Urbanismo en Ibiza: El Consell avisa de que el decreto del Govern se puede «cargar» las normas transitorias de Sant Josep

El vicepresidente primero, Mariano Juan, critica que es «una aberración jurídica» que causa «inseguridad»

Roselló, Guerrero, Marí y
Juan presentan las normas
 de Sant Josep.  J..A.RIERA

Roselló, Guerrero, Marí y Juan presentan las normas de Sant Josep. J..A.RIERA / eugenio rodríguez. eivissae.r. eivissa

Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

El Consell de Ibiza advierte de que el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado hace una semana por el Govern balear puede «cargarse» y forzar a «rehacer» la propuesta de normas urbanísticas provisionales aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep y que ya han sido remitidas a la institución insular para su tramitación y aprobación. «Se ha aprobado una cosa [las normas transitorias] que el decreto ley se carga, ya que no ha previsto ninguna excepción», subraya el vicepresidente primero, Mariano Juan, que expresa su «preocupación» por esta situación porque afecta a «mucha gente» que vive en zonas urbanas no consolidadas (los llamados falsos urbanos) que ahora pasan directamente a ser suelo rústico.

Mariano Juan afirma que los técnicos deben analizar las consecuencias del decreto, pero afirma que puede obligar a «rehacer» el trabajo que se ha hecho. «Es una impotencia total. Cuando se aprobó el decreto 9/2020 ya nos quejamos de que esto podía pasar y el Govern lo sabe. No puede ignorar los hechos», sostiene Juan en referencia a la negativa del Govern de ampliar el plazo previsto por el decreto 9/2020 (hasta el 31 de diciembre del año pasado) para que el Consell decidiese a través de una modificación del Plan Territorial Insular (PTI) si los falsos urbanos (suelos urbanos sin todos los servicios) se mantenían como urbanos, urbanizables o rústicos. En el caso de Sant Josep, el Consell pretendía cumplir esta obligación a través de las normas urbanísticas provisionales recientemente presentadas, pero el Govern, lamenta el vicepresidente del Consell, lo ha obviado.

De hecho, en las normas provisionales hay una cantidad considerable de suelos urbanos no consolidados cuya regulación se debe hacer a través de planes especiales, pero que, según el nuevo decreto, podrían pasar a ser rústicos. Este es lo que deben analizar ahora los técnicos, según Juan.

El decreto 9/2020 determinaba que si antes del 31 de diciembre de 2021 el Consell no decidía la clasificación urbanística de los falsos urbanos (afectaba a Sant Josep y Sant Antoni) a través de una modificación del PTI, el Govern balear se subrogaba dicha competencia para hacerlo, antes del pasado sábado, día 31. En este sentido, el vicepresidente del Consell puntualiza que el Govern no ha cumplido lo previsto en el decreto 9/2020 porque no se ha subrogado la competencia para decidir esta cuestión mediante una modificación del instrumento territorial, sino que los ha desclasificado directamente a través de otro decreto ley. «Como es incapaz de hacerlo en un año, al igual que el Consell, se ha enmendado la plana haciéndolo de este modo», afirma Juan, que critica que, «a golpe de decreto», no ha habido una exposición pública y los afectados no han tenido la oportunidad de presentar alegaciones.

«Habrá indemnizaciones»

Por ello, Juan señala que gestionar el urbanismo a través de decretos es «una aberración jurídica que causa inseguridad y una indefensión a los pequeños propietarios afectados». «Unos terrenos que eran urbanos ahora se declaran rústicos. Esto tiene un nombre», afirma el vicepresidente, al tiempo que destaca que supondrá «el pago de indemnizaciones», aunque el mismo decreto especifique que no ha lugar a ello.

«Por supuesto que las habrá. El Govern tiene un amplio historial en desclasificaciones de terrenos que no eran indemnizables y finalmente ha acabado pagando millones», señala, en referencia a Punta Pedrera, Cala Llonga y ahora Benirràs. «La ley puede decir lo que quiera, pero no se cree nadie que no habrá indemnizaciones. No digo que sea una expropiación, sino una usurpación o confiscación del valor de la tierra de la gente», subraya.

Sant Antoni defiende la validez de sus tres urbanos

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, defiende la validez de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada para mantener los suelos urbanos no consolidados de sa Talaia Norte, Bosc d’en Frit y Bahía de Sant Antoni. La modificación del planeamiento urbanístico se aprobó en un pleno extraordinario el 30 de diciembre de 2021, un día antes de que expirase el plazo que tenía el Consell para decidir el futuro de los falsos urbanos a través del PTI, que no hizo.

Por ello, el Govern balear interpreta que estos tres suelos urbanos también se ven afectados por el nuevo decreto ley urbanístico y quedan desclasificados. «La redacción del artículo del decreto es bastante clara», asegura la directora general de Territorio y Paisaje del Govern, Magdalena Pons, en referencia al hecho de que el decreto especifica que se mantienen como urbanos los que fueron declarados como tal por los consells en el período previsto, pero no se hizo en el caso de Ibiza.

El alcalde lo niega y se escuda en el hecho de que el Govern «no impugnó ni presentó alegaciones» en contra de la modificación puntual del PGOU aprobada hace un año. «Nosotros hicimos nuestro trabajo antes del plazo establecido, igual que otros municipios en Mallorca. No tiene que afectarnos», indica, al tiempo que señala que todavía no se ha dado ninguna licencia para edificar en estos ámbitos, aunque ya se trabaja en un estudio de detalle de uno de ellos. El Consell también defiende la validez de estos suelos urbanos porque el Govern «no lo impugnó», según el vicepresidente primero, Mariano Juan.

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