El Ayuntamiento de Santa Eulària ha hecho caso omiso a las quejas sobre su censo canino mediante ADN que la delegación de Baleares de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) hizo públicas ayer y pondrá en marcha la normativa este mes de octubre. Según el Consistorio esta asociación "que representa a unos 50 empresarios de Baleares" no ha presentado ninguna alegación en tiempo y forma en relación a esta nueva ordenanza. De hecho, según el Consistorio, "ni la ordenanza -en su fase previa de consultas y en el periodo de alegaciones- ni el contrato de servicio para la realización del censo municipal, análisis y extracción de ADN han recibido alegaciones".
Antes de ser aprobada la nueva normativa se informó, aseguran, en la Mesa de Bienestar animal a todos los organismos implicados. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, ha "invitado" a los veterinarios del municipio a sumarse a esta iniciativa "pionera en Baleares", aunque ha detallado que "el contrato de servicio garantiza la toma, custodia y el análisis de las muestras de manera independiente".
"El 100% de los recursos presentados en todos los municipios contra las sanciones interpuestas a los propietarios de los perros identificados tras la toma de muestras han sido desestimados", aseguran desde el Ayuntamiento, en relación a las quejas de CEVE Baleares.
Desde el consistorio han explicado que se pondrá en marcha próximamente una campaña informativa para concienciar a los propietarios de los beneficios de esta medida, que es "indolora para el animal", aseguran.
El coste de la toma de la muestra es de 37,50 euros detallan desde el Ayuntamiento. Sin embargo, hasta el próximo 31 de enero el Consistorio bonificará el primer animal al 50% y en el caso del segundo perro y siguientes será "completamente gratis" siempre que se demuestre la misma titularidad. En concreto, el Ayuntamiento espera bonificar la muestra de más de 2.000 animales, la mitad aproximadamente de la cabaña total que ronda los 4.000 ejemplares según los datos municipales.
La concejala Mónica Madrid ha calificado esta nueva ordenanza municipal de "un paso más" en las campañas de sensibilización y prevención “para conseguir el municipio que todos queremos”. “Llevamos décadas invirtiendo mucho dinero en sensibilización y limpieza de las calles (estimados en 250.000 euros anuales o en limpieza de orines y excrementos), pero es realmente frustrante ver cómo a los pocos minutos de limpiar una calle ya aparecen heces de perros. Es realmente injusto para todos los propietarios que cuidan bien a sus mascotas, que son la gran mayoría, pero también para el resto de ciudadanos, que no pueden disfrutar de sus calles limpias”, ha añadido Madrid.
La nueva normativa no tiene como objetivo principal multar
“El registro genético tiene múltiples aplicaciones, no únicamente el de perseguir a los infractores y poder sancionar a las personas que no recogen los excrementos de sus animales o que, directamente, los dejan sueltos en la vía pública. Esta información nos permite identificar a las camadas abandonadas, a los perros robados o extraviados o, incluso, saber con muestras de saliva qué perro ha atacado a un rebaño de ovejas o gallinas, algo que desgraciadamente hemos sufrido en varias ocasiones los últimos días”, ha detallado Madrid en relación a los objetivos de la nueva norma, que asegura no tiene multar como el principal.
Según el Consistorio el ADN canino está implantado en más de cincuenta municipios de todo el país y algunos, añaden, han comprobado cómo ha mejorado la limpieza de sus calles y han servido de ejemplo para que otros municipios colindantes a los pioneros se sumasen a este sistema.
