La junta directiva de la empresa Marina de Formentera que ocupa las instalaciones de la dársena de poniente del puerto de la Savina comunicó esta semana a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que las devuelve tras pasar esta temporada turística ocupándolas sin permiso. Esta decisión fue tomada por los accionistas de esta compañía el pasado 23 de septiembre.
El presidente de la citada empresa, Ángel Bustos, manifestó: «Hemos decidido devolver la dársena a la Autoridad Portuaria porque entendemos que lo más importante es que, en estos momentos, los usuarios necesitan saber qué les va a pasar el año que viene y no puedo perjudicar los intereses de personas que han sido nuestros clientes».
Precisó que el pasado miércoles remitieron una carta oficial a la APB en la que comunicaban esta decisión. Una propuesta que ha tenido una respuesta rápida por parte de la APB ya que está previsto que el próximo 4 de octubre se realice la firma de la entrega de las instalaciones que la propia Marina de Formentera se negó a realizar en mayo de este mismo año.
Meses antes la APB resolvió la autorización temporal por dos años, prorrogables uno más, a la empresa Port Med Formentera (PMF), del grupo de empresas de Nicolás Mayol, que ganó el concurso con una propuesta económica desorbitada que llega a cuadriplicar los actuales precios tanto de ocupación del espejo de las aguas como de las instalaciones en tierra en las conviven, desde hace años, numerosas empresas complementarias a la actividad náutica que con el cambio ven en peligro la continuidad de sus negocios.
Al mismo tiempo, Ángel Bustos recordó que la empresa que preside mantiene un recurso contencioso administrativo presentado contra la APB, en mayo de este año, por haberles denegado previamente la prórroga de la concesión que tenían al demostrar las inversiones económicas realizadas por su empresa en los últimos años y que según sus argumentos les daría derecho a mantener la antigua concesión, ya agotada, unos años más.
Por ese motivo se negaron a formar el acta de entrega de las instalaciones e iniciaron la vía judicial para defender sus intereses como empresa.
Trabajadores y empresarios
El presidente de la compañía señaló que la decisión de su compañía se basa en que «la gente tiene que saber qué va a pasar el año que viene y no puedo dar la respuesta por lo que no puedo perjudicar a empresas que han sido nuestros clientes».
Ante esta situación y al margen de la subrogación de personal que está obligada a hacer la nueva empresa concesionaria, Bustos recordó: « Las actuales empresas en tierra y los armadores con base en la dársena tienen derecho preferente a la hora de seguir, siempre y cuando les convengan los precios que ha anunciado la nueva concesionaria».
