Balears registró el año pasado una cifra nunca vista de condenas por delitos cometidos al volante. Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado reflejan que en 2021 se dictaron en las islas 3.218 sentencias por este tipo de infracciones penales. Esta cifra supone un incremento de casi el 20 por ciento respecto a los años anteriores a la pandemia y la drástica caída de la movilidad que acarreó. El ministerio público destaca en su memoria que también se ha producido un gran incremento del número de procedimientos incoados por este tipo de delitos, que califica de «repunte inusitado».
En Balears fueron condenados el año pasado 1.849 conductores por circular bajo la influencia del alcohol -con una tasa superior a 0,6 miligramos por litro de aire espirado- o las drogas, lo que supone algo más de la mitad del total. Este dato supone un incremento del 8,7 por ciento respecto a 2019.
Conductores sin puntos
El incremento fue mucho mayor en el caso de los conductores que circulaban tras haber perdido todos los puntos del carné o que nunca lo habían obtenido. Por este tipo penal se dictaron el año pasado 1.184 sentencias, frente a las 933 registradas antes de la pandemia. En este caso el aumento roza el 27 por ciento.
El crecimiento de la delincuencia vial fue también notable en los casos de excesos de velocidad. 16 personas fueron condenadas por superar en más de 60 kilómetros por hora la velocidad máxima en vías urbanas o en 80 en carreteras interurbanas. La cifra supone un aumento extraordinario respecto antes del coronavirus, cuando apenas se registraban cinco condenas por este delitos en Balears.
La memoria de la Fiscalía refleja también incrementos en el resto de delitos contra la seguridad vial. Por la negativa a someterse a las pruebas de consumo de alcohol y drogas fueron sentenciados en 2021 un total de 117 conductores, frente a los 84 registrados en 2019. Otras 51 condenas fueron por delitos de conducción temeraria, uno de ellos con manifiesto desprecio por la vida de los demás. En los años anteriores a la pandemia esta cifra apenas llegaba a las 20 sentencias. En la memoria de la Fiscalía General del Estado aparece además una sentencia dictada en las islas en 2021 por originar un grave riesgo para la circulación colocando obstáculos en la vía o anular la señalización.
El balance anual del ministerio público evidencia que Balears no es una excepción, ya que en el conjunto de España se registraron en 2021 incrementos notables en las condenas por delitos contra la seguridad vial. En total, fueron dictadas 94.942 sentencias por estos tipos penales, frente a las 80.480 registradas en 2019. Supone un aumento del 18 por ciento.
Además de la subida de los procedimientos penales por delitos al volante, la Fiscalía destaca también que se ha producido un incremento notable en el número de sanciones por infracciones administrativas. Según la estadística, al año pasado se registraron en toda España unos 600.000 expedientes más que en 2020, volviendo a niveles prepandemia.
La Fiscalía General del Estado expresa en la memoria anual su preocupación por el incremento de todos los indicadores de delitos contra la seguridad vial registrados en el año 2021. El ministerio público, aunque se muestra prudente en sus conclusiones, atribuye en parte esta situación al fin de las largas y estrictas restricciones decretadas durante más de un año por la crisis del coronavirus. «Un efecto rebote tras el periodo estricto de pandemia, derivado de la efervescencia producida en nuestros hábitos circulatorios en un mal entendido sentimiento de recuperación de libertad tras las restricciones y confinamientos perimetrales sufridos, en detrimento y pérdida de parte de la conciencia vial adquirida por la ciudadanía antes de la pandemia», señala la Fiscalía General del Estado.
El ministerio público califica de «inusitado y preocupante» el incremento del número de procedimientos incoados y de sentencias dictadas por delitos contra la seguridad vial a lo largo del año pasado. Aunque señala que parte del aumento puede deberse a la reactivación de la justicia tras el confinamiento, con lo que los procedimientos resueltos en 2021 podrían ser de ejercicios anteriores, señala que «este remanente parece insuficiente justificación del espectacular incremento de todos los indicadores judiciales». Además, recuerda que la vuelta a la «relativa normalidad» no se produjo hasta el alzamiento del último estado de alarma en mayo de 2021.
Efecto rebote por la «efervescencia» tras el periodo estricto de pandemia
La Fiscalía atribuye en parte el aumento de los delitos a la «pérdida de la conciencia vial». La Fiscalía expone también que estos aumentos de la actividad judicial contrastan con el descenso de la siniestralidad en las carreteras españolas registradas en los últimos años por la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, apunta a la existencia de «unas cifras latentes de delincuencia vial que subyacen o están desconectados de los datos de movilidad o siniestralidad»
La memoria del ministerio público, por otra parte, critica la «rémora» que los fiscales especializados en seguridad vial siguen sufriendo por las aplicaciones informáticas en las que se contabilizan las estadísticas. Por ejemplo, señalan que el sistema sigue sin permitir contabilizar el delito de abandono del lugar del siniestro pese a ser introducido en la ley hace tres años.
