Un informe jurídico del Ayuntamiento de Sant Josep recomienda no iniciar ahora un expediente para declarar la caducidad de la licencia que, en 2005, se otorgó para la construcción de 62 viviendas en los terrenos de es Port des Nebot, en Cala Vedella. El alcalde, Ángel Luis Guerrero, encargó este informe después de que el grupo Ciudadanos presentara una moción, que se debía debatir en el pleno de ayer, para instar al equipo de gobierno a iniciar el procedimiento para dar por extinguido un permiso de obras de hace 17 años que no se ha ejecutado.
El portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, aceptó, en la comisión informativa del lunes, la propuesta del alcalde, que inicialmente era reacio a apoyar la moción, de solicitar el informe y adoptar en el pleno un acuerdo en función del resultado. Durante el pleno, Guerrero pidió un receso de media hora (que al final fue de 45 minutos) en el que se reunió con los portavoces de los grupos para plantear la retirada de la moción de Ciudadanos a raíz del resultado del informe desfavorable al inicio del expediente de caducidad.
A pesar de que la moción figuraba en el orden del día del pleno, al retomarse la sesión, el alcalde obvió el punto de la moción y no explicó los motivos por los que se había retirado. Tras el pleno, parco en palabras, Guerrero se limitó a decir a este diario que la propuesta no se había debatido porque «el informe no había sido incorporado aún en el expediente».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos explicó, también después del pleno, que había aceptado la retirada de la moción, en el despacho del alcalde, porque «los servicios jurídicos recomiendan que no se inicie un expediente de caducidad por las consecuencias que puede tener para el Ayuntamiento».
En concreto, el informe señala que existe un proceso judicial abierto por un particular que sostiene que el convenio aprobado inicialmente en 2020 con la entidad Bastiodon SL para cambiar la calificación de uso hotelero a residencial y cambiar las 62 viviendas por 12 villas ha devenido definitivo por silencio administrativo. La jurista entiende que hasta que se resuelva este contencioso en el juzgado no se puede iniciar, si se considera, el expediente de caducidad de la licencia para las 62 viviendas.
Hay que tener en cuenta que después de defender insistentemente que el convenio de 2020 era «beneficioso» para el interés público porque se reducía la edificabilidad con un proyecto «menos agresivo», el alcalde aseguró el pasado mes de marzo que se daba marcha atrás y finalmente se desistía de este acuerdo. El motivo era que el Consell no admitía cambios de clasificación de terrenos en las normas urbanísticas provisionales que se aprobarán en breve.
Carrera profesional
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la carrera profesional de los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento. De forma voluntaria, los trabajadores tendrán la posibilidad de cobrar un plus salarial en función de los cursos de formación que sigan para la mejora del servicio al ciudadano. Se implantará de forma provisional a partir de enero, con un 50% del total de las retribuciones previstas, que se ampliará al 75% en 2024 y al 100% en 2025. Para 2023, se ha presupuestado una partida de 159.000 euros, cantidad que el PP considera que es «insuficiente».
Suspensión del cobro de las 'escoletes' para los niños de 2-3 años
El pleno también aprobó por unanimidad la suspensión del cobro de las cuotas de las dos escoletes del municipio, la de Cala de Bou y Es Vedranell, para los niños de entre dos y tres años después de la medida acordada por el Govern balear de compensar este coste a las familias. La concejala del PP María José Ribas lamentó que el equipo de gobierno no haya optado por extender esta medida al resto de usuarios de las escoletes del municipio, lo cual, remarcó, supone «una discriminación».
La edil del PP recordó que el Consell de Ibiza sí que ha extendido la medida del Govern a los niños de todas las edades que asisten a las escoletes insulares, algo que también sería «asumible» para el Ayuntamiento que tiene «40 millones de euros en el banco». La edil de Educación, Ángeles Marí, dijo que, como esta medida se aplica desde septiembre hasta junio, se devolverán las cuotas ya pagadas.
Por otra parte, el pleno aprobó una modificación de crédito de 109.700 euros para pagar la subida salarial de este año del personal funcionario (se abonarán los atrasos) decretada por el Gobierno central.
Además, todos los grupos políticos, salvo Vox, votaron a favor de una propuesta del PP para erradicar la violencia de género.
