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Vilás anuncia a la alcaldesa de Santa Eulària otra querella por prevaricación por el hospital de Jesús

El propietario de la Policlínica insiste en que hay «un favoritismo» del Ayuntamiento y el Consell hacia el empresario Juan Tur Viñas

Las antiguas zanjas de cultivo desenterradas en el terreno donde se proyecta el hospital. | VICENT MARÍ

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, presentó ayer un nuevo escrito en el Ayuntamiento de Santa Eulària en el que comunica a la alcaldesa, Carmen Ferrer, la presentación «en breve» de una querella por presunta prevaricación por el hospital privado de Jesús que proyecta el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas. Se trataría de la tercera querella de Vilás contra la alcaldesa y su antecesor, Vicent Marí, por este asunto. Las dos primeras ya fueron archivadas. La última, contra Ferrer, hace tres meses. También afirma que la querella se dirigirá contra los políticos y técnicos que «dan cobertura a este anómalo e ilegal proceder administrativo con relevancia penal significativa»·

En su escrito, Vilás justifica la nueva acción judicial por el hecho de que el Ayuntamiento «tiene conocimiento cierto y fehaciente de la pérdida de la vigencia de la declaración de impacto ambiental» del proyecto del hospital y que es esta «la única Administración competente para certificar y acreditar que las obras no se iniciaron en el plazo conferido». La Comisión de Medio Ambiente advirtió de que si la ejecución del proyecto no se iniciaba antes del 8 de noviembre se perdería la vigencia de la tramitación ambiental.

Medio Ambiente, a petición del Ayuntamiento, ha emitido un informe en el que señala que el Consell de Ibiza es el «órgano sustantivo» y tiene la competencia en disciplina ambiental para determinar si las obras han empezado y, por tanto, si la tramitación ambiental es o no válida. «Parece evidente la falta de comunicación y colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell. Este no ha ejercido en momento alguno sus competencias en disciplina ambiental, extremo que destila el consabido favoritismo de las dos instituciones con un promotor privado», sostiene el escrito.

También apunta que la actuación municipal «atenta contra el principio de seguridad jurídica» porque «el proyecto es manifiestamente inviable jurídicamente por incumplimiento reiterado de la normativa sectorial de Medio Ambiente y de Salud». Se refiere a «la pérdida de la vigencia de la declaración de impacto ambiental y la autorización previa de instalación de Salud», que ha caducado.

Vilás agrega que desde que la junta de gobierno aprobó el pasado 28 de octubre la licencia de obras y actividad, «lo único que ha habido en la finca» ha sido «una total inactividad». «No se pueden solapar los trabajos de excavación arqueológica aún no finalizados con unas obras fantasmas iniciadas de forma virtual por el promotor el día 7 de noviembre». Se refiere al acta de replanteo e inicio de obra protocolizada ante notario justo un día antes de que finalizara el plazo otorgado por Medio Ambiente.

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