Las Normas Provisionales urbanísticas de Sant Josep, el nuevo planeamiento que sustituirá a las actuales normas subsidiarias (NNSS), serán «aprobadas a finales del verano» de 2023, calcula Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell y titular del departamento de Gestión del Territorio. «Si todo va bien», ha aclarado hoy en la rueda de prensa en la que se anunció, conjuntamente con el alcalde de esa localidad, Ángel Luis Guerrero, que el lunes se aprobará, en el pleno extraordinario municipal, solicitar al Consell la suspensión del planeamiento actual (las NNSS) y remitir a esta institución insular la propuesta de las Normas Provisionales (que han sido consensuadas entre ambas instituciones) para su aprobación inicial, tal como adelantó este diario el pasado viernes.
«En teoría, pues todo es susceptible de complicarse, será un proceso sencillo y bastante rápido», asegura Juan. Una vez aprobada por el pleno la solicitud de suspender el planeamiento actual, se enviarán las normas provisionales a la dirección general de Costas y a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea): «Habrá que esperar dos meses para que ambas envíen sus informes. Pasados esos dos meses, tengamos o no esos informes, se podrá seguir la tramitación para llevar las Normas Provisionales a la aprobación inicial». El alcalde, más cauto, cree que habrá que esperar hasta «marzo o abril». Cuenta a partir de ahí «un término máximo de seis meses para lograr la evaluación ambiental estratégica que, en Mallorca, hará la Comisión balear de Medio Ambiente», así como para la resolución de alegaciones que se presenten. «Si todo va bien, a finales del verano podríamos tener el planeamiento aprobado», confía Juan.
«Habrá que esperar dos meses para que ambas envíen sus informes. Pasados esos dos meses, tengamos o no esos informes, se podrá seguir la tramitación para llevar las Normas Provisionales a la aprobación inicial»
La aprobación de estas Normas Provisionales será «mucho más rápida que si se hiciera una modificación normal o una revisión de un plan general», señala el conseller de Territorio ibicenco, que aplaude que se haya dado salida, gracias al trabajo de los técnicos de ambas instituciones y a la labor política, «a algo que durante los mandatos anteriores estaba bloqueado». Estas normas provisionales «son fruto de la voluntad de llegar a acuerdos y del trabajo discreto durante más de un año y medio».
«Necesitamos un planeamiento más claro», justificó Ángel Luis Guerrero: «Las Normas Subsidiarias datan de 1986. Durante una época no se gestionó ese planeamiento, lo cual ha provocado que, actualmente, sea prácticamente imposible ejecutarlo en un 95%». Sólo se salvan los suelos rústicos y «alguna zona urbana». Así, de las 83 unidades de actuación previstas «sólo se han desarrollado correctamente seis» desde 1986. Hay una serie de urbanizables «que quedaron desclasificados por las leyes que se han publicado a lo largo de estos años, como las DOT, la LEN, el PTI… Las NNSS nunca se adaptaron, lo que impide desarrollar esos suelos», lamentó Guerrero.
Las Normas Provisionales, en las que «no se toca ningún tipo de clasificación ni habrá recalificación», se mantendrán «hasta que se llegue a aprobar un plan general», que el Consistorio encargó «hace año y medio». Preguntado por si las provisionales se eternizarán, el alcalde admitió la «complicación» y «lentitud» de aprobar un PGOU, en el que los sucesivos gobiernos municipales llevan dos décadas atascados.
La implicación del Consell
Guerrero agradeció al Consell «su implicación y comprensión». «Han trabajado —añadió—, junto a los técnicos, codo a codo con nosotros». Hace sólo dos semanas el alcalde y el presidente del Consell, Vicent Marí, firmaban el protocolo de cesión de la avenida de Sant Jordi. Y en breve volverán a escenificar esta buena sintonía entre instituciones con el anuncio de la construcción de una rotonda en Sant Josep.
El alcalde explicó que las Normas Provisionales consensuadas «resuelven necesidades que tiene el Ayuntamiento». Por ejemplo, «se cambia la clasificación de suelos rústicos para ampliar el colegio Sant Jordi», permiten «tener más suelo industrial en esa misma parroquia, e «incorpora el suelo de los futuros apartamentos donde se alojará a los inquilinos de los Don Pepe». Respecto a este último asunto, Mariano Juan indicó que «si no se hiciera así, reclasificando rústico a urbano, se tardaría de dos a tres años. Este procedimiento excepcional lo acelera».
Además, las nuevas normas también incorporan el suelo donde estará ubicado el futuro cuartel de la Guardia Civil en Sant Jordi, así como «más de 28.000 metros cuadrados en Cala de Bou para un futuro colegio y una serie de equipamientos municipales».
Mariano Juan destacó que el nuevo planeamiento «ayuda a mitigar las necesidades de Sant Josep, pero también las estructurales de la isla, como la falta de suelo industrial, que desde hace años reclaman las patronales. Hay una falta de logística importantísima que nos hace depender de la Península. Nos hace ser vulnerables».
En ese sentido, el presidente insular habló de «la falta imperiosa de suelo industrial, dramática para algunas empresas que tienen que recurrir a suelos industriales en la Península». Todo ese suelo industrial «beneficiará especialmente al Ayuntamiento, pues dos terceras partes serán de cesión municipal, es decir, pasará a ser público. Sólo una tercera parte será de los particulares».
Y eso permitirá «solucionar «la falta de ITV. Habrá una segunda ITV definitiva en uno de los solares industriales públicos», en Sant Jordi.
Posible lo imposible
Hasta que se aprueben las nuevas normas, Sant Josep seguirá tramitando las licencias que se hayan presentado hasta ahora y se suspenden las de nueva tramitación en las que «haya una divergencia con el nuevo planeamiento». La suspensión no afecta al suelo rústico.
«Hemos hecho posible lo difícil, algo que en otras legislaturas fue imposible», dijo el presidente del Consell, Vicent Marí, sobre el «consenso ejemplar» al que su institución y el Ayuntamiento de Sant Josep han llegado tras año y medio de diólogo y trabajo «discreto». «Esto debería ser algo normal, no excepcional», añadió en referencia a «llegar a acuerdos por encima de las ideologías». Algo que ya empieza a ser habitual entre esas dos instituciones: hace dos semanas el Consell cedió al municipio la avenida principal de Sant Jordi. Ya entonces dijo Marí, y lo repitió ayer, que así demuestra su «vocación municipalista». Ahora espera que el PSOE y Unidas Podemos hagan lo propio (diáloguen y consensúen) en el Govern y «acepten la modificación» que les ha pedido en el PTI.
