El grupo Amics de la Terra criticó ayer la política de recursos hídricos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern, que en una información publicada ayer por este diario reclamaba a los ayuntamientos de Ibiza que contraten más caudal de agua desalada para recuperar los acuíferos de la isla.
Los ecologistas consideran que esta política es «una gestión envenenada y está muy lejos de constituir una solución sostenible, como se pretende vender desde los medios de comunicación». Así, recuerdan que en Ibiza y Formentera hay «5.352 pozos autorizados, cifra que va en aumento año tras año, ya que se siguen autorizando más con cada nueva construcción en suelo rústico». Y apuntan la necesidad de controlarlos: «Si el objetivo es recuperar los acuíferos, ¿por qué siguen autorizando más extracciones? ¿Por qué no se tienen en cuenta los fuertes impactos del proceso de desalación, gran consumidor de energía eléctrica, que proviene de fuentes contaminantes?».
«La gestión de los recursos hídricos es más compleja y requiere una visión más amplia basada en criterios coherentes, y de una reducción de impactos ambientales en todos los ámbitos», apuntan. Y añaden: «¿Cómo se puede violar de manera tan descarada el plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra la crisis con este ‘plan sostenible del agua’? ¿Por qué en su plan ‘sostenible’ no tienen en cuenta los impactos negativos del proceso de la desalación? Este proceso produce una gran cantidad de residuos salinos que se vierten al mar, perjudicando la flora y fauna marina».
Por todo ello, dicen que las administraciones deberían tener otras «prioridades», como «no autorizar más pozos y controlar los existentes; controles y restricciones al consumo de agua mediante tarifas disuasorias y un límite al consumo, tanto el de agua de red como de camiones que venden a particulares; medidas para poder reutilizar el agua depurada; mejorar las depuradoras para que funcionen correctamente y no viertan aguas fecales sin tratar al mar, así como hacer cambios en la gestión de torrentes para fomentar la filtración de las aguas pluviales al subsuelo, que implicaría no usar maquinaria pesada que compacta el lecho de los torrentes y daña las laderas».
Finalmente, abogan por «planificar una transición hacia el crecimiento turístico cero y limitaciones a la construcción de nuevas viviendas».
