Una víctima de un problema que él mismo define como «enganche a la adrenalina». «He sido un ladrón, pero no he robado a ningún pobre». Así ha rematado este martes su alegato ante la jueza el mayor de los hermanos Cazorla, J.C.V., acusado de instigar el incendio contra los juzgados de Ibiza en enero de 2019. Reconocía un pasado conflictivo, pero negaba su participación en este caso y atribuyó su implicación a un acoso policial.
En su discurso también ha hecho referencia al otro incendio que protagonizó, en el que murió una mujer atrapada en un edificio okupa de es Viver. Si en este otro caso sí admitió que pudo originar el fuego con una colilla, fue para que le rebajaran la pena a siete años y medio de cárcel, ha justificado. Igualmente, los pasos para la reinserción que asegura haber intentado se habrían visto perjudicados por los reportajes en ‘Equipo de Investigación’, ‘El programa de Ana Rosa’ y toda la prensa que se hizo eco de los espectaculares golpes que se achacan a los hermanos o sus colaboraciones con butroneros y aluniceros de la Península.
Las causas que tenía pendientes J.C.V. se encontraban los juzgados de instrucción número 1 y número 2 de Ibiza. En estas dos dependencias, en la madrugada del 29 enero, se originaron cuatro focos del incendio que devastó toda esa documentación y paralizó la actividad judicial durante meses.
Acabar con los archivos
En la sesión de este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, la segunda y última antes de conocer la sentencia, tanto las conclusiones del ministerio fiscal, que pide sendas penas de cuatro años y diez meses, como la abogada del Estado han acusado a J.C.V. de destruir esos archivos para obstaculizar la actuación de la justicia.
Para ello, según estas conclusiones, recurrió a F.F.F, un politoxicómano que también estuvo imputado por su supuesta colaboración en labores de vigilancia en el incendio de es Viver. El pasado mes de septiembre, F.F.F. quedó absuelto de su participación en este segundo caso, aunque ya pasó tres años y cuatro meses de prisión preventiva. Ahora está libre de antecedentes penales, a la espera de la sentencia por prender fuego a los Juzgados.
A raíz del testimonio de los policías y bomberos, así como de los distintos informes periciales, la jornada de hoy ha servido para la reconstrucción de los hechos ante la jueza Clara Ramírez de Arellano, aunque la sesión de ayer ya fue reveladora gracias a la escucha de unas grabaciones obtenidas durante la investigación de la Policía Nacional. En una conversación entre los dos acusados, estos reconocían haber sido los autores del incendio.
La defensa de J.C.V. ha pedido la nulidad de estas escuchas porque, según aduce, esta charla grabada a los dos acusados se produjo después de que un agente hubiera parado el coche en el que iban para preguntarles, antes de que reemprendieran la marcha, por el incendio en los juzgados. «Hay un policía nacional que introduce el tema de conversación», ha apuntado el letrado.
La madrugada de los hechos, la Policía Nacional había advertido una presencia de yonquis más elevada de lo habitual en la zona de los juzgados, por lo que se montó una guardia en un coche secreto.
Reconstrucción
Pasadas las cuatro y media de la madrugada, los agentes escucharon unas explosiones cuando vieron a F.F.F. cruzar, con paso rápido, la avenida Isidor Macabich. Este les dijo que iba a pedir comida a la pastelería Bonanza y le dejaron marchar tras registrarlo. Momentos después, se detectaba el fuego.
A esa misma hora, J.C.V. estaba «en actitud vigilante» en un bar cercano de la avenida Bartomeu Rosselló que abría las 24 horas. En el interior del edificio se encontraron cuatro focos del incendio y una garrafa de 30 litros con restos de gasolina. En el exterior había la escalera de aluminio de dos tramos que se habría usado para acceder al edificio rompiendo una ventana. Las escuchas policiales posteriores confirmarían los primeros indicios de la investigación.
Siete años y seis meses de cárcel por el fuego en el que murió una mujer
El pasado 23 de septiembre, el jurado dictó veredicto de culpabilidad para J.C.V. por provocar el incendio de un edificio abandonado de es Viver el 13 mayo de 2019 en el que falleció una mujer italiana de 59 años, Rosanna Venturini, que estaba atrapada en una de las habitaciones, además de provocar heridas graves a otro de los okupas.
En este caso, J.C.V., que se encuentra en la cárcel desde el 23 de mayo de 2019, se enfrenta a una pena de siete años y seis meses de prisión. En un primer momento, la Fiscalía solicitaba 18 años de condena tanto para J.C.V. como para F.F.F., al que se acusaba de haber ejercido labores de vigilancia pero que fue finalmente absuelto.
Inicialmente, se atribuía a J.C.V. haber iniciado el fuego «movido por el ánimo de la venganza [contra uno de los okupas]» arrojando el mechero que originó el fuego. Después, durante el juicio, este admitió que pudo haber originado el fuego, accidentalmente, tras arrojar una colilla.Esta confesión suponía la rebaja final de la pena.
Se da la circunstancia de que, en la tarde en que ocurrieron los hechos, Rosana Venturini había sido encerrada en su habitación y no pudo escapar de las llamas. Por este motivo, se detuvo a su pareja, acusado de malos tratos.
En la celebración del juicio por el incendio en es Viver, que se celebró en la Audiencia Provincial de Palma, J.C.V. se encaró y amenazó a un policía que declaró en la sala.
