El pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado hoy de forma inicial, con la abstención de los grupos de la oposición, la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en la que se contempla una rebaja del tipo impositivo para inmuebles urbanos del 0,74 al 0,70, lo que supone una bajada del 5,4%.

La concejala de Economía y Hacienda, Eva Prats, ha explicado que esta rebaja se hará efectiva a partir del año 2023 y que es el segundo año que se aplica una reducción del gravamen, lo que implica un descenso del 10,25% en dos años.

El pleno también ha aprobado la bonificación del 50% del IBI, del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los bienes inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. En el caso del IBI y del IAE se aplicará la bonificación durante los tres años siguientes a la instalación con el límite anual de 600 euros.

En la sesión plenaria también se ha aprobado, con la abstención de la oposición, la segunda fase de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Sant Antoni, que incluye la revisión de 36 puestos y la creación de 11. En 2020 se aprobó la primera fase en la que se revisaron 24 puestos y se crearon 8, por lo que en dos años se ha conseguido la revisión, actualización y creación del 100% de los puestos existentes en el Consistorio. Esta revisión, consensuada y aprobada por unanimidad por la junta de personal y el comité de empresa, supone una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

La necesidad de esta modificación se ha llevado a cabo debido a que la RPT vigente se aprobó en 2004 y, aunque se han efectuado modificaciones puntuales, requería adaptar las retribuciones con las funciones y responsabilidades que desempeñan.

Por otra parte, también se ha aprobado por unanimidad el primer Plan de prevención frente a incendios forestales del municipio, que tiene una vigencia de 10 años y prevé las actuaciones necesarias para minimizar el riesgo potencial de los incendios. La concejala de Medio Ambiente, Neus Mateu, ha detallado que el plan está cuantificado en 1.325.864,83 euros, de los cuales se ejecutarán 500.000 euros en el primer año. Tras su aprobación en el pleno, se dará traslado a la Dirección General de Emergencias del Govern balear y empezará la exposición pública con el objetivo de que pueda estar operativo a partir de 2023.

Además, el pleno ha acordado, con los votos en contra de PSOE-Reinicia y Unidas Podemos, instar al Gobierno central a modificar la redacción del Reglamento de la Ley de Costas eliminando los cambios producidos que aumentan la arbitrariedad de las delimitaciones y los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público. Además, instan a iniciar un proceso de reforma que permita mejorar la conciliación entre la protección y los derechos consolidados de los ocupantes.

Por último, se ha acordado por unanimidad la elaboración de una norma reguladora de los presupuestos participativos y la creación de la figura del defensor del ciudadano en el Ayuntamiento, así como una declaración institucional para adherirse a la conmemoración del 31 de octubre, día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.