Pesca en Ibiza: «Las islas solo dan el 10% de lo que consumimos y al ritmo actual en febrero ya no habría pescado»

«Estamos a años luz de tener los recursos necesarios para atajar la pesca ilegal». Lo dice Aniol Esteban, director de la Fundación Marilles, que trabaja para asegurar la pesca sostenible y promover la educación en este ámbito. ¿Qué alimenta esta práctica? La demanda de pescado local fresco. «Nuestras islas solo dan el 10 por ciento de lo que consumimos y, a los ritmos de consumo actual, aproximadamente el 15 de febrero nos quedaríamos sin pescado. Llega el verano y todos quieren pescado fresco local, pero conseguirlo en el mercado es difícil y el precio es elevado. Por eso es tentador ir a buscarlo por vías ilegales», sostiene el experto.

A esto se suma, apunta, que «el reto del mar es que es competencia de muchas administraciones, que no siempre están coordinadas», lo que dificulta la contundencia contra los ilegales. En los últimos años se ha detectado un aumento de esta práctica; algo que, según la conselleria balear de Agricultura, puede deberse «a que hay más gente en el mar y también más vigilancia». La dirección general de Pesca cuenta con dos guardas de reservas marinas más que hace un año, por lo que hay, actualmente, seis profesionales trabajando para atajar esta problemática. Sin embargo, Esteban asegura que, «como mínimo, debería haber cuatro veces más».

«Con los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica tenemos una oportunidad de reforzar la red de vigilancia en el mar. No se puede tener a una persona 24 horas, por lo que hay que empezar a trabajar con drones, satélites y datos, además de que es fundamental la participación ciudadana y que nadie sea cómplice de una actividad que pone en jaque, entre otras, la imagen de Ibiza», añade.

Infrafinanciación

Para el director de la Fundación Marilles, la infrafinanciación en todo lo relacionado con la conservación marina repercute, directamente, en la pesca ilegal. «Es imprescindible que haya más vigilancia y que sea más efectiva, de ahí que la tecnología pueda jugar un papel importante para atajarla», sostiene. Esteban reconoce que los inspectores y barcos que operan en las Pitiusas «están haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente».

Hay alrededor de 50.000 pescadores recreativos en Balears con licencia y, aunque el número de furtivos es muy minoritario, «hacen mucho daño». Sin ir más lejos, la Fundación presentó junto a IbizaPreservation un estudio el pasado mes de mayo en el que alertaba de que «la pesca y venta ilegal de productos pesqueros es una práctica ampliamente extendida». En esta investigación se ha constatado que hay pescadores furtivos que cobran hasta 3.000 euros al mes vendiendo su producto en el mercado negro.

Por ello, Esteban incide en la importancia de «dar incentivos por hacer las cosas bien». Se refiere, por ejemplo, a la marca Peix Nostrum. «Es un incentivo que ha ayudado a reducir la pesca ilegal porque el pescador sabe que gana valor añadido en su captura. Esto mismo debería trasladarse a restaurantes, pescaderías, supermercados… y que puedan certificar que lo que venden es legal. Y es importante recordar que lo que no es legal, no es sostenible», matiza el biólogo.

Impacto

Esta práctica ilegal, alerta Esteban, desencadena varios problemas: ecológicos, económicos y sanitarios. «Es una pesca que va dirigida a grandes reproductores y en la que se captura, principalmente, a especies vulnerables, por lo que el impacto ecológico es altísimo. Además, esto supone que haya una cantidad de pescado que se está extrayendo que no está contabilizada», señala.

En cuanto al problema económico, dice que supone una «amenaza» para el futuro de la profesión de pescador. «No se puede pasar por alto el incentivo económico que tiene: el que compra ilegal no paga el IVA (solo pueden vender las capturas los profesionales, no los pescadores recreativos) y el que lo pesca no declara porque lo vende en negro», recuerda Esteban.

Paralelamente, comprar y consumir el pescado capturado de manera furtiva, «conlleva un riesgo sanitario» al que no hay que ser ajeno.

Denunciar

El director de la Fundación Marilles sostiene que «hay mucha gente que sabe cosas y no las denuncia porque estamos en un territorio limitado en el que nos conocemos todos». Aun así, explica que la ilegalidad se da en ambas partes, en el sector recreativo y en el profesional. «Si no tapamos este agujero, no se va a poder solucionar. Y, lo que es peor, se tira por la borda todo lo trabajado hasta ahora», lamenta.

Los pescadores furtivos saben cuándo, cómo y dónde actuar. «Tienen grupos de WhatsApp y son como una organización, pero para los agentes es muy difícil denunciar, a no ser que les pillen con las manos en la masa», reconoce. Por eso pide colaboración ciudadana para no entrar en la rueda.

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