El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la sentencia que impone al Ayuntamiento de Ibiza el pago de una indemnización de 406.257 euros a la constructora del nuevo colegio de sa Bodega (Vías y Construcciones SA) por el retraso también en la ejecución de las obras como consecuencia de la excavación de un yacimiento arqueológico.
En este caso, la constructora reclamaba una indemnización de casi 830.000 euros, mientras que el Ayuntamiento reducía sus pretensiones a 115.000 euros. El Consistorio también reclamaba en el juzgado la declaración de responsabilidad de la Comunitat Autònoma (la conselleria balear de Educación) y atribuía a la constructora «mala fe e intento de un lucro injusto» al exigir una indemnización de 828.500 euros. La conselleria balear de Educación figuraba como codemandada, pero no compareció en el recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia. Hay que tener en cuenta que, aunque la obra la financiaba el Govern balear, el Consistorio fue quien contrató las obras.
El perito judicial determinó que el periodo de paralización de las obras fue de 18 meses, entre el 10 de marzo de 2011 y el 11 de septiembre de 2012, cuando el Consistorio reducía este período de suspensión a 15 meses y 18 días, según recoge la sentencia.
El valor de los restos arqueológicos descubiertos provocó la modificación del proyecto al objeto de proteger e integrar el yacimiento en la obra y su museización en las mismas instalaciones del colegio.
En concreto, se descubrieron un hipocausto (cavidad subterránea usada por los romanos para calentar sus baños y viviendas) y estructuras arquitectónicas de época tardopúnica y romana (restos de una antigua villa). También se hallaron en un lateral del solar, colindante con la calle Murcia, restos de antiguas zanjas de cultivo y tumbas de época romana. Esta parte del yacimiento es visible a través de un cristal desde la calle. Encima de estas estructuras se sitúa el gimnasio del colegio.
El tribunal balear rechaza la reducción solicitada por Vila sobre la cuantía de la indemnización a 115.000 o casi 193.000 euros como máximo al apreciar contradicciones entre el informe aportado por el director de las obras y la declaración testifical durante la vista.
