La asociación Élite Corsaris d’Eivissa ha recopilado alrededor de mil matrículas de vehículos sospechosos de hacer viajes ilegales en lo que llevamos de temporada. Según explica su portavoz, Lolo Ruiz, esto no significa que haya un millar de personas que se dediquen al intrusismo, sino que se han detectado 1.000 coches que pueden ser piratas.
«Vamos añadiendo matrículas a la lista negra y, de forma quincenal, nos reunimos con el Consell de Ibiza y se las pasamos», indica Ruiz, quien añade que hay muchas personas que van cambiando de vehículo. «Nos estamos encontrando con piratas de toda la vida, furgonetas negras y también con algunas VTC que no hacen su trabajo correctamente porque, por ejemplo, no rellenan la hoja de ruta. De ahí que el volumen de matrículas sea tan alto», lamenta.
En este sentido, el portavoz de Élite Corsaris, que agrupa a una parte del sector en la isla, recuerda que se reunieron hace dos semanas con el Consell para «exigir un mayor control» de la situación, pero el encuentro, a su juicio, no fue fructífero. «Nos dijeron que llevan unas 70 denuncias puestas esta temporada, pero nosotros no vemos que estén haciendo efecto», dice.
De hecho, Ruiz es consciente de que multar a un taxi pirata con 6.000 euros «no es suficiente», aunque se le retire el vehículo porque, en muchas ocasiones, son coches viejos que apenas tienen valor; además de que muchos de los conductores son extranjeros y «seguro que no llegan a pagar» las multas.
Consell de Ibiza
Por su parte, desde el Consell de Ibiza reconocen que la falta de taxis para dar respuesta a la alta demanda «contribuye a hacer aflorar la oferta ilegal». Aun así, explican que de la lista de matrículas que les ha remitido la asociación «no todas son ilegales» y recuerdan que «existen autorizaciones de transporte complementario para ir y venir a algunos establecimientos».
«Nos ha llegado que, a principios de temporada y ante la falta de taxis, algunos empresarios se vieron obligados a usar sus propios recursos para evitar que sus clientes perdieran aviones», indican en referencia a las quejas de los hoteleros por la falta de medios para llegar al aeropuerto. En esta línea, Anna Rosie Isabelle escribía hace unos días en Twitter que, tras tres horas esperando un taxi al salir de una discoteca, «un guardia de seguridad nos llevó a casa por 80 euros».
Desde el Consell inciden en que las matrículas recopiladas por Élite Corsaris no son una prueba suficiente, pero se utilizan todos los datos posibles para perseguir a los ilegales. «Tenemos en cuenta toda la información que nos facilitan los taxistas para perseguir a los piratas, pero hay que tener en cuenta la complejidad que lleva demostrar esta actividad ilegal. El cliente debe reconocer que ha pagado por el servicio, también», subrayan.
Las mismas fuentes reiteran que la lucha contra el intrusismo es «prioritaria» para el equipo de gobierno, por lo que el año pasado se duplicó el personal de inspección para hacer frente a la problemática. «Desde entonces se están haciendo más inspecciones que nunca», sostienen. Actualmente hay seis inspectores, «el doble que hace dos años», y, además de la inspección, existe un equipo instructor que tramita las denuncias interpuestas.
Por último, el Consell quiere agradecer la implicación de todas las policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad ya que, gracias a su colaboración, se ha creado, por primera vez, un frente común para combatir el transporte ilegal. «Tanto las instituciones, como los cuerpos policiales y el propio sector deben actuar unidos contra este problema», concluyen.
