Acaba de presentar los presupuestos para 2023 con casi 7.200 millones de euros, de los cuales 4.100 van destinados a políticas sociales: Salud, Educación, Asuntos Sociales y Vivienda. «En 2008 aprendimos que destrozar lo público perjudicaba a la economía y la salida de la crisis», afirma.
¿Son unos presupuestos electoralistas?
No, son fruto del trabajo de toda una legislatura. No se llega de casualidad, sino con una hoja de ruta muy clara que comenzó en 2015. Hemos trabajado mucho estos años para saber a qué queríamos dedicar los recursos y cómo obtenerlos. Es fruto de fondos extraordinarios como el Factor de Insularidad o la ecotasa. Lo que más me gusta es que, si haces una revisión del presupuesto, puedes ver que existe un proyecto de futuro consensuado y dialogado.
¿Cómo han sido las negociaciones con los socios?
Las relaciones dentro del Govern están muy rodadas. Cada conselleria sabía lo que quería y han hecho un trabajo previo importante. Sabíamos que el Instituto Balear de Energía era uno de los proyectos estrella por ejemplo. Hay una apuesta por reforzar lo público, sobre todo con la llegada de fondos europeos. Teníamos clarísimo que se debía hacer un esfuerzo especial para acompañar a las familias con el incremento de precios.
Desde el Govern repiten que se ha abordado esta crisis de forma muy diferente a la de 2008.
Ha habido un aprendizaje a nivel global de la importancia que tiene lo público para sostener a la población. Las instituciones europeas reaccionaron con la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y en España gobernaba la izquierda, que presionó en Europa. Aquí teníamos claro que no queríamos comprimir lo público, sino que asumiera su papel para llegar a todas las desigualdades y garantizar la cohesión social. En una situación tan grave como la pandemia, tener la salud y la educación reforzadas, además de unos servicios sociales potenciados, ha sido fundamental para sostener las rentas de las familias. Además de una maquinaria pública capaz de inyectar 855 millones de euros a las empresas en pocos meses. En 2008 aprendimos que destrozar lo público creaba desigualdades tan importantes que perjudicaban el funcionamiento de la economía y la salida de la crisis.
«El REB fiscal no se quitará cuando llegue 2028, sólo se revisará y evaluará el acuerdo» «No considero que las personas que pagan Patrimonio necesiten una bajada»
La oposición califica sus presupuestos de economía subvencionada.
Nadie habló de economía subvencionada cuando se ayudó y reactivó al tejido productivo con 855 millones de euros para que no tuviera que endeudarse tanto. La protección puedes hacerla de dos maneras: por la vía de los ingresos o por la del gasto. Esta última te permite focalizar mucho más las medidas que tomas y enfocar los recursos para que sean más equitativos. Nos decantamos por la vía del gasto porque tenemos una Administración capaz de hacer efectivas estas ayudas. Era la manera más efectiva de llegar a las familias: dar una solución a las personas que están en una situación adversa es beneficioso, no solo para la ciudadanía, sino también para la prosperidad de la economía.
Les pedían bajadas de impuestos, pero ustedes se decantaron por las deducciones fiscales y las ayudas.
Cuando la derecha habla de bajada de impuestos parece que los servicios públicos son gratuitos. Pretenden deslegitimar el sistema. Todos contribuyen en la medida de lo que tienen y reciben en función de lo que necesitan. Su discurso quiere deslegitimar el sistema tributario para que haya una reducción de los ingresos públicos y la gente no entienda la relación entre lo que recibe y lo que paga. Además del recorte de los servicios públicos y la disminución de la cohesión social. Por la vía del gasto tienes la capacidad de redistribuir de forma más igualitaria los recursos. El PP pide una bajada del Impuesto sobre el Patrimonio, y no considero que esas personas necesiten una disminución de lo que pagan a la hacienda pública, así como una deflactación del IRPF, que significaría que los que pagan más acabaran pagando menos. Sería una rebaja fiscal para las rentas altas. Esto va en contra de lo que dice la Unión Europea y de lo que hacen los organismos internacionales, que piden un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades. Todos hemos aprendido que, para tener una economía próspera, debe haber cohesión social. El sistema neoliberal en el que vivimos crea desigualdades que son intolerables y perjudiciales para el proyecto común.
La presidenta de la CAEB pide una bajada de impuestos porque la presión fiscal a las empresas es «muy alta». ¿Balears es un infierno fiscal?
Las islas no son un infierno fiscal. En las figuras de nuestra capacidad normativa no somos una Comunidad Autónoma que esté en el máximo, normalmente estamos en la media con bastante progresividad. Puede ser que ahora con la subida del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales sí lo estamos en los tramos más altos, pero tenemos unas circunstancias específicas en materia de vivienda. Muchas veces aquí se tiene en cuenta el IVA que se recauda en Balears, donde obviamente la recaudación es muy alta porque tenemos muchísimos turistas que gastan. Se aprovechan muy bien los ingresos para dar servicios públicos de calidad.
¿Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio es competencia desleal?
Llama mucho la atención que Andalucía, que es receptora nata de recursos, perdone a los más ricos el impuesto y luego reclamen casi mil millones al Gobierno por la sequía. Si significa o no un movimiento de capitales tendremos que mirarlo, pero todos debemos ser responsables a la hora de gestionar nuestro sistema tributario para luego estar legitimado para pedir un reparto más justo de los recursos. Este debate no favorece la cohesión social ni la prosperidad compartida.
¿Por qué el REB fiscal tiene fecha de caducidad?
Era lo que nos faltaba del Régimen Especial de Balears, una reivindicación histórica para tener un tratamiento específico en materia fiscal. Otorga incentivos fiscales como ocurre en Canarias, donde el PP ya ha criticado esta medida. No creo que nadie lo quite cuando llegue 2028, solo se revisará y se evaluará el acuerdo. Lo que se dice es que se evaluarán los efectos de este REB fiscal porque es importante conocer los efectos que tiene para el territorio. Es el mismo texto que salió del Consejo de Ministros en 2019 y que habíamos defendido todos. Entiendo las pegas porque ha sido un éxito político.
Aumentan de forma importante la partida para vivienda, pero el problema sigue siendo enorme. ¿No llegan tarde estos recursos?
Tenemos el foco puesto en el acceso a la vivienda: construcción de vivienda pública, ayudas al alquiler, regulación, ayudas para pagar la hipoteca o la tributación. Se trata de mejorar el acceso a la vivienda en una Comunidad Autónoma donde es difícil.
