La celebración de fiestas ilegales sigue estando en el punto de mira, más aún desde que el Govern balear modificara la normativa para permitir sancionar a todas las partes implicadas en este tipo de eventos, desde participantes hasta proveedores, organizadores y propietarios de las viviendas, siempre y cuando se demuestre que se trata de una actividad lucrativa.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales, Roberto San Esteban, aseguró ayer, en el marco de la celebración de la octava edición de su congreso, que «el sector ha sido siempre tachado por el gremio del ocio y de los hoteleros como el responsable de fomentar actividades ilegales». Sin embargo, el Major de la Policía Local de Palma, Miguel Quetglas, matizó que desde 2019 (antes de la pandemia) el número de este tipo de eventos «ha bajado bastante».
Fue el director insular de la Administración del Estado, Enrique Sánchez, quien recordó que «las fiestas ilegales han existido siempre y hay que dimensionarlas porque van a seguir existiendo, pero su magnitud no es tan importante». «Es un problema al que tenemos que dar solución, pero no es el mayor problema que tenemos», añadió.
En esta línea, Sánchez explicó que la normativa balear permite sancionar a aquellas fiestas que cobran entrada o bebidas, por ejemplo, pero no a otro tipo de eventos que, a pesar de no obtener beneficio económico directo, se lucran de la actividad. A modo de ejemplo contó un caso reciente de este mismo verano. «Una persona que se identificaba como miembro de una firma de lujo quería hacer una subasta de sus productos en una vivienda vacacional y quería que se autorizara seguridad privada. En ningún momento identificó el sitio cuando se le requirió información para poder tramitar la autorización. Ahí se dio cuenta de que era un evento ilegal y dejó de pedirlo. Este caso no hace ruido y no se persigue, pero también es ilegal. Ambas son irregularidades administrativas y las que se cobran son las que menos casos registran», subrayó Sánchez.
Por eso, para poder actuar y acreditar que en el interior de una casa se celebra una actividad con ánimo de lucro, el Consell de Ibiza ha contratado a detectives privados. «Ellos pagan la entrada y ya forman parte de esa actividad, algo que para la policía es más difícil porque no pueden acceder al interior», indicó la directora insular de Intrusismo, Naihara Cardona.
¿Y qué pasa cuando se demuestra que la fiesta es ilegal? Que se puede denunciar y ahí son varias las partes implicadas, incluso el propietario de la vivienda. Aun así, no como responsable directo. «Hay una responsabilidad de los dueños porque, en muchas ocasiones, actúan a la par del que hace la fiesta y, en otras, necesitamos que nos dé información. Se hace un requerimiento previo y, si no participa y vemos que no hay colaboración, se determina que es responsable, pero indirecto. Quien no esté metido en el ajo puede presentar alegaciones», especificó Cardona.
Propietarios afectados
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Miguel Ángel Sotillos, lamentó que «la Ley es la que es y los propietarios estamos atados de pies y manos». «A veces se alquilan viviendas que no son para ocio, pero nosotros no podemos controlar qué se va a hacer en esa casa», indicó.
Asimismo, Sotillos incidió en que, además de fiestas ilegales, hay turistas que sin sacar beneficio hacen fiestas que molestan al vecindario e incumplen el contrato de arrendamiento vacacional, donde se les deja claro que en determinadas horas está prohibida la música. «Nosotros no podemos actuar y a los políticos llevamos tiempo pidiéndoles un desahucio turístico con el que podríamos echar a los clientes incumplidores y, a su vez, lanzaríamos un mensaje de que nadie es impune ante este tipo de situaciones», sostuvo.
Y es que, a su parecer, se pasa por alto el derecho al descanso de los vecinos. «Si dividimos el número de problemas entre las pernoctaciones, es mínimo, pero para quien lo sufre es un mundo. Por eso necesitamos herramientas que nos permitan echar a los que infringen las normas, llevamos años pidiéndolo, pero nadie se atreve a recoger el guante e implementarlo», añadió.
De hecho, una de las asistentes al congreso intervino en el turno de preguntas como propietaria de una vivienda vacacional regularizada afectada por el comportamiento de una pareja mayor de inquilinos. «Han hecho fiestas con 60 personas sin ánimo de lucro, pero han fastidiado a todos los vecinos, aunque la casa esté en el campo. Y no puedo echar a esos clientes que han cometido una infracción, a pesar de que en el contrato ponía que no podían hacerlo», lamentó la mujer. «Esto depende de las ordenanzas municipales porque no es una fiesta considerada como ilegal», recordó Sánchez.
