Multa de más de 674.000 euros y orden de derribo para una vivienda ilegal en Ibiza

La vivienda y una edificación anexa están situadas en zona protegida ANEI y Red Natura 2000

Imagen de la vivienda.

Imagen de la vivienda.

Redacción

El Consell de Ibiza ha ordenado la demolición de una vivienda y una edificación anexa ilegales situadas en zona protegida ANEI y Red Natura 2000 en el municipio de Sant Josep y que fueron objeto de reforma (más de 280 m²) y ampliación ( más de 180 m²) sin disponer de licencia municipal de obras.

Estas actuaciones se han ejecutado en una parcela ubicada a la Vénda de Dellà en Sant Josep de sa Talaia, según informa el Consell en un comunicado. Entre las obras que son objeto de derribo se encuentran edificaciones de nueva planta, porche anexo, piscina, edificaciones anexas y cenador.

Todas estas actuaciones son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y por tanto "ilegalizables", asegura la institución insular, por lo que la propiedad tendrá que derribar estas construcciones en un plazo de seis meses.

En caso de incumplimiento de la orden, la propiedad se enfrentará a la imposición de hasta 12 multas coercitivas por importe de 22.475,93 euros cada una de ellas -correspondiendo al 10% del valor de las obras ejecutadas-. Si aun así la propiedad no procediera al derribo, el Consell podrá ejecutar la demolición repercutiendo los gastos al infractor.

Además, se ha impuesto a la propietaria-promotora de las obras, la sanción de 674.277,87 euros por una infracción muy grave por la ejecución de obras sin su correspondiente licencia.

Cinco derribos

A lo largo de esta legislatura, recuerda el Consell en una nota, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipos yurta en ANEI y una instalación en costa) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de prisión.