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El Govern balear aboga por poner límites a quienes tengan cinco o más viviendas

La ley estatal rebajará el umbral de gran propietario para poder regular el precio de los alquileres

Vista parcial del casco urbano de Ibiza.

El anuncio de un posible acuerdo para la ley de vivienda estatal ha insuflado una importante dosis de optimismo para el Govern porque la dificultad para acceder a un inmueble se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos de las islas. La nueva norma tiene dos ideas fundamentales: la catalogación de grandes tenedores, es decir, aquellos con una importante suma de propiedades, y la posibilidad de declarar zonas tensionadas el Govern quiere que toda Balears lo sea, lo que permitiría a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler. Al parecer, las regiones dispondrían de seis meses para presentar su propuesta ante el Ministerio antes de estar en disposición de actuar.

Aunque la modificación sustancial reside en la catalogación de gran tenedor. En un primer momento hacía referencia a aquellas personas físicas o jurídicas que fueran titulares de más de 10 viviendas o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, pero las últimas negociaciones con sus socios (Podemos, ERC y EH Bildu, principalmente) han provocado que el Gobierno abra la puerta a reducir el umbral de gran tenedor a quienes tengan cinco o más viviendas en propiedad. Así lo evidenció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una entrevista con El Periódico de España: «Se trataría de que el límite de diez inmuebles para ser considerado un gran tenedor pueda situarse en una horquilla inferior, de 5 a 10, siempre y cuando la comunidad autónoma pueda acreditar que es un área tensionada con la justificación previa».

La diferencia entre un pequeño y un gran tenedor es importante porque, una vez se haya declarado la zona tensionada para empezar a restringir precios, los primeros no se verán afectados. En cuanto a las zonas tensionadas, el concepto se refiere a las regiones en las que el coste de la hipoteca o el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares , así como aquellos territorios en los que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.

Pese al anuncio de Sánchez, en el Govern prefieren ser cautos porque la ley aún no está aprobada y sigue sujeta a modificaciones, aunque las previsiones apuntan a que será convalidada por el Congreso en febrero para que las comunidades puedan acelerar los procesos.

Por ello su portavoz, Iago Negueruela, expresó ayer que este tema se había tratado en el Consell de Govern y reclamó que se apruebe cuanto antes la ley porque «recoge las aportaciones que enviamos desde aquí y nos permitiría el desplegamiento de nuestras normativas». Además, reclama al Partido Popular que vote a favor de la norma y «deje de hacer demagogia» con la vivienda, aunque los populares se han posicionado en contra desde el primer momento.

Hace escasos meses, el PSIB y toda la oposición rechazaron esta misma propuesta en el Consell de Mallorca por parte de Podemos con el apoyo de Més per Mallorca.

La ley incluiría una opción para que los ayuntamientos pudieran subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías para incentivar que los dueños las pongan en el mercado. En este caso, posibilitarían a las administraciones locales realizar este aumento en caso de que tengan más de cuatro inmuebles y que lleven tiempo vacíos, con un recargo del 50% en caso de que lleve más de dos años vacío y del 100% si supera los tres años.

El Ejecutivo descarta «presionar» a Madrid para limitar la compra de vivienda como pedía Yllanes

El Consell de Govern trató el tema, pero la presidenta vuelve a recordar que depende de Europa

El Consell de Govern debatió ayer la limitación a la compra de vivienda por parte de no residentes después de que el vicepresidente del Ejecutivo, Juan Pedro Yllanes, abogara la semana pasada por abrir esta discusión en el seno del Ejecutivo, aunque de momento se descarta «presionar» al Gobierno central para que inicie las negociaciones con la Unión Europea tal y como reclamaba el dirigente de Podemos, y apuesta por «seguir trabajando» en la misma línea en lugar de tomar acciones drásticas.

La presidenta, Francina Armengol, explicó que se trata de un tema que «venimos comentando desde hace mucho tiempo» aunque recuerda que depende «exclusivamente» de la Unión Europea. En este sentido, afirmó que el tema de la vivienda es «uno de los grandes retos» de Balears porque tiene un «efecto muy grande» en los ciudadanos. Además, la líder socialista apuntó que la ley de vivienda estatal es una «gran oportunidad» sobre todo para las islas y espera que la negociación sea rápida para que las islas tengan más herramientas para desplegar políticas para facilitar el acceso.

El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, declaró que están trabajando en la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea para que se apruebe un estatuto de islas pobladas con el objetivo de «garantizar singularidades de nuestras islas en temas como vivienda, materia económica o las ayudas de minimis». Cabe tener en cuenta que el 87,2% de los ciudadanos de las islas se muestra «insatisfecho» con la gestión del Govern baleara la hora de facilitar el acceso a una vivienda a precio asequible y el 51,4%, una de cada dos personas, afirma sentirse «totalmente insatisfecha», según el CIS.

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