La confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de que el Estado no financiará directamente nuevos convenios de carreteras con los consells porque, a partir de ahora, todas estas inversiones se deben canalizar a través del factor de insularidad previsto en el REB, provocó ayer una tormenta política, con un cruce de acusaciones entre los principales partidos: PSOE y PP. La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, insistió ayer en Formentera en que el Consell ibicenco dispondrá en 2023 de «más recursos que nunca en la historia democrática para ejercer sus competencias propias»; es decir, inversiones en carreteras o lo que considere. «Hemos aumentado la financiación hasta el punto de que, desde 2015, se ha duplicado, al pasar de 39 a 77 millones en 2023», dijo.
Dicho esto, Armengol recordó que los convenios de carreteras están «liquidados» desde 2014 y que éstos obedecían a «un momento transitorio». En este sentido, la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) señaló, a través de un comunicado, que el presidente del Consell, Vicent Marí, del PP, «engaña» a los ciudadanos porque «sabe perfectamente que el convenio de carreteras firmado con el Estado en 2009 [este se amplió posteriormente] tenía la finalidad compensar la insularidad mientras no se aprobara un nuevo REB, por lo que esta vía ya no corresponde».
«Cambio de paradigma»
Ahora, según Armengol, «se ha producido «un cambio de paradigma» y tras la aprobación del REB, que contempla el factor de insularidad, y el régimen fiscal especial, «se pactan en Balears qué inversiones son necesarias y prioritarias y se busca financiación para ejecutarlas», ya sea el factor de insularidad, la ecotasa, recursos propios de la Comunitat Autònoma o ayudas europeas.
Se refiere la presidenta al plan de inversiones estratégicas «pactado entre el Govern, los consells insulares y la sociedad civil». «Cada Consell puede presentar los proyectos que considere interesantes, sean carreteras o transporte público», dijo la presidenta, para agregar acto seguido que el Consell de Ibiza «presentó, a petición del Ayuntamiento de Ibiza, la reforma del primer cinturón de ronda por 60 millones de euros».
De todos modos, Armengol indicó que, al margen del «cambio de paradigma» al que aludió, «cada consell insular tiene capacidad para negociar con el Gobierno de España convenios específicos de cualquier tema».
Precisamente, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, afirmó que, tanto «si se llama convenio de carreteras o de otra manera, se necesita inversión para acometer todas las mejoras viarias». Recordó que Formentera ha pedido al Estado que financie un proyecto de mejora de la carretera principal (segregar el carril-bici y soterrar el cableado) valorado en 27 millones. «Si no obtenemos la financiación por ahí, lo negociaremos con la Comunitat Autònoma».
Réplica del Consell: «La subida de la financiación es una obligación legal, no una decisión política»
El Consell de Eivissa recordó ayer que el incremento de la financiación de la institución por parte del Govern (17 millones más en 2023) obedece a «una obligación legal», prevista en la ley de financiación de los consells, y «no a una decisión política». Un portavoz destacó ayer que este incremento está supeditado a «unas previsiones de crecimiento de la economía española que numerosos organismos internacionales han avanzado que difícilmente se cumplirán». De ser así, se tendrá que compensar el posible exceso en el presupuesto de 2024.
Así, el portavoz indica que es «imposible justificar la desaparición del convenio viario en este aumento de la financiación, debido a que no tiene por qué mantenerse en el tiempo». El Consell prevé proyectos viarios por 110 millones y es «imposible financiarlos sólo con fondos propios».
Además, señala que el Consell aprobó un proyecto para la reforma de un primer tramo del primer cinturón de ronda de Vila con un coste de nueve millones y que fue el Ayuntamiento de Eivissa el que planteó, en una reunión con el presidente Vicent Marí y su homóloga en el Govern, Francina Armengol, otro proyecto con un aparcamiento soterrado. La cifra de 60 millones es «una estimación que no se sustenta en ningún estudio técnico, informe o anteproyecto». Tampoco hay previsión alguna sobre la fecha de inicio. «Contabilizar esta cantidad de 60 millones no hace más que desvirtuar el reparto del plan de inversiones estratégicas. Con esta inversión, Eivissa recibe el 11,2% y Menorca el 7,9%; pero sin ella, Eivissa el 7% y Menorca, el 8,3%».
El PP pidió ayer «la comparecencia urgente» del conseller balear de Movilidad, Josep Marí Ribas, en el Parlament «por haber perdido la financiación del convenio de carreteras de Ibiza».
