Los solicitantes de las ayudas sociales del Govern se topan con la brecha digital

El Govern impulsó el pasado mes de octubre un escudo social sin precedentes para hacer frente a la inflación y subida de precios. Se llama Amb tu y habilita ayudas por valor de 200 millones de euros. No obstante, la tramitación de las mismas en su mayoría es telemática y ello choca con un buen número de usuarios incluidos en la llamada brecha digital que no disponen de las herramientas electrónicas para hacerlas efectivas. Ello está provocando que personas con necesidades desistan de solicitar las ayudas por las dificultades de su tramitación.

Las convocatorias exigen la autentificación con el nivel más alto, la Clave Permanente, y que debe ser solicitado de forma presencial ante la Agencia Tributaria. No acepta el sistema Clave PIN, mucho más fácil, que funciona con una aplicación y que ayuntamientos y el Consell de Mallorca sí contemplan. De igual modo, permite el DNI digital que requiere solicitarlo ante la Policía Nacional a aquellas personas que no dispongan de él, así como la descarga de un programa o un lector de tarjetas digitales. Muchas de las personas vulnerables no tienen a su alcance todas estas herramientas.

Asimismo, el lenguaje de las convocatorias es farragoso y difícil de comprender para usuarios. Hasta nuestra redacción han llegado quejas al respecto. Es el caso de Rosa M. J., que quería tramitar la devolución de la matrícula de la UIB a su hija: «He tenido que pagar a un gestor para que me explique el galimatías de documentos, casillas de la declaración de renta y avales bancarios que me pidieron para poderla gestionar. He estado a punto de desistir por las dificultades», afirmó.

En algunos casos de las más de 25 medidas del escudo social del Govern, la única posibilidad de no realizar la tramitación telemática es acudir a un ayuntamiento para que emitan un certificado de «analfabeto digital» y que un funcionario pueda atender al usuario de forma presencial en una ventanilla.

Es cierto que el Govern está sujeto a la ley estatal 39/2015 que regula el procedimiento administrativo e impulsa la administración digital. No obstante, el Consell de Mallorca también está obligado a cumplir la norma y ha sabido aplicar una tramitación mucho más fácil, como es el caso del bono de 200 euros a las familiar.

El problema llega al Parlament

Está problemática de la brecha digital ha llegado al Parlament. La presidenta del Govern, Francina Armengol, reconoció la existencia de estas dificultades a preguntas del diputado y portavoz de Més per Menorca, Josep Castells. El menorquín le preguntaba por el caso concreto de las ayudas al alquiler y si creía que llegaban a quien más las necesitaba, precisamente por la obligación de la tramitación telemática, debido a que mucha gente desconoce los certificados digitales imprescindibles para su tramitación.

«Comparto con usted esta reflexión y nuestro objetivo ha sido el de hacer más ágil la administración, lo que ocurre es que ello puede provocar que este trámite digital genere problemas», respondió la presidenta. Armengol se comprometió a que, en el caso concreto de las ayudas al alquiler, las oficinas del Ibavi atiendan a las personas con esta problemática de forma presencial y propuso hablar con los ayuntamientos para agilizar estos trámites a los usuarios incluidos en la brecha social y que necesiten ser atendidos en las ventanillas de la administración.

En ayuntamientos con infraestructura, como es el caso del de Marratxí, ya se están avanzando al problema. La edil de Servicios Sociales y Educación de la localidad, Aina Amengual, explicó que desde su departamento se remite un mensaje a las personas que pueden verse beneficiadas de las ayudas y ponen a sus disposición los trabajadores sociales y administrativos para ayudar a sus ciudadanos a tramitar las ayudas sociales de otras administraciones.

En las imágenes se puede observar la necesidad de Clave Permanente y el farragoso lenguaje administrativo.

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