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JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE CONSELLS

El presidente de Ibiza advierte de que la nueva Ley de Consells se queda coja sin más medios para aplicarla

Vicent Marí reivindica que las instituciones insulares puedan ejercer sus competencia "en igualdad de condiciones" que el Govern balear

El letrado del Consell Cristian Coll, a la izquierda, durante su intervención sobre el nuevo reglamento del Consell. | J. A. RIERA

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP, sostiene que la nueva ley de Consells aprobada el pasado mes de junio con el apoyo del grupo de los populares supone «un avance», pero advierte de que se queda coja sin «más recursos y medios» para su desarrollo. En el acto de apertura de la jornada sobre la nueva ley de Consells organizada por la propia Administración insular y el Institut d’Estudis Autonòmics del Govern balear en la sede de la institución ibicenca, Marí destacó ayer que hay que ser «más ambiciosos». «Si queremos más competencias y agilidad como establece la ley, también hay que disponer de medios adecuados y suficientes», recalcó. En definitiva, «si los consells han de funcionar como una administración autonómica, también han de tener los medios con los que ésta cuenta».

Lluís Segura y Cristian Coll, ayer, en el Consell. | J. A. RIERA

El problema estriba en que los consells tienen la doble condición de administración autonómica y municipal y mientras sea así, hasta que se modifique la ley estatal de Bases de Régimen Local y ésta recoja también el rango autonómico de las instituciones insulares, «los consells no podrán ejercer las competencias que le han sido transferidas en igualdad de condiciones que las que gestiona el Govern balear». Y esto no lo resuelve, ni puede hacerlo, como advirtió el presidente, la nueva ley de Consells. Por ello, reivindicó la modificación de la ley de Bases de Régimen Local. «Seguir funcionando como hasta ahora, con los mecanismos de un ayuntamiento, supone falta de agilidad y fluidez».

«Nos podemos hallar en la paradoja de que una competencia gestionada desde la proximidad [por el Consell] y que, por tanto, debería ser más ágil y eficaz, acabe siendo una dificultad por la falta de medios porque los consells no tienen la infraestructura adecuada para asumir según qué cambios», subrayó el presidente.

Por su parte, el conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, que también intervino en el acto de apertura de la jornada, hizo una lectura muy distinta de la del presidente. Aparte de destacar que esta ley «impulsa» el llamado «federalismo interior» que defiende el PSOE y que supone más «autogobierno para cada isla», el conseller destacó que, en aplicación de la ley de financiación de los consells, se ha doblado en los ocho años desde su aprobación la aportación económica del Govern a los consells insulares, lo que se traduce en una mayor autonomía.

En cuanto a la jornada, el catedrático en Derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco explicó las características fundamentales de la nueva ley, mientras que el director del Institut d’Estudis Autonòmics, Lluís Segura, abordó una de las cuestiones fundamentales de la nueva legislación: la regulación de la capacidad de los consells (ya existía pero ahora se profundiza en ello; es decir, se regula) para desarrollar mediante reglamentos las leyes autonómicas que afectan a competencias que son propias.

Regulación de los tránsfugas

La nueva ley también obliga a los consells insulares a aprobar un nuevo reglamento de organización y funcionamiento de cada institución insular, según explicó, en otra ponencia, el letrado del Consell Cristian Coll. Por ejemplo, el nuevo reglamento, tal como especifica la ley aprobada en junio, regula los derechos de los consellers tránsfugas (no adscritos, según la denominación oficial), los que son expulsados o se marchan de su partido y rehúsan a dejar el cargo y devolver el acta de conseller.

Ahora, la consellera tránsfuga Marta Díaz, ex del PSOE, mantiene su sueldo de 33.310 euros al año por una dedicación parcial, a pesar de que su anterior partido reclama insistentemente al presidente que se lo retire y se lo asigne a la consellera socialista Silvia Limones, por el hecho de que «no existe ninguna norma que limite los derechos económicos de los consellers no adscritos», según resolvió en febrero de 2020 el entonces secretario accidental en un informe.

La nueva ley de Consells especifica una serie de reglas sobre los tránsfugas que se deben incorporar en el futuro reglamento, como que no podrán obtener el reconocimiento de una dedicación exclusiva o parcial ni podrán participar en las juntas de portavoces. Marta Díaz ahora participa en reuniones de la junta de portavoces y tiene una dedicación parcial.

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