Los expertos consideran que la moratoria de plazas turísticas que incluye la Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, conocida como ley turística, supone «una barrera que cierra el mercado», lo que «repercute en la subida de precios». Es una de las conclusiones extraídas ayer durante la primera jornada del VIII Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, celebrada en el Centro Cultural de Jesús.
Según explicó en su intervención el catedrático en Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia Francisco González, esta medida impide la aparición de competidores, lo que deriva en la protección de los operadores ya establecidos en los diferentes mercados a los que proporciona un monopolio. Esta situación incrementa los precios del mercado al mismo tiempo que, a su juicio, reduce el bienestar de los consumidores en términos de variedad y calidad de la oferta. González también destacó el efecto inflacionario que tiene la medida, así como la reducción de diversidad y estímulos que supone a la hora de mejorar la calidad y la competitividad de la oferta existente.
«La moratoria defrauda la confianza legítima ofrecida a los inversores y desincentiva acometer las reformas necesarias para incrementar la calidad de los servicios. De ahí que haya un incremento de la economía sumergida porque este tipo de medidas incrementan los comportamientos estratégicos de costo de oportunidad», subrayó González. Y fue más allá, ya que aseguró que esta medida no está justificada en ninguna de las 16 páginas en las que se exponen los motivos por los que ha sido necesario llevar a cabo una moratoria.
«La Ley dice que es la Administración la que determinará la capacidad de carga turística, pero esto ni es necesario ni es proporcionado ni era urgente. Al leer la exposición de motivos se justifica poco el interés general por el que se adopta la norma. También se habla de la protección del medio ambiente, pero no se argumenta por qué hay que hacer una moratoria», indicó.
Cuatro moratorias en 25 años
Asimismo, González señaló que el coste que supone, en términos de pérdida de bienestar económico, restringir la competencia no es positivo. «Fijar desde las administraciones públicas la cantidad y las localizaciones de las actividades económicas es un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía», reiteró.
Por ello, el experto consideró que, para adoptar medidas de este calado, es imprescindible disponer de informes de impacto normativo. «Es necesario que el Govern balear tenga una autoridad de Defensa de la Competencia. Es importante para que la Administración tenga en cuenta la repercusión de sus normas en el mercado», especificó.
Por su parte, el subdirector adjunto de Análisis Económico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Miguel Higuera, hizo hincapié en el impacto económico que tiene una moratoria de plazas en el sector turístico. «En el caso de Balears, se puede hablar de abuso de esta medida ya que ha habido cuatro moratorias en los últimos 25 años (1997-2003, 2005-2009, 2016-2017 y la de ahora)», recordó.
En este sentido, se apoyó en un gráfico en el que se podía observar cuál ha sido el impacto de las moratorias. En el caso de las dos primeras se observa cómo poco después de entrar en vigor, los precios de las plazas turísticas están por encima de la media nacional, mientras que cuando no hay moratorias el precio es inferior. «También hay efectos sobre la inversión y el empleo. Al evitar la entrada de competidores hay menos innovación. Esto, además, perjudica al mercado tradicional porque, al tener menos competencia, tienen menos incentivos para mejorar su calidad», concluyó Higuera.
Hoy se celebra la segunda y última jornada del Congreso organizado por la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (AVAT) y la Pequeña y la Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) con la colaboración del Consell y del Ayuntamiento de Santa Eulària.
