Caso Sonitec

Crónica de 21 meses de encargos a dedo al margen de la normativa en Sant Antoni

Desde abril de 2021 hasta el pasado 28 de diciembre, el interventor avisó reiteradamente al edil de Fiestas de que se saltaba los procedimientos para adjudicar contratos menores y de que había gastos que debía licitar en concursos públicos y transparentes

Tur (izquierda) y el alcalde posan en la entrega de los 8.053 euros recaudados para  Ucrania.

Tur (izquierda) y el alcalde posan en la entrega de los 8.053 euros recaudados para Ucrania. / A. Sant Antoni

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

No está claro si el interventor de Sant Antoni, Jorge Zurita Salazar, ha tenido mucha paciencia y esta se colmó el pasado 28 de diciembre, cuando redactó su último informe de omisión de la función interventora (OFI) del departamento de Fiestas, o si bien en su ultimátum al alcalde, Marcos Serra, influyó que empezara a publicarse en este diario que esa concejalía tenía propensión a conceder a dedo innumerables contratos, especialmente a Vicente Escandell Marí, amigo de la infancia del edil Miguel Tur.

Las advertencias del interventor a Fiestas por no tramitar como es menester comienzan desde su primer OFI, el expediente 764/2021, que inicia de oficio y firma el 16 de abril de 2021: «Esta Intervención (…) ha observado que el gasto que se detalla a continuación, por un importe total de 28.072,00 euros, ha sido autorizado sin que se haya remitido a estas dependencias para llevar a cabo el trámite de fiscalización e intervención previa correspondiente, siendo el citado informe de Intervención preceptivo y previo». Allí ya aparecen dos facturas a nombre de Sonitec y una al de Escandell por un total de 20.812 euros.

El interventor critica respecto a las facturas (o albaranes, no los contratos, pues no los hay) que «no constan los documentos exigidos en el artículo 20.2 de las bases de ejecución del presupuesto respecto a la documentación mínima exigida a los contratos menores del Ayuntamiento», y añade que «la contratación verbal no está permitida en la administración», aviso que, visto lo sucedido desde entonces, el edil de Fiestas ha obviado hasta ahora. Zurita aprecia «apariencia no maliciosa de autoridad por parte del órgano gestor», que es Fiestas. «Estos servicios del área de fiestas —añade— acontecieron en el ejercicio 2021, y no consta que dichas acciones hayan sido reiteradas en el tiempo. No obstante, deben reconducirse estas actuaciones cuanto antes y no reiterarse a lo largo del tiempo».

Fiestas expuso diversas causas para «haber actuado sin procedimiento u obteniendo la fiscalización previa» de intervención. «La mayor parte de las veces —arguyó—, por los tiempos y por los cambios de último momento, teniendo en cuenta en el momento sanitario de alerta en el que nos encontrábamos, siguiendo siempre las recomendación sanitarias».

Hay seis facturas por el mismo valor (9.982,5 €) para eventos celebrados en agosto de 2021, coincidiendo con las fiestas locales de Sant Bartomeu, algo que no se le escapa a Zurita: «Este tipo de servicios deberían ser adjudicados por contrato público"

Nuevo aviso... y más crítico

El siguiente OFI, de 21 de junio de 2021, es relativo al pago de 2.420 euros por el montaje de un belén, para el que el interventor hace los mismos reparos que en el anterior informe. El tono cambió en el tercer informe, emitido el 29 de noviembre de 2021, cuyo montante ascendía a 106.951,13 euros y que contenía 11 facturas a nombre de Vicente Escandell. Entre ellas seis por el mismo valor (9.982,5 euros) para «escenario, baños, técnicos, sonido» de eventos que tuvieron lugar en agosto de 2021, coincidiendo con las fiestas locales de Sant Bartomeu, algo que no se le escapa a Zurita: «Este tipo de servicios deberían ser adjudicados por contrato público, donde se deben acomodar los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que deben regir la actuación contractual de las administraciones públicas y cumplir con las previsiones dispuestas en la Ley de Contratos de Sector Público». Es decir, al considerar el interventor que era preciso adjudicar esos servicios (que abarcaron del 13 al 24 de agosto, 11 días) en un solo contrato público, viene a decir, implícitamente, que han sido fragmentados y que lo correcto hubiera sido licitarlos para seguir «los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia» que marca la legislación.

Fiestas dijo en 2021 que el expediente para adjudicar los servicios de iluminación y sonido estaba "en proceso de tramitación, pendiente de la valoración por parte del ingeniero técnico municipal" y que estaría listo en el primer trimestre de 2022

Zurita transige y, de nuevo, no rechaza esas facturas porque Fiestas esgrime que «el expediente para la adjudicación de los servicios de iluminación y sonido para eventos se encuentra en proceso de tramitación, pendiente de la valoración por parte del ingeniero técnico municipal, siendo la fecha prevista de adjudicación, según el órgano gestor, el primer trimestre del año próximo». Es decir, 2022. Admite, pues, ese departamento que no está haciendo las cosas bien y que debería licitarse, si bien continuará adjudicando a dedo todos los trabajos de esa índole a Sonitec, lo cual justifica en que su servicio es el mejor y que es «integral». El interventor volvió a tirarles de la oreja y reiteró que debían «reconducirse estas actuaciones cuanto antes y no reiterarse a lo largo del tiempo». Se reiteraron.

Reincidencias

Ni caso, como se desprende del cuarto informe (de 15 de junio de 2022) por omisión de la fiscalización, este por una cantidad aún mayor, 192.670,93 euros. Casi un año después todo seguía igual. El edil de Fiestas continuaba dando largas a la recomendación de licitar los servicios o, al menos, a que los casos que podían adaptarse a las contrataciones menores siguieran el procedimiento reglado (pedir varios presupuestos a al menos tres empresas) y que no se siguiera adjudicando a dedo y «verbalmente».

Casi un año después todo seguía igual. El edil de Fiestas continuaba dando largas a la recomendación de licitar los servicios

Es entonces cuando el interventor eleva la voz: «Dado que ya se han tramitado a lo largo del ejercicio anterior expedientes de omisión de función interventora respecto a los servicios de montaje, iluminación y sonido, y que en uno de los últimos informes yo mismo expresaba, en base a vuestras [las de la concejalía de Fiestas] manifestaciones, que este tipo de servicios deberían ser adjudicados por contrato público (...), en el informe que preparéis manifestaros sobre las causas de las que deriva este retraso respecto a lo que planteasteis en noviembre de 2021 y un compromiso para regularizar esta situación».

El interventor recuerda en ese escrito que un elemento fundamental para evaluar si procede la revisión de oficio en este tipo de expedientes es, según el Tribunal de Cuentas, «el tiempo /reincidencia sobre el que se extienden este tipo de prácticas». Que empezaba a ser cada vez mayor. Sí, eran reincidentes.

Ese expediente recoge 15 facturas de Sonitec y Vicente Escandell por valor de 106.613,35 euros. ¿Qué justificó Fiestas ante el requerimiento de Zurita? Que el expediente para la adjudicación de los servicios de iluminación y sonido para eventos seguía parado porque, ahora, «el ingeniero técnico municipal, encargado de su valoración», había «causado baja», lo que provocaba «un retraso más para poder llegar a regularizar la situación». Miguel Tur solicitó, además, que se atendiera «cuanto antes las obligaciones de pago [...] teniendo en cuenta que los costes de una indemnización por daños y perjuicios serían más costosos» que lo que se debía abonar a las empresas que daban servicios y «viendo sobre todo los perjuicios para los proveedores», que llevaban esperando el abono de sus facturas «un largo período de tiempo». Traducimos: Fiestas tenía al interventor entre la espada y la pared; si no se pagaba a los proveedores, las consecuencias serían graves para las arcas municipales.

Apela ahí ese departamento del Consistorio al Real Decreto 424/2017, donde se alude a «la posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento» si estos salen más caros que el coste de los servicios. Precisamente, el interventor señala que, a la hora de aceptar el cobro, tuvo en cuenta «los perjuicios para los proveedores, que aunque prestaron los servicios sin acudir al procedimiento de contratación procedente, llevan esperando el abono de las facturas hasta la formación de este expediente más allá del periodo medio de pago establecido legalmente por el retraso en la tramitación de las obligaciones». También justifica el abono por «el contexto económico actual, en el que existe un deterioro de las expectativas económicas globales, problemas en las cadenas de suministro y un tensionamiento en las condiciones financieras». Geopolítica, vamos. «Por tanto —añade—, podría resultar reprochable que el Ayuntamiento (...) no atendiera las obligaciones de pago». Insiste el interventor, no obstante y por enésima vez, en que «este tipo de actuaciones deben reconducirse cuanto antes y no reiterarse a lo largo del tiempo, tramitando los correspondientes expedientes de contratación para cada una de las necesidades públicas». ¿Qué ocurrió luego? Que en Fiestas siguieron sin hacer caso.

Estima que siete facturas presentadas por Sonitec y Vicente Escandell «deberían ser objeto de una licitación, que haga efectivos los principios de la contratación que se contienen en la Ley de Contratos»

«Debería ser licitación»

Se repiten los argumentos en un nuevo informe (del pasado 12 de agosto, este por sólo 2.256 euros), pero se nota que el interventor empieza a estar intranquilo cuando le llega otra remesa de facturas por un total de alrededor de 170.000 euros. Además de insistir en que Fiestas debe tramitar los expedientes como se detalla en la legislación, vuelve a sugerir que aprecia un fraccionamiento de los servicios, pues estima que siete facturas presentadas por Sonitec y Vicente Escandell «deberían ser objeto de una licitación, que haga efectivos los principios de la contratación que se contienen en la Ley de Contratos». Basta ver cuáles son para comprobar la lógica del argumento del interventor: aparecen, entre otras, dos facturas por la fiesta del aniversario de La Movida y a nombre de Vicente Escandell por valor de 8.107 euros y 17.983,63 euros. Esta última está al límite de los 18.000 euros (ya con IVA) de un contrato menor. Sumadas esas cantidades, lo superan.

«No se admiten más facturas sin conformidad de un técnico»

El último informe por omisión de la fiscalización al que ha tenido acceso este diario es por nada menos que 213.029,5 euros, de los que ocho facturas corresponden a Sonitec y Escandell. Está firmado el 28 de diciembre de 2022, pocos días después de que estallara el Caso Sonitec. El interventor eleva el tono hasta el punto de lanzar un ultimátum al alcalde y al edil de Fiestas. Primero avisa a Marcos Serra y a Miguel Tur de que «el artículo 28.d de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone como infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria». Llama la atención que, pese a esta advertencia, el PP mandara hace unos días una nota de prensa en la que aseguraba que la oposición «tergiversa y miente al decir que no es legal contratar sin tres presupuestos. Es una buena práctica administrativa, pero no se exige legalmente». Que viene a ser como decir que «lo ideal sería hacerlo bien». Para Intervención, trocear contratos, no licitarlos u obviar la petición de varias ofertas en contratos menores supone una infracción muy grave.

El interventor recordó al alcalde y a Tur que es una infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos

El interventor, se ve que ya cansado de que le dieran largas o ante el escándalo que se empezaba a montar, advierte entonces a Fiestas que «ante la reiteración de los gastos derivados de actuaciones de sonido y montaje de escenario sin contrato alguno [y señala siete facturas de Escandell y Sonitec] se debe proceder a impulsar cuanto antes la referida licitación», una advertencia que «ha sido realizada por este Interventor reiteradamente sin que se haya planteado actuación correctora alguna». Por eso, alerta de que a partir de ese momento «no serán admitidas más facturas por este concepto sin que se aporte conformidad de algún técnico respecto a la valoración de las prestaciones». No traga más. Si hay que pagar indemnizaciones, se pagan, pero no va a transigir más. Marcos Serra podría sacar adelante hoy el crédito para poder lanzar la licitación de esos servicios, pero tiene otra opción: imitar al resto de consistorios de la isla que lo hacen bien.

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