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El Govern atribuye a la ley de excesos la reducción del 87% de lesiones graves en Sant Antoni

Armengol afirma que las medidas aplicadas «han funcionado», mientras que la presidenta de los hoteleros pitiusos y el presidente del Consell advierten de que «sin la implicación del sector no habría sido posible»

Francina Armengol expone en el pabellón de Balears los resultados de la ley contra el turismo de excesos. | J.M.L.R.

Las medidas desarrolladas este año por el Govern balear para combatir el turismo de excesos han permitido, respecto al año 2018, «reducir en 2022 los casos de lesiones graves un 90% en la zona de Magaluf (Mallorca) y en un 87,5% en la zona de Sant Antoni», según expuso hoy la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, durante una presentación (en castellano) en la World Travel Market (WTM), en la que estuvo presente el cónsul del Reino Unido en Balears, Lloyd Milen. Como casos graves se incluyen heridos o fallecidos por balconing y por reyertas cuyos protagonistas acaban en los hospitales, según explicó un portavoz del Govern.

Armengol comentó a los presentes la intención de su gobierno de «seguir avanzando en la apuesta por la calidad, porque da resultados», lo cual implica continuar «desvinculando las islas del turismo relacionado con los excesos, que no ha de tener cabida en nuestras islas». La presidenta explicó que este año, tras aplicarse «plenamente las medidas para combatir el turismo incívico», han comprobado que «funcionan»: «Reducen la oferta de excesos, penalizan a quien sigue por esa senda que no queremos y, sobre todo, contribuyen a proteger a los propios turistas y a los residentes».

Como parte de esa lucha destacó que el Govern «va a adquirir en las zonas más castigadas por los excesos algunos de los espacios dedicados a la oferta de peor calidad, con el objetivo de retirarla del mercado y de devolverlos a la convivencia», y además seguirán «incentivando los aumentos de categoría». En ese sentido recordó que «está bloqueada la creación de nuevas plazas turísticas». No hacen falta más, según Armengol, porque «este año, las cifras de empleo y rentabilidad muestran que las que hay son más que suficientes».

El conseller de Turismo balear, Iago Negueruela, insistió en el mensaje de que «la seguridad en el turismo, así como la búsqueda de un comportamiento cívico y responsable en todos nuestros destinos turísticos, es una prioridad». «Los dispositivos -añadió- están funcionando y los resultados demuestran lo que siempre dijimos, que seríamos contundentes contra este tipo de actitudes y que no las toleraríamos. Mantenemos un compromiso firme de erradicar este tipo de comportamientos».

El conseller ofreció datos de Magaluf («30 multas por ofertas etílicas, cosificación de la mujer y party boats, además de 196 inspecciones turísticas que han acabado con 59 infracciones») y de Playa de Palma (21 actuaciones, incluidas las propuestas de cinco cierres cautelares), pero no de Sant Antoni: «Estamos satisfechos de que la norma dé resultados, es la primera vez que se cierran locales en Balears por esta cuestión y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se sigan cerrando locales que no cumplan con la normativa».

«No sólo el decreto»

«No creo que el turismo de excesos haya bajado respecto al año 2018 sólo gracias a esa ley», apuntó la presidenta de los hoteleros de las Pitiusas, Ana Gordillo, presente en ese acto, «raro» en su formato, según empresarios y políticos presentes, por hacerse en castellano, con el cónsul británico en segunda fila, con las autoridades baleares en primera fila y con escasa presencia de medios de ese país.

Gordillo considera que se está produciendo «un cambio» del turista británico que veranea en Sant Antoni, que ahora es «más cívico». Y en ese cambio tiene mucho que ver, a su juicio, que el sector turístico de esa población «lleva años apostando por el cambio de modelo». «No creo -afirma- que sea sólo por la ley, sino por el trabajo que hacen todos los empresarios. Todo suma». La hotelera también critica que desde el Govern se despreciara, a su entender, el turismo de sol y playa en esa presentación: «En eso queremos ser los mejores. No podemos ser lo que no somos».

Coincide con ella el presidente del Consell, Vicent Marí, que el lunes supo por adelantado esos datos de descenso del turismo de excesos por boca del cónsul Milen: «Es muy buena noticia. La calidad se está imponiendo sobre el turismo barato y el de borrachera», dijo, para añadir que si eso se ha logrado ha sido, principalmente, «gracias a la implicación del sector privado, sin el cual sería imposible». Su apuesta «por la calidad y la modernidad ha desplazado al turismo barato. Al final, los esfuerzos privados y públicos han surtido efecto».

No obstante, desde el Consell se advierte de que sólo se produjo este verano un hecho grave en Sant Antoni vinculado al turismo de excesos, y de que la Oficina ibicenca de Lucha contra la Intrusismo realizó 33 inspecciones específicas para velar por el cumplimiento del decreto, que se han traducido en 17 expedientes abiertos por diligencias previas y nueve expedientes con propuesta de traslado al Govern. El Consell, además, «no tiene constancia de ninguna inspección impulsada directamente por el Govern».

A juicio del presidente insular de Ibiza, «la ley debe ser disuasoria, pero qué mejor disuasión que no haya esa oferta de borrachera, que quede en un segundo plano y desaparezca». Vicent Marí cree que el precio debe constituir «una barrera natural para quienes vienen a abusar de la isla», y aplaudió a los empresarios de Sant Antoni por decidirse por un modelo que «es más rentable económica y socialmente».

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se pregunta por qué se comparan los datos con los de 2018 e insiste en que no sólo la ley influye en ese descenso: «También la apuesta por la calidad de los empresarios del municipio».

Además, subraya que este año no hubo ningún caso de balconing en Sant Antoni, «sólo un accidente».

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