La intensa actividad económica no es solo un maná de ingresos para Ibiza y Formentera. También trae consecuencias no deseadas. Una de ellas se da al aumentar los conflictos en el ámbito laboral y, con ello, los litigios que deben atender los jueces. Como consecuencia, el Juzgado de lo Social de las Pitiusas se atasca cada temporada de verano.
Este año, con la actividad completamente restablecida, no ha sido una excepción, y en las agendas de magistrados, abogados y procuradores del ámbito de lo social no hay ningún hueco hasta dentro de un año para algunos procedimientos. Ocurre con las demandas por reclamación de cantidad, mientras que las demandas por despido improcedente se están señalando para mayo y junio de 2023.
Es un bloqueo que perjudica tanto a los profesionales de la judicatura como a los litigantes. «Cuando acudimos a la Justicia lo que queremos es que esa controversia que mantenemos con otras personas o empresas se solvente cuanto antes. No queremos vivir con problemas», declara la abogada Eva María Cardona para resaltar la importancia de la situación. En la misma línea se pronuncia Sabino Aramburu, responsable de la sección judical del sindicato CSIF en Ibiza, quien considera que «no es de recibo que se esté señalando a un año vista».
Esta demora no es algo inusual en las islas, coinciden en señalar ambos. Apuntan a la falta de funcionarios y la extraordinaria rotación de la plantilla, dos males relacionados con la escasez de vivienda en las Pitiusas, como los factores que agravan el problema. A estos, Cardona añade los efectos de la pandemia y la «altísima litigiosidad» de los ciudadanos para conformar un «cóctel perfecto».
En el Juzgado de lo Social siempre ocurre lo mismo, explica Aramburu. Los procedimientos se atascan desde el inicio de la temporada y se van desbloqueando trabajosamente a lo largo del resto del año hasta que, llegada una nueva temporada, los juzgados vuelven a saturarse. «No te da tiempo a sacártelo de encima. En un año no has limpiado eso ni en broma», sentencia el responsable sindical.
Este componente estacional tiene dos picos, concreta. Los juicios se incoan a principios de la temporada -con demandas por despidos improcedentes- y a finales -con reclamaciones de cantidad-. ¿La razón? En mayo, algunas empresas no llaman a todos los fijos discontinuos que tenían en plantilla y, en octubre, muchos empleados dejan de trabajar y no están conformes con el finiquito o la indemnización.
La situación se parcheó el año pasado, detalla Aramburu, con un juzgado de refuerzo, que contribuyó a cierto alivio. Pero no tuvo continuidad, lamenta. «En el momento en que el Consejo General del Poder Judicial entendió que los números volvían a la normalidad, cerró el grifo del refuerzo».
Un juzgado de refuerzo
La solución que propone pasa por crear un juzgado de refuerzo o uno nuevo del ámbito de lo social. Asimismo, reclama que se aumente el plus de insularidad de Ibiza y Formentera, islas a su juicio discriminadas frente a otros territorios como Ceuta y Melilla o las Canarias. «Tienen 500 euros más al mes que nosotros y unas exenciones que no tenemos», declara.
Parte del problema -y de la solución- puede estar en los propios litigantes y miembros de la judicatura, reflexiona Cardona. Y es que, valora, en la sociedad española se tiende a recurrir a la Justicia por cualquier conflicto. Para ella, deberían potenciarse otros instrumentos de negociación directa entre partes, como la conciliación o la mediación.
En su opinión, estas vías pueden ofrecer soluciones «más justas que la vía judicial», al derivar de un acuerdo entre partes: «Pero tenemos falta de conocimiento de estos medios diferentes a la Administración de justicia», declara.
La falta de medios también está detrás de un retraso en las tramitaciones de desahucios. En este caso, explica Aramburu, es la dotación de personal del servicio de actos de comunicación y ejecución de los desalojos la que provoca que este asunto tenga la agenda a seis meses vista. Cuenta que ha pedido aumentar la plantilla, propuesta rechazada desde el Ministerio, que únicamente ofrece como alternativa realizar horas extras.
Por su parte, Cardona no cree que esta carencia de personal se dé también en los abogados de oficio en las Pitiusas, unos 70, según detalla. Reconoce que «en verano, obviamente, hay más actividad», aunque considera que «se trabaja bien».
También destaca la labor de los miembros de la judicatura tras los retrasos a raíz del incendio de 2019 en los juzgados. Preguntada sobre si se ha recuperado el terreno perdido, afirma que, aunque no tiene datos, probablemente el retraso «ha quedado subsumido en la lentitud estructural de la Justicia».
CSIF desconoce el criterio del CGPJ para eliminar el refuerzo
El responsable de la sección judicial del sindicato CSIF, Sabino Aramburu, explicó que en 2021 contaron con un juzgado de refuerzo para los asuntos del ámbito de lo social, que el CGPJ eliminó al considerar que el tiempo de espera volvía a la normalidad. Aramburu dice desconocer los criterios del CGPJ a la hora de tomar esta decisión, aunque apuntó que, en principio, usa módulos baremados con el objetivo de ajustar la cifra de juzgados de una población en función de la cantidad de procedimientos que reciben.
