La conselleria balear de Asuntos Sociales, que dirige Fina Santiago, ha insistido este miércoles que el Consell de Ibiza no contestó a la solicitud de información por parte del Defensor del Pueblo sobre posibles casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Administración. A través de una nota, la conselleria aclara que en el debate del pleno del Parlament balear del lunes la consellera no dijo que en Ibiza hubiera casos de explotación sexual infantil, sino que criticó, en respuesta a una pregunta del PP sobre «falta de transparencia del Govern», que el Consell de Ibiza, gobernado por su mismo partido, no había contestado a la petición de información, tras iniciar una actuación de oficio, del Defensor del Pueblo del pasado 25 de mayo.

Por su parte, el Consell ha respondido con otro comunicado que el destinatario de esta petición era la conselleria balear de Asuntos Sociales, y no la institución ibicenca, a raíz de «la investigación iniciada en 2020 ante el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales después de conocer a través de los medios de comunicación la existencia de casos de menores que, hallándose bajo la protección de entidades públicas, habrían podido ser víctimas de abusos o tramas de explotación sexual tras escaparse reiteradamente de los pisos y centros de acogida».

Sin embargo, la solicitud de información del Defensor del Pueblo iba más allá de los casos investigado en Mallorca y también en Madrid. En concreto, el órgano que dirige Ángel Gabilondo decidió pedir información sobre los casos detectados en los últimos cinco años en todas las comunidades autónomas de España para conocer la situación y las actuaciones que habría adoptado la Administración.

Competencias transferidas

Como los consells insulares tienen la competencia de Menores y, por tanto, son las únicas instituciones que disponen de esta información, al día siguiente, el 26 de mayo, la conselleria balear de Asuntos Sociales envió al Consell de Ibiza la solicitud de información del Defensor del Pueblo a través de un correo electrónico, en el que pedía que contestara «lo antes posible», también en el caso de que «no hiciera ninguna aportación».

Ante la falta de respuesta de la Comunitat Autònoma, el Defensor del Pueblo envió un primer requerimiento al Govern el 26 de septiembre, en el que le recordaba su «deber de prestar auxilio con carácter preferente y urgente a esta institución».

Dos días después, la conselleria de Asuntos Sociales enviaba un segundo mail al Consell en el que de nuevo le pedía una respuesta a la información solicitada, tanto si quería hacer aportaciones como no, para contestar al Defensor del Pueblo «lo antes posible». Pero tampoco hubo respuesta, que es de lo que se quejó Santiago el lunes en el Parlament.

La información de un año antes

No obstante, el Consell de Ibiza recuerda, a través de su comunicado, que el 11 de marzo del año pasado (algo más de un año antes de la petición de información del Defensor del Pueblo), a raíz de la investigación abierta por la Comisión Europea sobre los casos de abuso sexual a menores tutelados en Mallorca, remitió a la conselleria un informe técnico de la jefa de sección de Menores que decía que hasta ese momento no se habían observado redes de prostitución o corrupción de menores tuteados por la institución. La nota del Consell ibicenco añade que esta información se repitió en diversas reuniones técnicas con la conselleria.