El Consell de Ibiza ha aprobado una sanción urbanística de cerca de 83.000 euros por unas obras ilegales en el Parque Natural de ses Salines, en Sant Josep, y ordena su demolición y restablecimiento de la realidad física alterada.
Las obras ilegales detectadas por los inspectores consisten en edificaciones de 900 metros cuadrados de superficie de nueva planta y de un porche de nueva planta con una superficie de 150 metros cuadrados, según ha informado la institución en un comunicado. Ambas construcciones son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y están ejecutadas sin título habilitante, dentro de una zona con categoría de suelo rústico protegido Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección y dentro de Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa.
«Con esta orden de demolición, el Consell de Ibiza sigue dando pasos para que la impunidad en el suelo rústico desaparezca. Se confirma la apuesta de este equipo de gobierno por la disciplina urbanística y por cambiar el paradigma de la impunidad, que se ha acabado en la isla de Ibiza. Lo que buscamos, más que recaudar sanciones, es que se restaure la legalidad», manifestó ayer el vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan.
Asimismo, recordó que ya se han derribado cinco construcciones ilegales en suelo protegido gracias a los expedientes abiertos durante este último tramo de legislatura, «cuando nos hemos centrado en actuar en suelo protegido y el litoral. Los infractores tienen que saber que, aparte de enfrentarse a un derribo, en algunos casos se enfrentarán a penas de prisión, dado que también estamos tramitando denuncias penales al juzgado», añadió el conseller.
El Consell de Ibiza ha dado un plazo de un mes a la persona sancionada para presentar ante el Ayuntamiento de Sant Josep el correspondiente proyecto de restablecimiento de la zona.
Además, la institución insular ha advertido de que el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la realidad física alterada, una vez sea firme, da lugar mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía, en cada ocasión de 10.612,72 euros.
Por lo tanto, una vez transcurrido el plazo señalado para que la persona interesada cumpla voluntariamente la orden, el Consell puede llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la orden de restablecimiento a expensas de la persona interesada, ejecución que procede, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.
Casos en Fiscalía
Paralelamente, el departamento de Territorio recordó que, con esta orden de demolición, ya son cinco las que se han ordenado en lo que va de legislatura.
Además, el departamento ha denunciado ante los juzgados penales un total de seis infracciones graves por posible delito contra la ordenación del territorio.
Por su parte, Mariano Juan insistió en que «el camino se hace andando, no solo hablando» y advirtió de que «los expedientes se irán incrementando en los próximos meses».
