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El Estado tendrá la última palabra en las decisiones del Govern sobre Costas

El traspaso otorga a Madrid la emisión de un informe sobre las decisiones que si es desfavorable obliga a una negociación entre ambas administraciones

Puerto de Ibiza XAVIER DURAN

El traspaso de las competencias de Costas al Govern no está siendo un buen negocio para la Comunitat Autònoma. Si la pasada semana se supo que el Estado se reservaba el cobro del canon de las concesiones en dominio público, hoy observamos cómo el Gobierno de España se reserva la última palabra sobre las decisiones que tomará el Govern en materia de litoral. Lo hará mediante un informe preceptivo que en caso de no ser favorable exigirá un periodo de negociación entre las dos administraciones.

El pasado sábado, el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) publicaba la letra pequeña del traspaso de las competencias de Costas al Govern por parte del Estado. Un extenso apartado B del anexo del acuerdo señala todas y cada una de las funciones que se reserva Madrid y en las cuales tendrá potestad sobre el Govern pese a haberle traspasado la competencia.

Sobre el citado informe preceptivo, el acuerdo apunta: «En el caso de que el informe no sea favorable se abrirá un período de consultas a fin de llegar a un acuerdo entre las dos administraciones, durante un periodo máximo de dos meses contados a partir de la notificación del mismo. Dicho acuerdo será condición inexcusable para el otorgamiento de la concesión, sin perjuicio de que cada administración pueda recurrir conforme a las previsiones de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa».

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, aseguró a este periódico que durante la negociación el Gobierno trazó «toda una serie de las líneas rojas para acceder a transferir la competencia de Costas al Govern». Mir, hablando respecto a que Madrid se negó a ceder la recaudación del canon, afirmó: «No deja de ser un mecanismo de extorsión estatal». Mir aseguró que tanto Cataluña como Canarias también lo pidieron y Madrid se negó.

El Estado también se reserva la potestad de rescatar o permitir aquellas concesiones consideradas de interés general o con interés patrimonial. Estos casos quedan en manos del Gobierno central y la Comunitat solo tendrá la posibilidad de emitir un informe no vinculante. Según reza el BOIB publicado el sábado: «La Administración General del Estado se reserva la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija».

Balears cuenta con una extensión de litoral de costa de 1.500 kilómetros.

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