Una amplia mayoría del Ayuntamiento de Sant Josep respalda las normas que regirán, provisionalmente, el urbanismo del municipio hasta la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En un pleno extraordinario celebrado esta mañana, el equipo de gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos, ha aprobado, con el apoyo de los grupos del PP y Ciudadanos, pedir al Consell de Ibiza la suspensión de las Normas Subsidiarias en vigor desde 1986 y la aprobación de una nueva normativa urbanística transitoria consensuada entre las dos instituciones. Sólo dos concejales, el de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, y la de Vox, Pino Vidal, han votado en contra. Por su parte, el edil de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, ha optado por la abstención.
Hay que tener en cuenta que ahora el Consell debe remitir la propuesta a la Demarcación de Costas y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que emitan, no antes de dos meses, informes favorables. Entonces, la institución insular procederá a la aprobación inicial de la normativa provisional, con lo que ya será de aplicación.
El alcalde, Ángel Luis Guerrero, se ha mostrado muy crítico con la herencia urbanística de los 22 años de gobierno ininterrumpido del PP bajo el mando del difunto José Serra Escandell. Dijo que durante este período se cometió «un saqueo y expolio» al permitir construir sin obligar a los promotores a cumplir con los deberes urbanísticos, fundamentalmente para la obtención de terrenos públicos para equipamientos que den servicio a todos los ciudadanos. «Fue un gobierno municipal permisivo con técnicos municipales corruptos y cómplices de que nunca se aplicaran los criterios del interés general, y sí los particulares. 22 años de oscurantismo urbanístico, de saqueo y de clientelismo han provocado «el caos más absoluto», ha remarcado Guerrero, que ha recordado que los gobiernos municipales del PP «nunca pidieron a los promotores la construcción de infraestructuras (aceras, alcantarillado...) y tuvo que hacerlo el Ayuntamiento a costa de las arcas públicas enriqueciendo más a algunos promotores en vez de atender al interés general».
Así, el alcalde ha citado, a modo de ejemplo, que el Ayuntamiento, en su día, tuvo que comprar el terreno que ahora ocupa la plaza de Sant Jordi y que luego tuvo que hacer lo mismo para abrir las oficinas municipales y ahora para construir un auditorio. Ha agregado que la situación es «insostenible» y que la única vía para poner orden pasa por estas normas provisionales. Por todo ello, el alcalde ha dicho que, aunque debería estar «un poco contento», en realidad hay que estar «más tristes que contentos» por el pasado urbanístico del municipio dirigido por el PP.
El PP ya piensa en las elecciones
En clave ya electoral, el concejal del PP y conseller Vicent Roig ha ejercido ya de candidato oficioso de su partido a la alcaldía para defender la posición de su grupo sobre un asunto clave para el municipio. Roig ha dicho que la aprobación de esta normativa transitoria es «un fracaso de todos» y, sobre la herencia del PP, se limitó a decir que «el pasado ha de servir para aprender». «Todos hemos aprendido», ha agregado, para sacar pecho acto seguido de que fue el PP el que aprobó la Ley de Espacios Naturales y las Directrices de Ordenación Territorial, con las que se recortó la expansión prevista en 1986 en las Normas Subsidiarias aún en vigor. «Nos enorgullece», ha remarcado Roig para tratar de salvar la cara de su partido en la gestión urbanística del municipio.
También ha aprovechado su intervención para ensalzar la posición del gobierno del PP y Ciudadanos en el Consell para poner «la lealtad institucional por encima de intereses electoralistas y sectarismo» al objeto de echar una mano al Ayuntamiento y suspender la normativa urbanística en vigor y tramitar la nueva transitoria. De hecho, el edil del PP ha echado en cara al alcalde de que no fuera capaz de hacerlo antes, en concreto en el pasado mandato cuando en el Consell también gobernaba el PSOE. De hecho, la entonces consellera de Ordenación del Territorio, la josepina socialista Pepa Marí declinó la misma propuesta de sus compañeros de partido de Sant Josep. «Dice muy poco de usted mismo», le criticó.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, ha echado en falta «autocrítica» del propio alcalde porque lleva gobernando dos mandatos al frente del departamento de Urbanismo y «no ha sacado el Plan General de Ordenación Urbana». «Ustedes han querido hacer un hotel rural en Cala d’Hort, siguen con el convenio de Cala Vedella [para desarrollar la zona virgen de Port den Nebot], el Consell de Ibiza ha iniciado por su propia iniciativa la demolición de Cala Molí… Usted tampoco está para dar lecciones en urbanismo», ha recordado Becerra.
«Nunca se va a aprobar un nuevo PGOU»
El portavoz de Ciudadanos también ha dicho que, según su criterio, «nunca se va a aprobar un nuevo PGOU» y que, por ello, las normas transitorias «se van a eternizar».
Por su parte, el concejal de Ara Eivissa Josep Antoni Prats ha expresado su «decepción» tanto por el contenido como la forma de la nueva normativa, aunque ha admitido, por otra parte, que era consciente de que «no se podía hacer mucho más. Aparte de criticar que no haya una copia escrita en catalán de la normativa, Prats ha lamentado que, con todas las necesidades de equipamientos que hay en el municipio y la isla en general, se haya optado por obtener un terreno en Can Burgos para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil. De hecho, ha adelantado que, si tras las próximas elecciones, su grupo obtiene representación en el Ayuntamiento y esta resulta decisiva para gobernar, se tendrá que cambiar esta previsión. La aprobación definitiva de las normas provisionales no se espera hasta después del próximo verano, según dijo el sábado el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, presente hoy en el pleno extraordinario de Sant Josep.
Asimismo, el concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, ex del PP, ha basado su crítica en el hecho de que, según su opinión, las normas urbanísticas de Sant Josep suponen «una discriminación» al no permitir edificar en altura como en Vila o Santa Eulària, entre otras cosas, al tiempo que ha calificado la propuesta normativa como «un engaño legal consensuada entre cuatro partidos» sin tener en cuenta a los minoritarios.
La concejala de Vox Pino Vidal ha lamentado, entre otras cosas, que con la nueva normativa aún no se cumple «el estándar mínimo que regula la ley de zonas verdes por habitantes».
Unidas Podemos se ve forzado a intervenir
El portavoz de Ciudadanos ha mostrado su «sorpresa», en su segunda intervención, por el hecho de que ninguno de los tres concejales de Unidas Podemos hubiera intervenido en el pleno para manifestar su posición sobre una cuestión «tan importante». «Los del crecimiento cero se han quedado mudos, como los que oyen llover. Se podrían haber escrito tres líneas para saber qué piensan», ha recalcado Becerra.
Por alusiones, el alcalde ha concedido un turno de palabra al portavoz de Unidas Podemos Pere Ribas, pese a que había renunciado inicialmente a intervenir en el pleno, para decir que su grupo está del lado del PSOE, su socio de gobierno, y que trabaja con éste con «toda la discreción». «En algunas cosas se ha de saber consensuar y ceder. Esto es lo que hemos intentado hacer siempre con rigurosidad», ha dicho.
Asimismo, el alcalde ha explicado, en respuesta a la pregunta de por qué sólo se había desclasificado un antiguo urbanizable (Cas Damians), de que esta cuestión se debe abordar en el futuro PGOU y que ahora no corresponde. De hecho, ha explicado que solo se ha eliminado el de Cas Damians porque el resto quedaron suspendidos por el Plan Territorio Insular (PTI) mientras el Ayuntamiento no adaptara su normativa urbanística a éste, algo que no ha hecho y que por tanto no se puede responsabilizar a los propietarios.
