Juristas, particulares, empresarios y políticos se temían lo peor, pero la complejidad en la interpretación de la modificación del reglamento de 2014 de la Ley de Costas, su ambigüedad, impedía calibrar el daño real que puede provocar en las islas. Ahora se ha dado a conocer que afectará a entre 1.500 y 1.600 empresarios y particulares de Ibiza y a otro centenar de Formentera, que ven peligrar las concesiones y propiedades que explotan desde hace décadas.
Ante esta situación, y después de que el Ministerio rechazara las alegaciones que presentaron a principios de año, los dos consells pitiusos han puesto en marcha su maquinaria jurídica para tumbar esta reforma del texto normativo, elaborado, no hay que olvidarlo, para intentar paliar los importantes efectos que tendrá sobre el litoral el cambio climático.
Lo intentarán con sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo y tienen de plazo para hacerlo hasta el 2 de noviembre próximo. El Consell de Ibiza ya han encargado un dictamen jurídico para presentar un recurso con el mayor rigor. «Tanto los juristas de la casa como los contratados externamente elaborarán un recurso para ir contra este reglamento totalmente injusto», apuntó su presidente, Vicent Marí.
Mientras, el pleno del Consell de Formentera aprobó ayer en sesión plenaria y con la unanimidad de todos los grupos poner en marcha ya esta iniciativa legal (más información en la página 4).
La Ley del Cambio Climático
El Real Decreto publicado en el BOE deja claro que la reforma tiene como objetivo adecuar el reglamento de la Ley de Costas a la Ley del Cambio Climático. «(...) se hace prioritario progresar en la integración de las medidas que permitan anticipar su adaptación [del reglamento] desde la planificación y la gestión costera, necesarias para minimizar dichos impactos. Ese ha de ser el objetivo a perseguir por las normas que contengan el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre», se apunta en el texto normativo contra el que ahora luchan las administraciones y los empresarios y particulares pitiusos.
La reforma colisiona frontalmente con los intereses de los ibicencos, a juicio del presidente del Consell, quien, tras reunirse ayer con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas y la Cámara de Comercio, fue claro sobre la postura de la institución que dirige: «Es necesario luchar y llevar la voz de los ibicencos para que el Tribunal Supremo tumbe este reglamento de Costas o que el Gobierno que salga de las próximas elecciones lo elimine, porque es perjudicial para los ibicencos».
«Todos están afectados
Preguntado por los periodistas por el número de perjudicados en la isla, apuntó: «Todos están afectados. Cualquier actividad que haya en la costa está afectada y se rompe el modelo tradicional del chiringuito, de las explotaciones que conocemos todos, favoreciendo un modelo más especulativo».
Sobre este particular, Marí añadió que la reforma del reglamento facilita «una dinámica de que quien más paga más derechos tendrá, cuando realmente hay muchas familias humildes que durante décadas han preservado estos lugares, han hecho importante el modelo que tenemos en Ibiza y, por lo tanto, creo que hay que levantar la voz ante esta gran injusticia que se está generando».
El presidente considera que el modelo de deslinde actual «ha funcionado» y que «en todo caso» se puede «reformar, regular». «Hay que establecer medidas de equilibrio, pero en ningún caso usurpar los derechos de todas estas personas que los perderán injustamente para explotar sus negocios debido a este reglamento», arguyó.
Ahora el objetivo es, apuntó, «reformular los artículos que se desmarcan del antiguo reglamento y que, de una manera arbitraria e injusta, confiscan estos negocios, estas explotaciones que hay en nuestro litoral. Se trata de eliminar las subjetividades y arbitrariedades que permite este reglamento», subrayó el presidente ibicenco.
«Más incertidumbre» que antes
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Aixa Torres, indicó que con este nuevo reglamento, «bajo nuestro punto de vista se genera inseguridad jurídica y un plano de incertidumbre todavía más grande del que ya teníamos. Necesitamos que alguien arroje algo de luz, que nos dé algo de soporte porque esto nos queda un poco grande».
Torres explicó que la presentación del contencioso por parte del Consell es «un empujón bastante grande» porque para ellos, esta vía judicial «iba a resultar un poco más costosa».
Recordó además que llevan «años» intentando dialogar con Costas, pero que es un «proceso muy lento, que se enquista y en el que no recibimos respuestas» «Queremos que haya un poco más de claridad», reclamó.
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep rechazó ayer, con los votos del equipo de gobierno, Unidas Podemos y Ara Ibiza, una moción presentada por el PP para instar al Gobierno a modificar este nuevo reglamento con el objetivo de eliminar las «arbitrariedades» que contiene.
Aixa Torres: «Estamos absolutamente a favor de preservar el medio ambiente»
La presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas advirtió de que la reforma del reglamento afecta «a toda la costa», pero con una incidencia más particular en los «tramos urbanos» del litoral, donde el deslinde «se acorta todavía mucho más». «En Ibiza casi todo lo que es costa es urbano», advirtió. Aixa Torres pidió «más definición y pormenorizar cada caso» porque «incluso Ibiza y Formentera tienen particularidades diferentes». Como ejemplo, detalló la conversación que mantuvo con el portavoz de los afectados en Cantabria: «Tú hablas de chiringos y playas, de concesiones y autorizaciones, pero yo hablo de ‘vaques’, de ganaderías, me dijo». Al final, apuntó, la afectación de esta reforma es «muy amplia» y «diferente en cada zona». Torres aprovechó para «dejar claro» que «están absolutamente a favor de preservar el medio ambiente».
