Más de medio centenar de obras públicas no se han puesto en marcha durante este año al no querer ejecutarlas ninguna constructora debido a que el presupuesto con el que salían a licitación no cubría los costes, según se ha denunciado desde la patronal del sector. Esta situación, según se subraya, no tiene precedentes y deja a las empresas del sector en una situación de enorme vulnerabilidad. La mayor parte de estos proyectos corresponden a actuaciones de ayuntamientos.
La asociación balear de constructores afirma que desde el 1 de enero y hasta la fecha de hoy hay 57 obras que han quedado desiertas, sin que ninguna empresa se presente para ejecutarlas, con un presupuesto global de más de 58 millones de euros. La causa, según se explica, es que el precio asignado a estas actuaciones no se ha revisado para compensar el encarecimiento de los materiales, lo que provocado que su ejecución no resulte rentable.
De estas 57 licitaciones, 29 corresponden a ayuntamientos, ocho son del IBISEC encargado de las infraestructuras de Educación, cinco corresponden al instituto balear de la vivienda (IBAVI), tres son del Consell de Mallorca, dos de la Universitat balear, dos de la empresa ferroviaria SFM, dos de aeropuertos (AENA), y una del Consell de Menorca, de ABAQUA, de Mutua Universal-Mugenat, del ministerio de Cultura y de la Administración general del Estado.
Obras en Ibiza
En Ibiza, las obras sin ejecutar son cinco y su valor total asciende a 6.053.809 euros. Se trata de la Casa de la Música proyectada por el Ayuntamiento de Ibiza por 5.355.903,73 de euros; las obras del IBISEC de tres centros escolares de la isla: la sustitución persianas y cambio de carpinterías exteriores del CEIP Sant Jordi, Sant Josep, por 242.053,34 euros; la reforma de baños del IES Sa Blanca Dona, en Vila por 219.464,06 euros; y la reparación del cierre del IES Algarb, en Sant Josep, por 1.109.934,54 euros. Y finalmente, unas obras de Aena de actuaciones en área de movimiento, por valor de 132.123, 06 euros.
Se hace una mención especial del IBAVI, organismo del que se reconoce que está atendiendo de forma positiva las reclamaciones para que revise sus precios.
La presidenta de la citada patronal, Fanny Alba, ha señalado que “somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas. Al final, con las obras desiertas salimos perjudicados todos, los ciudadanos en primer lugar”.
Desde esta asociación se recuerda que las obras se han encarecido más de un 30% en las islas, pese a lo cual la inmensa mayoría de los proyectos públicos del archipiélago se ven excluidos del decreto estatal de revisión de precios, y todavía no pueden acogerse al autonómico al no haberse publicado todavía sus parámetros y metodología.
Un aspecto que se pone de relieve es que esta paralización de proyectos va a tener su correspondiente impacto sobre el empleo del sector.
