El Consell de Ibiza ha iniciado el procedimiento para forzar el derribo de la estructura ilegal levantada en Cala Molí, en suelo rústico protegido (Área Natural de Especial Interés y Lugar de Interés Comunitario), cuya construcción fue abandonada en el año 2005. Se trata de las obras que ejecutó el grupo Medi al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento de Sant Josep en 2002 para la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas y dos locales y trasteros.
Cuando se iniciaron las obras, el grupo ecologista GEN-GOB denunció, en octubre de 2005, que se invadía una zona ANEI, lo que forzó al Consistorio a paralizar las obras y posteriormente a declarar nulo el permiso municipal. Este caso marcó el inicio del llamado caso Huerta, una trama encabezada por el difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta para monopolizar desde 1998 hasta 2007 el desarrollo de los proyectos que se desarrollaban en el municipio. La autora de este proyecto fue la arquitecta Pilar Fernández, que entonces era la pareja del hijo de Huerta.
Tras el fallecimiento del principal investigado, tanto Fernández como el hijo de Huerta (Antonio), también arquitecto, reconocieron, tras un acuerdo pactado con el Colegio de Arquitectos de Balears para evitar el juicio y una posible condena mayor, que colaboraron en la trama. Así, el caso se zanjó con una condena para ambos de una multa de 2.160 euros y las costas procesales (8.000 euros).
Los tribunales confirmaron la nulidad de la licencia de Cala Molí e incluso a mediados de 2018 se desestimó el pago de una indemnización por parte del Ayuntamiento de seis millones de euros. Entonces, el alcalde Josep Marí Ribas admitía que esta estructura se tenía que «derribar». En octubre de ese año, el actual alcalde, Ángel Luis Guerrero, entonces concejal de Urbanismo, aseguraba en declaraciones a este diario que «en breve» se iba a iniciar un expediente de restauración de la legalidad. También aseguraba entonces que desconocía los motivos por los que el Ayuntamiento no había iniciado antes este proceso. No se hizo tampoco después.
Denuncia de un particular
Así, casi cuatro años después, el Consell de Ibiza, que es competente en disciplina urbanística en suelo rústico protegido desde enero de 2018, ha iniciado el procedimiento para derribar la estructura ilegal e ilegalizable. Primero, en suelo rústico no está permitido el uso de vivienda plurifamiliar, pero es que, además, tras la aprobación del decreto ley 1/2016 de medidas urgentes en materia urbanística, el uso de vivienda en ANEI está prohibido.
El Ayuntamiento no actuó de motu proprio ni trasladó los hechos al Consell, a pesar de que desde enero de 2018 era la Administración competente para exigir a los promotores la demolición de la estructura ilegal. Fue a partir de la denuncia de un particular ante la Fiscalía y el Consell, en septiembre del año pasado, sobre la pasividad municipal lo que provocó que se haya activado el proceso. También se denunciaba que las obras, abandonadas desde 2005, no contaban con ninguna protección para evitar el acceso, lo cual podía causar «accidentes o incidentes más o menos graves». De hecho, el informe de la arquitecta municipal señala que pese a que parte de la zona se encuentra delimitada por un cierre de planchas metálicas, «existen ciertos puntos por donde se puede acceder a las obras o a la excavación con relativa facilidad».
Tanto el Ministerio Público como la institución insular requirieron al Ayuntamiento información sobre los trámites iniciados por el Consistorio para el restablecimiento de la legalidad. A finales del pasado mes de febrero, la arquitecta municipal emitió un informe en el que se explicaban los antecedentes y la situación de las obras y en el que apuntaba que no tenía constancia de que el Ayuntamiento hubiera adoptado «ninguna medida ni en relación con la construcción ni con respecto a las medidas de seguridad hacia posibles peatones de la zona».
Coste de las obras: 250.000 euros
Las obras ilegales ejecutadas consisten en la estructura de un bloque aislado de viviendas (casi 900 metros cuadrados) y de trasteros, cuarto de instalaciones y aparcamiento (cerca de 300 metros cuadrados). Con un coste estimado de casi 250.000 euros, se calcula que la construcción se encuentra al 35% de su ejecución. También hay excavaciones con «unos desniveles importantes» para la siguiente fase de la construcción de bloques de viviendas». El informe del arquitecto técnico del Consell considera que el plazo máximo para ejecutar el derribo de la estructura y restablecer la legalidad, incluidos los movimientos de tierra, se sitúa en doce meses.
Además, el Consell ha instado a la anotación preventiva de inscripciones en el Registro de la Propiedad que apunten que se han ejecutado actuaciones que «pueden constituir infracción urbanística» sobre las 68 entidades registrales que figuran inscritas como fincas independientes.
No habrá sanción económica
El procedimiento que ha iniciado el Consell de Ibiza para restablecer la legalidad urbanística no incluye la imposición de una sanción a la promotora, según explicó ayer el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, debido a que las obras ilegales se ejecutaron al amparo de la licencia municipal, aunque estuviera mal dada.
Mariano Juan afirma que sí se podría sancionar al promotor en el caso de que, en la investigación penal abierta por la Fiscalía, se apreciara «alguna desviación de la licencia o infracción». En todo caso, hay que tener en cuenta que en la denuncia presentada en la Fiscalía se pedía que se investigasen las posibles responsabilidades penales sobre los promotores, constructores, políticos y técnicos municipales que pudieran estar implicados en el largo período de inactividad para restablecer la legalidad ni la adopción de medidas de protección para preservar la seguridad de las personas.
El procedimiento iniciado por el Consell se dirige contra Medi Ibiza SL, Medi Proyectos Inmobiliarios SL y contra Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU. Esta última es la actual propietaria del inmueble, tras una venta ejecutada en mayo de 2019, 14 años después del abandono de las obras y un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears descartara el pago de una indemnización.
