Crece la incertidumbre de los afectados de Formentera por la Ley de Costas y su reglamento

Los propietarios afectados señalan que el nuevo decreto les obliga a ser concesionarios de sus casas | También se reduce el tiempo de la concesión administrativa y los negocios no pueden cambiar de usos

Vista de la playa de Migjorn en invierno, una de las zonas más afectadas por el deslinde de Costas. | C.C.

Vista de la playa de Migjorn en invierno, una de las zonas más afectadas por el deslinde de Costas. | C.C. / Carmelo Convalia. Formentera

Carmelo Convalia

Carmelo Convalia

Los afectados por La Ley de Costas en Formentera vuelven otra vez a la incertidumbre, una sensación a la que ya están acostumbrados desde la aprobación de este texto legal en 1988 que marcó un antes y un después en la gestión del litoral español y que vivieron los padres de los actuales propietarios de negocios.

Vicent Tur y María José Mayans, representantes de la plataforma de afectados. | C.C.

Vicent Tur y María José Mayans, representantes de la plataforma de afectados. | C.C. / Carmelo Convalia. Formentera

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de agosto el decreto que modifica el Reglamento anterior, que data de 2014 y en el que se introdujeron ciertas mejoras a favor de los afectados. Pero que finalmente no se cumplieron por una sentencia del Tribunal Constitucional que no admitió la excepción de Formentera que planteaba esa norma de rango nacional.

Esta modificación sigue afectando a un centenar de familias que emprendieron su particular lucha para evitar que sus propiedades, levantadas de forma legal, pasaran a manos del Estado si estaban dentro de la zona de uso y dominio público marítimo terrestre que marcó esa normativa.

Ahora, el colectivo afectado, muchos de ellos empresarios propietarios de negocios ubicados en la zona de Migjorn, pero también en otras zonas del litoral, vuelve a ver cómo los cambios que se contemplan en el Real Decreto 668/2022, del 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, dan una vuelta de tuerca a la pérdida de sus derechos como titulares de bienes inmuebles afectados por la citada normativa.

Los vecinos afectados

Vicent Tur y María José Mayans explicaron que, tras consultar a sus abogados, lo primero que han detectado es que el nuevo reglamento modifica sustancialmente las condiciones de ocupación de la zona pública, que se remiten a antes de 2014.

Aseguran que «ya no se tienen en cuenta los núcleos urbanos, en donde se vuelve a fijar [el registro en tierra de] la mayor ola conocida de la historia de cada zona para marcar el dominio público litoral, lo que afectaría a es Pujols, es Caló y Migjorn porque las olas suben y ya solo con ese criterio se tendría que volver a hacer un deslinde nuevo [el vigente es de 1993]», advirtió Mayans.

Los vecinos reclaman la implicación de las administraciones para evitar la pérdida de derechos sobre sus propiedades

Otro aspecto que cambia es que «las concesiones a los titulares de edificios afectados se vuelven a reducir a 30 años, cuando con el reglamento de 2014 eran 75 años». Los cambios también afectan a que los establecimientos «no pueden cambiar el uso que tienen, si es un restaurante queda como tal», precisó Vicent Tur.

La portavoz del colectivo dejó claro: «A nosotros nos interesa sobre todo la protección [del litoral], pero lo que vemos es que lo que se modifica y amplía afecta a empresas que no son de aquí, seamos realistas. Y esto nos afecta a todos».

Otra modificación implica que el silencio administrativo es a partir de ahora negativo: «Eso dificulta las labores de mantenimiento de los edificios, desde una simple pintura exterior, ya que estás esperando una respuesta que no sabes si te va a llegar o no», puntualizó.

María José Cardona avanzó además que algunos particulares ya plantean la vía judicial y que desde la asociación, «estamos estudiando, dentro de nuestras posibilidades, la interposición de recurso contencioso contra el reglamento, pero consideramos que tanto el Govern balear como el Consell de Formentera tendrían que plantearse esta opción, como ya han hecho otras comunidades autónomas».

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents