El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha admitido a trámite el recurso que presentó el particular Javier Gea contra el Ayuntamiento de Sant Josep. El caso por el que este particular acudió al juzgado es el «silencio administrativo» del Consistorio ante las alegaciones que presentó al convenio que firmó el Ayuntamiento en agosto de 2020 con la empresa Bastiodon SL para construir 12 villas en la zona de Port des Nebot, en la costa de Cala Vedella, en un terreno donde estaban inicialmente previstas 62 viviendas.
Tras la presentación de estas alegaciones,Sant Josep contrató a un equipo externo de abogados para responderlas. Sin embargo, al no obtener en este lapso de tiempo ninguna contestación, los alegantes se dirigieron al Contencioso Administrativo. «Me extraña que en dos años los abogados que ha contratado el Ayuntamiento todavía no hayan resuelto el contenido de las alegaciones que presentamos», ha explicado Javier Gea a Diario de Ibiza, quien ha añadido que «con esta notificación se abre un proceso contencioso y ahora el Ayuntamiento tiene la obligación de responder».
Sin embargo, desde el Consistorio josepí aseguran que no hay nada sobre lo que responder, ya que Sant Josep ha dado marcha atrás al convenio urbanístico con Bastiodon, como ya informó Diario de Ibiza el pasado día 7 de marzo, y ha renunciado definitivamente a cambiar la calificación de los terrenos de Port des Nebot. Por lo tanto, ese convenio sería papel mojado.
«Alegar a la nada»
«Este convenio se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno, pero finalmente no se aprobó», confirman desde el Ayuntamiento, «y al renunciar al convenio, ya no hacía falta responder a las alegaciones sobre el mismo». «El Ayuntamiento archivó el proceso», insisten desde Sant Josep, «por lo tanto, están presentando unas alegaciones contra el vacío, porque no hay nada».
Sant Josep renunció a blindar Port des Nebot porque, al formar parte del Plan Parcial de Cala Vedella, implicaría que toda la urbanización pasaría a tener la condición de suelo rústico, lo que supondría el pago de cuantiosas indemnizaciones a los propietarios. De hecho, cuando anunció que renunciaba a su convenio, desde el Consistorio se recordaron las millonarias compensaciones económicas con las que se han tenido que cubrir los cambios urbanísticos en zonas como Punta Pedrera.
El intento de cambiar la construcción de 62 viviendas en este sector del Plan Parcial de Cala Vedella por doce villas -una modificación que, según el Ayuntamiento, supondría un menor impacto ambiental y paisajístico- tampoco salió adelante ya que el Consell de Ibiza no admite cambios de clasificaciones de terrenos en las nuevas normas urbanísticas provisionales que consensuaron las dos instituciones.
Pese a que el convenio parece muerto y enterrado, Javier Gea no se fía: «Yo no he visto nada. Lo lógico es que a los alegantes se nos hubiera contestado. Lo he pedido tres veces y no me han respondido». Y acusa al Consistorio de «oscurantismo».
«Este convenio está muerto, se renuncia a llevarlo adelante y se conserva la situación urbanística que había previamente», zanja el Ayuntamiento.
