El profesor de Derecho Constitucional de la UNED y secretario del Centro de Estudios de Partidos Políticos de esta universidad, Carlos Fernández, aseguró ayer categóricamente que «el sistema electoral balear» es actualmente «anticonstitucional» por el perjuicio que sufre Ibiza en el reparto de escaños en el Parlament balear. Fernández se suma así a la tesis del «referente del Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y uno de los grandes constitucionalistas del país», Joan Oliver. «Fue al primero al que se lo oí decir», señaló Fernández, que, residente en Madrid, apuntó que no tiene la identidad de ninguna isla y, por tanto puede analizar esta cuestión de «forma objetiva».
La cámara balear está formada por 59 diputados: 33 de Mallorca, 13 de Menorca,12 de Ibiza y 1 de Formentera. Es decir, Menorca cuenta con un diputado más que Ibiza a pesar de la considerable diferencia de población entre las dos islas. Con 151.820 habitantes, la población ibicenca supera en 55.000 a la menorquina. Cuando los partidos pactaron el sistema electoral balear a principios de los 80 se decidió que la distribución de escaños iba a ser un función de la población con algunas correcciones en favor de las islas menores.
En una jornada sobre identidad insular organizada por el Consell de Ibiza (el departamento de Transparencia que gestiona Ciudadanos), en la que también intervino el politólogo Miguel Carranza, el experto en Derecho Constitucional destacó que esta anomalía en el sistema electoral balear se tiene que corregir por «salud democrática y justicia». Esta anomalía se puede corregir mediante la reforma directa de la ley electoral o bien a través de la modificación del Estatut d'Autonomia, aunque esta última vía precisa del apoyo de dos tercios del Parlament. Pero pasan las legislaturas y este asunto, que «cada vez se agrava más por el aumento de la diferencia poblacional», no se soluciona.
Así, al ser preguntado sobre qué podrían hacer los políticos ibicencos para tratar de convencer a sus compañeros de siglas del resto de las islas, Fernández destacó que no se debería encarar el debate como «un enfrentamiento entre islas», sino como la corrección por «sentido común, dignidad o justicia democrática» de una situación «arbitraria y no justificada». De hecho, el profesor cuestionó qué efecto negativo puede tener para Menorca que Ibiza tenga un diputado más. «Se exagera sobre un posible perjuicio cuando por la disciplina de partidos, los diputados votan en función de lo que éstos marcan con independencia de la isla que sean», dijo.
La sentencia del Constitucional de 1992
El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en mayo de 1992, a raíz de un recurso de Alianza Popular, que concluía que no era «ni desproporcionado ni arbitrario» que la circunscripción de Ibiza, con 12 escaños, tuviera uno menos que Menorca a pesar de tener 5.000 habitantes más de población. Hay que tener en cuenta que entonces los diputados elegidos eran las mismas personas que componían también los consells insulares. Pero esto cambió con el Estatut d’Autonomia de 2007.
Además, según destacó Fernández, en 2008 el Constitucional dictó un auto que «abría la puerta» a corregir el caso de Ibiza. En concreto, esa resolución se refería al hecho de que, en Castilla La Mancha, Guadalajara contaba con siete escaños, uno menos que en Cuenca a pesar de que la primera ya la había superado en número de habitantes. El recurso no prosperó con el argumento, entre otros, que «del mandato constitucional de proporcionalidad no se desprende una exigencia de revisión constante de las variaciones en la población». Ahora bien, dicho esto, también advertía el auto de que «una prolongada inacción del legislador, consintiendo durante períodos excesivos alteraciones significativas que desvirtúen la proporcionalidad de la atribución de escaños, puede llegar a provocar la inconstitucionalidad sobrevenida».
En esto último se basa el profesor de la UNED para concluir que si ahora el Tribunal Constitucional revisara la sentencia de 1992 concluiría que el sistema electoral balear es «inconstitucional» porque la desproporción es «manifiesta y arbitraria» y «la inactividad del legislador, patente». De hecho, si en 1992 la diferencia de población entre Ibiza y Menorca era de 5.000 personas, ahora, recalcó, «se ha multiplicado por once».
El recurso de Gent per Ibiza en 2015
Fernández apuntó que, ante la falta de voluntad política, «una vía indirecta» para forzar al Constitucional a revisar la situación sería la de que algún partido, tras la convocatoria de las elecciones, recurriese la proclamación de candidatos y que, en última instancia, llegase al alto tribunal español. De hecho, esto es lo que intentó infructuosamente en 2015 Gent per Ibiza (GxE). Este partido minoritario de la izquierda recurrió la convocatoria de las elecciones, y llegó hasta el Constitucional, pero este no aceptó el recurso a trámite. El experto en Derecho Constitucional, que conocía este caso, reconoció también que «tradicionalmente el Constitucional ha sido poco valiente porque [la reforma electoral] es un asunto muy sensible para los partidos».
El secreto canario y «la nula identidad balear» de Ibiza
El político y profesor de la UNED Miguel Carranza habló sobre la construcción de identidad en una isla como Ibiza y las diversas etapas que ha seguido desde finales del siglo XIX así como el papel de Diario de Ibiza en su desarrollo. Destacó que «la identidad fuerte de un colectivo estimula una mejor y más fuerte democracia» y, precisamente, «la nula identidad balear», a diferencia del archipiélago canario, condiciona en parte que, en palabra de Carlos Fernández, «Canarias sepa boxear por encima de su peso» y obtenga importantes acuerdos tanto del Estado español como Europa.
