Sant Antoni obligará a los bares a conectar su limitador de música con el Consistorio

El Ayuntamiento de Sant Antoni es un polvorín, políticamente hablando, desde hace tiempo, pero el riesgo de que estalle aumenta a medida que se aproximan las próximas elecciones locales. El PI, socio de gobierno de PP y Ciudadanos, presenta mociones por su cuenta sin consensuar y, por su parte, PP y Ciudadanos hacen lo mismo sin contar con El PI. Y mientras, paradójicamente, PSOE-Reinicia se desmarca de un acuerdo previo con Unidas Podemos y salva la cabeza al PP, El PI aprovecha otra vez el apoyo de los grupos de la oposición para imponer un acuerdo a sus aliados con los que comparte la tarea de gobierno.

En concreto, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de El PI, forzó ayer en el pleno con el apoyo de PSOE-Reinicia y Unidas Podemos, y pese a la negativa de PP y Ciudadanos, a que el Ayuntamiento tramite una modificación de la ordenanza de ruidos y vibraciones para que los establecimientos con actividad musical como salas de fiestas, salas de baile, discotecas, cafés concierto, bares musicales, clubes de playa y similares tengan la obligación de que sus limitadores de música transmitan los registros sonométricos por vía telemática a los servicios municipales o a las empresas acreditadas a tal efecto.

Precintan los equipos de música de cinco locales de Sant Antoni

Con esta medida, se pretende controlar desde la oficina que todos los locales cumplen la ordenanza de ruidos, lo cual, además, permitirá actuar con «más inmediatez», según la propuesta aprobada. De hecho, Torres justificó la necesidad de mejorar el control de los ruidos por las quejas de vecinos y por el tiempo que se tarda en tramitar las sanciones, lo que provoca que «las molestias se prolonguen excesivamente».

El ejemplo del País Vasco

Además, el primer teniente de alcalde destacó que, cuando la Policía Local inspecciona bares por exceso de ruido, en «la mayoría» de los casos, se comprueba que los limitadores de música han sido «manipulados, trucados».

Torres también dijo que no inventa nada y que «todos los ayuntamientos del País Vasco y el de Barcelona» cuentan con este sistema de control directo del ruido.

Sin embargo, el alcalde, Marcos Serra, y la concejala de Gobernación, Neus Mateu, del PP, expresaron infructuosamente su negativa a esta medida. Mateu argumentó la cuestión económica. «Hay diversos aspectos muy costosos que afectarían a una cantidad de establecimientos pequeños, y creemos que no es momento», dijo la edil de Gobernación, que recordó que la ordenanza ya prevé la posibilidad de obligar a los locales que no cumplan a que instalen el mecanismo necesario para que el Ayuntamiento pueda controlar por vía telemática el exceso de decibelios.

«Hacemos pagar a justos por pecadores. Obliguemos a los que más incumplen, pero no metamos a todos en el mismo saco», defendió, por su parte, el alcalde, que insistió en que la propuesta aprobada «no es la panacea» porque la Policía tendrá que acudir igualmente a los establecimientos a hacer sonometrías porque se pueden «puentear altavoces» o para comprobar si las puertas están abiertas. También dijo que le preocupaba que «cualquier bar, después del covid y un invierno que se presenta duro, tengan que hacer una inversión inicial y mensual [por la cuota de Internet y del sistema]».

Por su parte, Torres respondió que el coste de instalar un módem para enviar los datos de los decibelios registrados al Ayuntamiento se sitúa entre 250 y 300 euros. «Es una inversión mínima», resaltó, mientras que el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento destine «el dinero que tiene en el banco» a sacar «una línea de ayuda para los bares pequeños».

El alcalde asume el resultado de la votación y respetará el acuerdo

El alcalde, Marcos Serra, asume el resultado de la votación de la propuesta de El PI y lo acatará; es decir, tramitará la correspondiente modificación de la ordenanza para darle cumplimiento. Hay que tener en cuenta que Serra no aceptó la propuesta también de El PI, aprobada en mayo con el voto en contra del PP y Cs, que impediría pintar el pavimento de la calle principal del West End con una obra del artista Okuda. Serra ha optado por seguir adelante con este proyecto al entender que el pleno no es competente para bloquearlo. En el caso de la propuesta de los limitadores de ruido, tal como explicó una portavoz municipal, el alcalde la «asume» porque lo que se pide es «una modificación de la ordenanza».

En todo caso, Serra se resistió a que saliera adelante con el argumento de que su gobierno «siempre está del lado del descanso de los vecinos» y que prueba de ello es el hecho de que «en este mandato se han puesto más precintos que nunca». La concejala de Gobernación, Neus Mateu, concretó que este verano se han puesto seis precintos y que, en total, en este mandato se han abierto ocho expedientes, cuatro de los cuales se han saldado con un cierre temporal.

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