La polémica vacunación de altos cargos del Pacto en una residencia de personas mayores tras el aterrizaje en Palma de las primeras dosis anticovid, y antes de que les correspondiera por franja de edad, se zanjó internamente en el Govern con un informe de 4 páginas. En él se justifica lo ocurrido con la escueta e impersonal frase «se decidió vacunar al equipo vacunador», considerando como tal a seis cargos políticos aunque no pusieron ninguna inyección. Lo firman Juli Fuster, dimitido ayer como director del Ib-Salut, y la exsubdirectora de Atención a la Cronicidad, Angélica Miguélez, dimitida hace más de un año.
En el documento, ambos avalan que hasta seis altos cargos -incluida la propia Miguélez- se inmunizaran el 27 de diciembre de 2020 antes que la mayoría de población. Fue en la residencia pública Oms-Sant Miquel de Palma, adonde habían ido a hacerse la foto oficial. Este informe, fechado el 19 de febrero de 2021, no figura en la auditoría que tuvo que anunciar la presidenta del Govern, Francina Armengol, para tratar de calmar los ánimos tras estallar la polémica y ante la presión mediática y de la oposición. Se ha entregado a los grupos políticos ahora, más de un año y medio después, junto a otros documentos y la mencionada auditoría cuyo contenido la consellera de Salud debe explicar hoy en el Parlament.
Ocurrió el 27 de diciembre de 2020. Las primeras 165 dosis de vacuna Pifzer contra el covid habían llegado a Mallorca y el Govern montó un acto mediático en el citado geriátrico. Además de los usuarios y personal sanitario de la residencia que se vacunaron voluntariamente, posteriormente trascendió que ese día también se habían inmunizado varios cargos de confianza del Govern y del Consell de Mallorca, entre ellos la directora insular de Gente Mayor, Sofía Alonso, o el coordinador de la campaña de vacunación, Carlos Villafácila. Se originó así un revuelo político por el que oficialmente nadie ha asumido responsabilidades.
Un informe firmado el 19 de febrero de 2021 por Juli Fuster y Angélica Miguélez es, que se sepa, el único documento interno que teóricamente revisó si el protocolo seguido se ajustó a la legalidad. Ninguno de los autores responde a la cuestión; se limitan a recopilar la cronología de la vacunación esa jornada en la residencia; avalan que las dosis de Pifzer que sobraron se inyectaran a los políticos presentes, y no nombran a ningún responsable de dar la orden directa. Solo señalan sutilmente al «equipo coordinador de la residencia», justificándolo con la coletilla «ante la urgencia de tomar una decisión», porque sobraron dosis y «caducaban en breve».
«A las 19 horas ya se había vacunado a todos los usuarios que habían dado su consentimiento, y a todos los profesionales que habían acudido a la vacunación a la residencia. En ese momento pudimos comprobar que había un sobrante de 29 dosis. Para poder cumplir el objetivo de la vacunación, se ofreció la vacuna a todos los profesionales y usuarios que estaban en la residencia, se contactó con todos los trabajadores por correo electrónico, y se llamó a los que habían mostrado interés por vacunarse y no habían acudido a la cita», relata el informe. Así, se «pudieron ‘repescar’» una quincena de voluntarios más.
«A las 20.30 horas, sin ningún candidato más a vacunar perteneciente al grupo de la residencia, se constató que había 14 dosis sobrantes [...] Las vacunas caducaban en breve, dado que las 14 dosis estaba diluidas y cargadas en las jeringas». Así las cosas, prosiguen Fuster y Miguélez, «el equipo coordinador de la residencia, ante la urgencia de tomar una decisión, siguió el protocolo establecido: vacunar a las personas que entraban dentro del siguiente grupo de vacunación, que era el Grupo 2 (Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario». Entonces, «se decidió vacunar al equipo vacunador», reza el informe sin decir quién lo ordenó. Reseñan un listado de doce miembros, la mitad de los cuales eran los políticos que asistían al acto.
Finalmente, concluyen, de las 165 dosis «se perdieron dos» y otras dos «fueron desechadas».
