Los grupos políticos del Consell de Ibiza se arman de razones jurídicas para exigir, a partir de la próxima legislatura, que se corrija «la discriminación» que sufre Ibiza en su representación política en el Parlament balear. Desde la separación del Consell de Ibiza y Formentera, en 2007, la representación ibicenca en la cámara balear es de 12 diputados, uno menos que Menorca, a pesar de que cuenta con 54.000 habitantes más, según los datos demográficos de 2019. Así, la circunscripción de Menorca cuenta con un diputado por cada 7.184 habitantes, mientras que en Ibiza la proporción se sitúa en 12.326 residentes, casi la misma que la de Formentera (12.111). La diferencia de electores entre Ibiza y Menorca es algo menor y se sitúa en 25.000 votantes.
El Consell ha presentado esta mañana, en una rueda de prensa con la presencia de representantes de todos los grupos y sus partidos (PP, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos), el dictamen elaborado por el catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB) Josep Maria Castellà que concluye que la desproporción que sufre Ibiza en el reparto de escaños en el Parlament «ha perdido toda justificación constitucional de los principios del derecho electoral derivados de la Constitución y el Estatut d’Autonomia de Balears, además de los estándares internacionales elaborados por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa», al tiempo que destaca que es «una situación actualmente insólita en el derecho electoral autonómico comparado».
Hay que tener en cuenta que en 1992 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular (entonces se llamaba Coalición Popular) en contra de la ley electoral balear de 1986 porque ésta asignaba a Ibiza un diputado menos que Menorca a pesar de tener esta última circunscripción un censo electoral «significativamente menor». Sin embargo, entonces, aparte de considerar que el censo electoral no era «significativamente menor», el TC, para tumbar el recurso de inconstitucionalidad, tuvo en cuenta que la población «mayor de edad» de Menorca era algo superior a la de Ibiza (42.105 por 42.032 habitantes), que la organización territorial de Ibiza y Formentera era conjunta en un mismo Consell Insular y que la regulación legislativa se basaba en el Estatut d’Autonomia de 1983.
Los tres argumentos «han perdido sentido» ahora, según concluye el dictamen del catedrático de la UB. De hecho, después de las correcciones que se han hecho en Castilla La Mancha y, la última en Canarias (2018), Balears es «el único caso del derecho electoral autonómico» de España donde se asignan un mayor número de parlamentarios a una circunscripción menor poblada, la de Menorca.
Necesario el consenso de dos tercios del Parlament
El dictamen plantea una serie de posibilidades para corregir esta anomalía a través de la reforma de la ley electoral, lo cual, para garantizar un amplio consenso, requiere del apoyo de dos tercios de los diputados del Parlament balear. Por un lado, está la propuesta «maximalista» de abrir el debate de la ampliación del Parlament y la revisión de la distribución de escaños en todas las circunscripciones, que puede «complicar mucho la solución», según ha advertido Castellà. Y, por otro, el planteamiento «posibilista», consistente en corregir la discriminación que sufre Ibiza con «un cambio mínimo» y asignar directamente a Ibiza uno o dos diputados más, ya sea con la ampliación del total de diputados de la cámara balear o restándolos a Menorca.
Abanico de opciones
Por ejemplo, se puede conservar el número de diputados del Parlament (59) y resasignar uno o dos de Menorca a Ibiza, que quedaría con 13 ó 14 y la circunscripción menorquina con 12 ó 11. El catedrático reconoce que, políticamente, Menorca difícilmente aceptará renunciar a lo que ya tiene. Así, se abre la opción de ampliar el Parlament con dos diputados (61 en total) y asignarlos directamente a Ibiza (14). O sólo con uno, e Ibiza pasaría a tener la misma representación que Menorca a pesar de que la población sea muy superior.
En todo caso, el dictamen del catedrático de la UB destaca que en todas las opciones «posibilistas» apuntadas, «Menorca todavía mantiene una mayor proporción en la relación de escaños-habitantes. Por ejemplo, en el caso más extremo, en el que se quitasen dos escaños a Menorca (pasaría a tener 11 diputados) para dárselos a Ibiza (14), los menorquines contarían con un diputado por cada 8.490 habitantes y los ibicencos por cada 10.565.
Hay que tener en cuenta que Mallorca es, con diferencia, la que sufre una mayor desproporción, al contar con 33 diputados (uno por cada 27.152 diputados), aunque, según ha explicado Castellà, esta situación es «jurídicamente aceptada» para «compensar» a las circunscripciones con menos representación.
Por último, Castellà no es partidario, y así lo refleja también en su dictamen, de aplicar «la vía reactiva», en el sentido de, en lugar de buscar un acuerdo político, plantear un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
También ha explicado que no es el momento, a medio año de la cita con las urnas, de promover la reforma de la ley electoral porque el Consejo de Europa recomienda que no se cambien las reglas del juego en año de comicios. El dictamen es de finales de 2019, pero no se ha presentado hasta ahora ni se ha iniciado ninguna iniciativa parlamentaria, según el presidente del Consell, Vicent Marí, por la pandemia y por el trabajo de diálogo que se ha hecho entre todos los grupos políticos.
El catedrático de la UB desaconseja la vía judicial
El dictamen del catedrático de la Universidad de Barcelona (UB) Josep Maria Castellà desaconseja el uso de la vía judicial para reclamar un diputado más, como ya intentó Coalición Popular, a pesar de que, según su criterio, la situación ha cambiado y se han extinguido las razones por la que ese recurso fue rechazado por el Tribunal Constitucional (TC) en 1992. Aparte del tiempo que se puede tardar en conseguir un pronunciamiento del TC, Castellà reconoce que «los criterios del TC son previsibles hasta cierto punto». También sostiene que el Constitucional da «prevalencia al acuerdo político a través de una reforma legislativa».
En este sentido, el catedrático afirma que el recurso que, en 2015, el partido Gent per Eivissa (GxE) presentó, infructuosamente, en contra de la convocatoria de las elecciones autonómicas (por el discriminatorio reparto de escaños) es «un ejemplo práctico». En ese caso el recurso se dirigió al Tribunal Superior de Justicia y, según ha afirmado este miércoles el catedrático, «a los jueces los temas electorales no les suelen agradar». «Lo más fácil para ellos es aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional y no entrar a ponderar de otra manera el principio de proporcionalidad», ha justificado.
