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Canarias sí ha corregido la anomalía electoral que perjudica a Ibiza

Ha reformado su sistema electoral para dar un escaño más a Fuerteventura y solucionar el hecho de que La Palma tuviera un representante más pese a tener 31.412 habitantes menos

El Parlament durante el último discurso de investidura de la presidenta Armengol. | CAIB

Desde el año 2015 cuando Gent per Eivissa trató de dar un golpe de efecto a la campaña electoral con la presentación de un recurso contra la convocatoria de los comicios locales por la anomalía que sufre Ibiza al contar con un diputado menos en el Parlament que Menorca pese a que tiene casi un 60% más de población, no se ha vuelto a abrir este debate ni se ha expresado la mínima voluntad de los partidos con representación en la cámara balear para corregirlo.

A las puertas de las pasadas elecciones, en octubre de 2018, el entonces presidente del Consell de Ibiza, el socialista Vicent Torres, decía que se habían hecho «algunas gestiones» que no habían fructificado. «De momento no toca. Seguramente en la próxima legislatura abriremos este debate», indicaba en Torres. Sin embargo, a cinco meses aproximadamente de la convocatoria de las nuevas elecciones autonómicas todo sigue igual.

Es más, en este mandato se ha reformado el Estatut d’Autonomia de Balears para eliminar la condición de aforado de los diputados del Parlament y los miembros del Govern y no se ha aprovechado para corregir la desigualdad electoral que afecta a Ibiza. Precisamente, en 2018, el parlamento del archipiélago canario sí modificó su estatuto de autonomía para modificar su legislación electoral (el año pasado, además, se aprobó la reforma de la ley) para corregir un problema idéntico al de Ibiza, entre otras cuestiones.

En concreto, los legisladores canarios decidieron asignar un escaño más a la circunscripción de Fuerteventura, que, tras un aumento exponencial de su población en las últimas décadas, elegía a siete representantes, uno menos que la isla de La Palma, con menor población. Según los datos del censo de 1 de enero de 2018, Fuerteventura contaba con una población de 113.275 habitantes por 81.863 de La Palma; es decir, una diferencia de algo más de 31.000 residentes, muy por debajo, además, de la distancia actual entre Ibiza y Menorca, que se aproxima a las 56.000 personas: 151.820 por 95.936 habitantes en cada isla, respectivamente.

La cláusula canaria

Para evitar que se repita esta situación injusta, en el caso canario se introdujo en su estatuto de autonomía una cláusula que especificaba que ninguna circunscripción insular puede tener una cifra de diputados menor que cualquier otra isla con una menor población de derecho, según explicó el sábado en la sede del Consell de Ibiza el profesor de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Fernández, que ha estudiado en profundidad tanto el caso canario como el balear. Este especialista, cuyo trabajo de investigación gira en torno a los sistemas electorales y sus reformas, la legislación electoral y el sistema de partidos, se suma a la teoría del «referente» del Derecho Constitucional de la UIB, Joan Oliver, de que el sistema electoral balear es «inconstitucional» sólo por el acusado desajuste en el reparto de escaños entre Ibiza y Menorca.

Carlos Fernández, en primer plano, y Miguel Carranza, durante la conferencia del sábado en el Consell de Ibiza. Vicent Mari

El Tribunal Constitucional dictó un auto en 2008 el que abría la puerta a declarar inconstitucional el sistema electoral balear al concluir que se vulnera el principio de igualdad del voto cuando la diferencia de población es «manifiesta» (de dimensiones considerables), «arbitraria» (sin una justificación) y se prolongue en el tiempo sin que el legislador lo solucione. Los tres supuestos se dan en el caso de Ibiza, destacó Fernández, que recordó, además, que en Balears se han acometido hasta tres reformas de la ley electoral (1986, 1995 y 2002) sin corregir la diferencia de escaños entre Ibiza y Menorca pese al crecimiento constante en todo este período de la diferencia de población.

A l margen de la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional, Fernández propone diversas alternativas para corregir este problema. Una de ellas, como en el caso de Canarias, mediante la reforma del Estatut d’Autonomia de Balears, aunque reconoce que «no es fácil» porque se precisa del acuerdo de al menos las dos terceras partes de la cámara balear, compuesta por 59 diputados (33 de Mallorca, 13 de Menorca, 12 de Ibiza y 1 de Formentera).

Debate que genera «polémica»

Fernández reconoce que aumentar el número de diputados es una cuestión «polémica» y a los partidos les «cuesta asumir el coste que supone exponer a la opinión pública el aumento del número de políticos». «No es popular, aunque desde un punto de vista técnico en el caso de Balears está técnicamente justificado», argumenta, en referencia a que, primero, se debe corregir, por «salud democrática» la anomalía electoral de Ibiza y, segundo, si se compara con otras comunidades autónomas con la misma población, el número de escaños del Parlament balear es inferior.

En la reforma electoral de Canarias se ha ampliado el número de escaños de su parlamento de 60 a 70. Con ello, se ha corregido la diferencia de representación injusta entre Fuerteventura y La Palma, sumando uno más a la primera circunscripción. Pero además, se han añadido nueve diputados más de las dos grandes islas (Gran Canaria y Tenerife) para romper con la paridad existente entre estas y el conjunto de las islas menores, que era de 30-30. Esto suponía que el 17% de la población de la comunidad (la de las islas menores) tenía el mismo poder de decisión que el 83% restante. Sin embargo, la novedad radica en que los nueve nuevos diputados no se escogen en las dos grandes islas, sino en todas. Así, los votantes de cada isla depositan ahora dos papeletas para elegir a su parlamento autonómico: a los representantes de sus islas y los nueve añadidos de Gran Canaria y Tenerife.

Otra opción que propone Fernández para corregir el problema electoral de Ibiza pasa por redistribuir el actual número de escaños del Parlament para corregir la diferencia existente entre ibicencos y menorquines. Para Fernández esta sería la vía «más correcta» porque «permite ajustar el número de escaños a la evolución demográfica», aunque beneficia a Mallorca.

«Nunca he entendido que Formentera no tenga representación en el Senado»

El profesor de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Fernández también dijo en la conferencia del sábado en el Consell de Ibiza que «nunca» ha entendido por qué todas las islas del archipiélago canario tienen representación en el Senado «sin necesidad de hacer agrupaciones insulares», como el caso de Ibiza y Formentera. «No he profundizado en el tema, pero alguna explicación tiene que haber para que el artículo 69.3 se dé a cada isla una circunscripción propia y no a Ibiza y Formentera», dijo. Hay que tener en cuenta que este punto de la Carta Magna se refiere a cada isla o agrupación con cabildo o consell insular y que hasta la reforma del Estatut d’Autonomia de 2007 el gobierno insular de Ibiza y Formentera era conjunto bajo el Consell de Ibiza y Formentera.

Fernández destacó la importancia de tener un senador propio y puso el ejemplo de Yaiza Castilla, que fue senadora de La Gomera, y que «consiguió visibilizar cosas de esa isla como el silbo gomero y otras relacionadas con su patrimonio natural». «Puede parecer que no, pero con una circunscripción propia y un senador activo y con ganas de trabajar y visibilizar su isla, se pueden obtener buenos resultados», dijo el experto, para agregar acto seguido: «Pero hay un pequeño problema: hay que reformar la Constitución».

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