El decreto ley dictado por el Govern para combatir el turismo de excesos fija límites para lograr una mejora de la calidad en zonas turísticas como el West End de Sant Antoni. Están implicadas diferentes instituciones (Govern, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Sant Antoni) para controlar que se cumple la norma en lo que respecta a salud, consumo, comercio y turismo. Hay locales que respetan lo fijado en el decreto, mientras otros hacen caso omiso.
Hay cosas que han cambiado, aunque sean casi imperceptibles. Si antes los turistas inundaban las calles principales del West End a partir de media tarde, ahora no se dejan ver hasta que se pone el sol, salvo excepciones. Son ya pasadas las 22.30 horas cuando empiezan su particular fiesta en una zona en la que rige un decreto ley contra el turismo de excesos, aprobado en enero de 2020 pero que en realidad ha de ser efectivo a partir este año, tras dos temporadas de cierre de los establecimientos por la pandemia.
Afecta a aproximadamente una veintena de calles y el objetivo es claro: controlar las conductas incívicas y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas. Y como en todo, hay quien cumple y quien ignora la normativa.
Son las 21.30 horas, la hora fijada por el decreto para que los establecimientos comerciales donde se venden bebidas alcohólicas bajen la persiana hasta las 8 de la mañana del día siguiente. En el West hay menos de una decena de comercios de este tipo y prácticamente todos han cerrado, a excepción de uno, en la calle Sant Mateu. Es todo el escaparate y desde fuera se ven cientos de botellas expuestas. También el letrero de la tienda está lleno de fotos de bebidas alcohólicas. Sigue haciendo caja, a pesar de que ha excedido la hora de cierre.
Las terrazas de todos los restaurantes de la zona están llenas de gente. Los camareros sacan platos a destajo. Numerosas personas pasean por las calles. La cola para coger un taxi en el paseo crece por minutos. Corre una brisa que hace más llevadero estar en la calle, a diferencia de días atrás.
El reloj marca las 22.40 y la calle Santa Agnès, la de referencia en cuanto a ocio nocturno, ya ofrece una imagen diferente a la de hace una hora. Las terrazas están prácticamente llenas y el vaivén de gente que entra y sale de los locales es constante. Sobre las 23 horas, una patrulla de agentes de la Policía Local de Sant Antoni recorre la calle de arriba abajo. Todo en orden.
Minutos después empiezan a aparecer grupos de jóvenes ebrios. Muchos de ellos salen de los locales. Apenas rozan los 20 años y hay quien se tiene que apoyar en las mesas o sentar en los bancos para evitar una caída. «Are u ok? [¿Estás bien?]», le dice un chico a su amigo, que apenas puede abrir los ojos.
Un portero de uno de estos establecimientos sigue el recorrido de uno de ellos, al que llevan en volandas un par de amigos porque no puede andar por sí mismo. Ha salido del local con la copa en la mano. Los amigos consiguen sentarlo y el de seguridad aprovecha para quitarle el vaso de la mano y meterlo dentro del local. Y es que la normativa contra el turismo de excesos exige que se adopten las medidas necesarias para impedir que los usuarios extraigan bebidas alcohólicas suministradas en el interior para consumirlas fuera.
NORMATIVA
El decreto dice que no se puede sacar alcohol al exterior de los locales
Hay establecimientos de la zona del West que están pendientes de controlar a los clientes, mientras que otros permiten que salgan fuera con vasos.
A apenas cinco metros de esta escena sucede todo lo contrario. Un joven sale de un bar con dos vasos de cristal sin que nadie se lo prohíba. Como él hay varios que bajan hacia el puerto con alcohol en la mano. No se puede, pero ellos no lo saben. Por la calle también hay quien lleva latas de cerveza, que tampoco están permitidas.
Lo que no se ve por la zona es publicidad que incentive el consumo de alcohol, como ofertas de 2x1, barra libre o happy hour. Está prohibido, también, y los locales han acatado la norma. Tampoco hay rastro, por lo menos aparentemente, de prácticas que cosifiquen o hipersexualicen a la persona, especialmente a la mujer, con la finalidad de inducir al consumo de alcohol o a la entrada a un establecimiento.
El ruido es constante. Cada vez que se abre una puerta la calle se inunda de música, pero hay un local que se oye todo el rato, que no la cierra. Para hablar con el de al lado en plena calle tienes que elevar el tono, si no es difícil que se escuche. El portero de otro garito está pendiente, constantemente, de cerrar la puerta cuando los clientes la dejan abierta. De nuevo, hay de todo. Mientras, un par de jóvenes, una chica y un chico, simulan un combate de boxeo en mitad de la vía. No muy lejos se celebra una despedida de soltera.
La noche avanza y una pareja de guardias civiles saluda a los trabajadores de los locales mientras pasean entre decenas de personas. Apenas están un par de minutos en la calle principal del West y se van.
A la una de la madrugada el ambiente sigue igual. Un chico se cuela con su bicicleta, intentando mantenerse al margen de lo que sucede. Sigue calle arriba mientras esquiva a decenas de personas que se apelotonan en la vía.
El cerrojo lo echan a las 3 de la madrugada, momento en el que la fiesta se traslada al paseo, la playa y los pubs y discotecas adyacentes. Hay locales, no todos, que aprovechan el cierre para vender botellas de alcohol a quien las pide. Muchas de ellas acaban tiradas horas después en el paseo de s’Arenal. No pueden venderlas, pero lo hacen. Mientras una zona está acotada por la norma, a escasos metros la fiesta continúa sin restricciones.
Inspecciones
El decreto ley explica que los servicios de inspección de las administraciones competentes en materia de turismo, salud, consumo y comercio, como también la Policía Local de los municipios afectados (en este caso Sant Antoni), la Policía Nacional y la Guardia Civil, «tienen que actuar coordinadamente y tienen que colaborar entre sí para asegurar el cumplimiento de las medidas» en bares, restaurantes, comercios y establecimientos turísticos.
En este sentido, el Consistorio informa de que, entre los meses de mayo y julio, ha interpuesto numerosas denuncias en base a la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y al decreto 1/2020 contra el turismo de excesos. En referencia a este último, informan de una decena de sanciones, dos por publicitar party boats dentro de la zona delimitada por el decreto (lo cual también está prohibido) y el resto por permitir que los usuarios extraigan bebidas alcóholicas fuera del local. Están dentro del marco turístico, por lo que se han remitido al Consell; concretamente el 28 de julio y «están en tramitación».
Amparados en la Ley 4/2015 señalan que se han abierto 31 diligencias en materia de salud pública por venta de óxido nitroso y otras drogas; se han interpuesto 34 denuncias en materia de seguridad ciudadana por consumo o tenencia de drogas; 16 denuncias por ruidos de música y exceder el horario de cierre; una veintena por publicidad dinámica; 108 denuncias por venta ambulante, y 54 por varios motivos como incumplir la suspensión de la música, orinar en la vía pública, etcétera.
Asimismo, Sant Antoni recuerda que ha abierto nueve expedientes de suspensión de música a nueve locales y hay otros tres en tramitación, además de cuatro establecimientos sancionados con cierre temporal.
Por su parte, el Consell indica que ha realizado tres actuaciones este año «para controlar el cumplimiento de aquellos puntos del decreto de los que es responsable». La primera fue el 3 de julio en la que dos inspectores acudieron a diez locales en los que «no constataron ninguna infracción».
Dos días después, otros dos profesionales inspeccionan 14 establecimientos en los que tampoco vieron ilegalidades. La última fue hace dos semanas, el 14 de julio, en la que un inspector visitó un total de siete locales en los que no constató ninguna infracción. De momento, el Consell no ha facilitado la hora a la que acudieron los inspectores.
Desde el Govern, que tiene competencias en Salud, Consumo y Comercio, explican que las conselleries implicadas en el decreto no inspeccionan ni levantan actas, sino que son las policías locales las encargadas de hacerlo al constatar una infracción. «Cuando nos afecta a nosotros, abren acta y las remiten al Govern, que tramita el expediente sancionador. Hay actas de Palma y Llucmajor, pero no hemos recibido ninguna de Sant Antoni», concluyen.
