En libertad la propietaria de Casa Lola tras ser detenida por presunta extorsión

Francisca Sánchez Ordóñez, la polémica empresaria propietaria del complejo ilegal Casa Lola, ha sido condenada por ahora por fraude fiscal. Y es posible que tenga que asumir responsabilidades penales por los presuntos delitos urbanísticos cometidos durante años en Ibiza. Ahora suma a su currículo una denuncia por presunta extorsión interpuesta por un grupo de clientes de uno de sus complejos turísticos situados en Sant Josep.

La noticia saltó ayer después de que la Guardia Civil enviara una nota de prensa informando sobre la detención de «tres varones, dos búlgaros y un español (un conocido empresario ibicenco), y una mujer española, como presuntos autores de un delito de extorsión cometido en una vivienda perteneciente al término municipal de Sant Josep», en Porroig. Según la nota, los dos búlgaros, personal de seguridad de la empresaria, rompieron la puerta, entraron en la vivienda y amenazaron a sus moradores para que la abandonaran.

Después se supo que la detenida es Sánchez Ordóñez y que los denunciantes son clientes de Casa Lola que fueron realojados tras la entrada del Ayuntamiento en este complejo para iniciar el derribo de los casi 2.000 metros cuadrados de construcciones ilegales detectados por los técnicos. Al parecer, estos clientes, dos grupos de ciudadanos mexicanos, fueron reubicados en El Bosque, otro de los complejos de la empresaria. Y fue allí donde sucedieron los hechos la noche del pasado lunes 15 de agosto.

Al menos Sánchez Ordóñez y su personal de seguridad fueron detenidos, pero sólo estos dos últimos han declarado ante el juez. Lo hicieron ayer tarde y fueron puestos en libertad con una orden de alejamiento de las víctimas. La empresaria alegó problemas de salud para eludir su paso por los juzgados, que se producirá en cualquier caso cuando el juez que se haga cargo del caso inicie las oportunas diligencias.

Dos versiones diferentes

Mientras tanto, el representante legal de la empresaria y los otros tres detenidos, Emilio Sánchez, ofreció ayer a este diario en los juzgados una versión diametralmente opuesta a la que ofrecen las víctimas.

Los dos miembros de seguridad se encontraron la puerta abierta (según apunta, les abrió el personal de limpieza), se toparon con colegas suyos, pero de la parte contraria, y para evitar problemas se fueron para volver más tarde con Sánchez Ordóñez y el empresario ibicenco.

En declaraciones a Diario de Ibiza, Sánchez detalló que acudieron a la vivienda, El Bosque, a instancias de Sánchez Ordóñez porque, aseguran, había vencido el contrato de arrendamiento y los clientes tenían que abandonarla, porque ya estaban «de okupas».

Las víctimas, representadas por la abogada Paula Sánchez, aseguran que los dos hombres de seguridad de la empresaria rompieron la puerta y les amenazaron, por lo que tuvieron que esconderse en uno de los baños de la vivienda, desde donde llamaron a la Guardia Civil.

Añaden que los dos detenidos iban armados, aunque no ha trascendido con qué, y que querían echarles porque se negaron a pagar un incremento del coste de su estancia que no estaba previsto y que decidió Sánchez Ordóñez de manera unilateral.

El derribo de las ilegalidades de Casa Lola continúa

El Ayuntamiento de Sant Josep informó ayer de que ya han sido derruidos 1.300 metros cuadrados de las obras levantadas sin licencia en Casa Lola. Hasta ahora, se ha tirado completamente el edificio en L, del que se está acabando de retirar el escombro. De Casa Lola, el volumen principal, se han eliminado los tabiques interiores de la planta baja y los forjados de la azotea, además de los anexos situados en el sur de la construcción. Previamente, se vaciaron estas edificaciones de todo lo que contenían y se retiraron elementos como ebanistería e instalaciones, además de los pavimentos, apunta Sant Josep.

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