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Pleno municipal

Sant Josep urge al Consell de Ibiza a crear senderos turísticos y a soterrar los tendidos aéreos de sa Sal Rossa

El Ayuntamiento adjudicará diez nuevas licencias de taxi, tres de ellos adaptados

Imagen de tendidos aéreos
 en los estanques 
de sa Sal Rossa.  d.i.

Imagen de tendidos aéreos en los estanques de sa Sal Rossa. d.i. / Josep Àngel Costa. sant josep

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Sant Josep

El pleno de Sant Josep exigirá al Consell de Ibiza que retome el proyecto para soterrar cuatro kilómetros de tendidos aéreos entre Platja d’en Bossa y Sant Francesc, así como la creación de unos senderos turísticos en esta misma zona del Parque Natural de ses Salines. El pleno municipal celebrado ayer también aprobó sacar a concurso diez nuevas licencias fijas de taxi y la reserva de 428.000 euros para demoler las ilegalidades en Casa Lola, que posteriormente se reclamarán a la propiedad.

El alcalde, Ángel Luis Guerrero, recordó que el Consell contaba con 1,8 millones de financiación del Estado para enterrar los tendidos debajo de los senderos que se iban a abrir por sa Sal Rossa, pero el acuerdo expiró en 2019. Como el proyecto está redactado, el Ayuntamiento instará al Consell a que acometa los trabajos antes de que caduquen las distintas autorizaciones que ya están concedidas. De hecho, ya ha prescrito el permiso sectorial de Carreteras del Consell, según indicó Guerrero.

El PP votó en contra de esta propuesta porque, según recordó, los planes de ordenación y regulación del Parque Natural, aprobados en 2002, ya obligaban a las empresas eléctricas y de telefonía a soterrar todo su cableado antes de diez años. Así, el concejal popular Vicent Roig, que a su vez es el conseller insular de Medio Ambiente, propuso que el Ayuntamiento se dirja al Govern balear, en vez de al Consell, para reclamarle que cumpla con la normativa del parque, pero su petición fue desestimada. Roig también señaló que el Consell no podía invertir fondos propios para esta actuación, ya que carece de competencias en el Parque Natural y «supondría una prevaricación».

Además del voto en contra del PP, Ciudadanos se abstuvo en esta iniciativa, mientras que Ara, Vox y Proposta per Eivissa secundaron al equipo de gobierno.

Presupuestos de 2021

El PP se mostró especialmente crítico con el equipo de gobierno a la hora de aprobar las cuentas generales del municipio de 2021. El portavoz de esta formación, Javier Marí, criticó que, de los cerca de 50 millones de euros que finalmente fueron presupuestados, 9,5 millones acabaron en el remanente.

«Son casi diez millones que no se gastaron cuando aún estábamos en los momentos duros de la pandemia», lamentó. Por su parte, el concejal de Hacienda, Vicent Rosselló, defendió que, a causa de la pandemia, el Ayuntamiento tuvo que «reforzar áreas como los Servicios Sociales, donde se ha incrementado mucho el gasto corriente».

El pleno mostró mayor consenso a la hora de votar la licitación de diez nuevas licencias fijas de taxi, donde todas las formaciones votaron a favor, salvo Vicent Torres, de Proposta per Eivissa. La creación de estas nuevas plazas ya se aprobó en 2018, pero quedaron congeladas por diferentes recursos.

De las diez nuevas licencias de taxis, tres corresponden a vehículos adaptados

Tres de estos taxis son vehículos adaptados, cuya concesión por 50 años tendrá un coste de 150.000 euros, mientras que las siete restantes costarán 190.000 por el mismo periodo. En ambos casos, el canon se puede fraccionar en tres pagos.

La cesión gratuita al IB-Salut del local para ampliar la Unidad Básica de Salud de Cala de Bou recibió el respaldo de todos los grupos municipales. El propio Ayuntamiento se ha hecho cargo de la renovación del consultorio con una inversión de 425.000 euros.

Sant Josep reclamará a la concesionaria de basuras que acabe con los hedores de los puntos de recogida de residuos

Advertencia a la UTE es Vedrà

En el turno de ruegos y preguntas, la concejala de Ciudadanos, Eva Ruiz, advirtió de que en las últimas semanas se han incrementado los hedores en los contenedores del municipio. El alcalde confirmó que se ha agravado este problema y anunció que la semana que viene se reunirá de urgencia con la empresa concesionaria de la recogida de residuos, la UTE Es Vedrá, para que solucione estos «incumplimientos».

La concejala del PP Nieves Bonet, se interesó por el final de obras del nuevo carril bici de Sant Jordi, que calificó de «chapuza». El concejal de Obras, Pere Ribas, le informó de que quedaban por eliminar los badenes que cruzan este vial. Bonet también reclamó que vuelva a ponerse la barrera junto a la rotonda del Palladium Palace, ya que los vendedores ambulantes usan esa zona de Platja d’en Bossa para ocultar su material.

Una nueva biblioteca para Cala de Bou

La nueva biblioteca de Cala de Bou se ubicará en un local de unos de 300 metros cuadrados en el residencial Sa Calma, junto a Punta Pinet y con acceso desde la calle es Caló. El nuevo espacio contará con capacidad para albergar más de 11.000 libros, frente a los 4.000 de las actuales instalaciones para esta zona del municipio, que solo cuentan con 56 metros cuadrados.

El pleno municipal de Sant Josep celebrado ayer dio el visto bueno al alquiler de este local para la futura biblioteca, por un periodo de 20 años prorrogable y con una renta de 45.000 euros anuales. El portavoz del PP, Javier Marí, se mostró favorable a la creación de este equipamiento, pero justificó la abstención de su grupo porque el arrendamiento se lleva a cabo a través de una contratación directa y no «de un concurso público». 

Tanto la concejal de Vox, Pino Vidal, como el de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, compartieron el mismo argumento y el sentido de voto de los populares. Por su parte, la concejala de Cultura de Sant Josep, Cristina Ribas, aseguró que, tras estudiar la oferta de Cala de Bou, solo se encontró este local con las condiciones adecuadas.

El concejal de Ara per Eivissa, Josep Antoni Prats, votó favor del alquiler de estas instalaciones, pero matizó que le suponía «un dilema ético» por las irregularidades urbanísticas que se cometieron en el residencial Sa Calma. Según recordó, el área de actuación de esa zona se aprobó en 1990 «como se hacían las cosas en esa época». Así, la urbanización se llevó a cabo años después sin que se cediera el correspondiente 15% de suelo al Ayuntamiento para destinarlo a equipamientos públicos. «Ahora encima se les pagará casi un millón de euros [en 20 años]», lamentó.

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