión de oficio de la licencia, ratificada por sentencia.

Urbanismo en Ibiza: Sant Antoni informó cuatro veces a favor de la licencia ilegal de Cala Gració

En el comunicado, el PP culpa al anterior gobierno de centro-izquierda de iniciar la revisión de oficio de la licencia, en vez de «paralizar las obras e iniciar el procedimiento de restablecimiento de legalidad y la apertura de un expediente sancionador». «Hubiera sido lo más procedente», afirma la nota.

El comunicado obvia que, tal como apunta la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma que ratificó la anulación de la licencia, «el procedimiento se inició cuando el Consell de Ibiza remitió un informe y abrió expediente por la licencia otorgada». En cambio, el PP señala que «a raíz de la visita de una inspección [municipal] se emitió un informe técnico en el que, entre otras cosas, se concluía que se estaban ejecutando actos edificatorios de nueva planta que no se correspondían con actuaciones de rehabilitación».

Precisamente, la sentencia civil de la Audiencia Provincial (por la cual el extranjero que compró la parcela con la licencia ha recuperado la inversión de 1,3 millones, sin contar los 460.000 euros por el proyecto y las obras) destaca que el afectado «siguió al pie de la letra el proyecto de obra con base en el cual [el gobierno del PP de Pepita Gutiérrez] se le otorgó la licencia en 2013». «No ha habido actuación posterior [del propietario] que haya condicionado la revocación de la licencia», agrega esta sentencia.

La obra cumplía el proyecto

Pese a ello, el PP sostiene ahora que el gobierno anterior de izquierdas debería haber abierto un expediente de infracción urbanística al propietario por ejecutar «al pie de la letra», según la sentencia, la licencia, en lugar de reconocer el error del anterior gobierno del PP, al amparo de los informes técnicos, de conceder un permiso de obra ilegal. Es más, la defensa del afectado destacó en sede judicial que en el proyecto ya se advertía (al apuntar que la casa carecía de cubierta, cerramientos y que había vegetación en su interior) la situación de ruina de la casa, pero los técnicos hicieron caso omiso e informaron a favor de la licencia. Tras el expediente del Consell, cambiaron de repente de criterio.

Ahora, el PP anuncia que se está preparando un recurso contra la sentencia para «intentar dar solución a la mala gestión e incompetencia de PSOE-Reinicia y El Pi»; es decir, tratar de evitar pagar la indemnización, cuyo origen, obviado por el PP, fue la concesión de una licencia de reforma que el gobierno de su partido no debería haber dado.

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