El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP, descarta ahora el nombramiento y la puesta en marcha de la figura del Síndic de Greuges, cuya función, según el reglamento de participación ciudadana de la institución aprobado definitivamente en enero de 2009, sería la de «velar porque los derechos de los ciudadanos en relación ala Administración insular sean reales y efectivos». Sería, en concreto, un defensor el pueblo para los asuntos del Consell de Ibiza.
En el debate de política general de hace dos años, en julio de 2020, el presidente anunció la creación de Síndic de Greuges para tramitar quejas de los ciudadanos ante la Administración. Marí reconoce que su «voluntad» era la de poner en funcionamiento este servicio a los ciudadanos y, de hecho, llegó a reunirse con «distintas personas para ver si estaban dispuestas a ocupar este cargo, que es honorífico».
El reglamento especifica que esta figura, que debe escogerse con el voto favorable de dos tercios del pleno, es «incompatible» con cualquier persona que ejerza cualquier mandato representativo o cargo político. La persona escogida tampoco pueden ejercer funciones directivas en partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales.
Vicent Marí justifica que la decisión de dejar este asunto en un cajón es «una cuestión de prioridades». Recuerda que ahora hay una nueva ley de consells , que «no habla de esta figura», y que «se debe redactar un nuevo reglamento orgánico».
Menorca cuenta con esta figura desde 2015
El Síndic de Greuges de Menorca, constituido en 2015, está formado por tres personas elegidas por el pleno del Consell que ejercen su función de manera altruista. Según su reglamento de funcionamiento, cada año presentan ante el pleno una memoria de su actividad. En la última de 2021, este órgano independiente del Consell llevó a cabo un total de 60 actuaciones, con la tramitación de 25 quejas de ciudadanos, la atención de 17 consultas o requerimientos de asesoramiento o información, ocho derivaciones a otras administraciones y 10 actuaciones de oficio. También prestó la misma función en cuatro ayuntamientos de la isla.
No se limita sólo a atender quejas y problemas de los ciudadanos, sino que también actúa por su propia cuenta al detectar algún funcionamiento anómalo de la Administración. Por ejemplo, según explica en la memoria, el Síndic de Greuges al leer en el Diari Menorca la denuncia de unos familiares de una persona ingresada en una residencia, concertó una reunión con el departamento del Consell de Bienstar Social para corregir el problema. Dentro de las actuaciones de oficio figuran las advertencias (en 2001 no se tramitó ninguna), las recomendaciones y sugerencias.
El presidente indica que después de explorar posibles aspirantes para ocupar este puesto llegó a «la conclusión de que lo que hay que potenciar es la figura del Defensor del Pueblo, que funciona bien». «Actúa de forma rápida y contundente. No hay que crear duplicidades», justifica, al tiempo que apunta que su gobierno ha puesto «mecanismos de mejora de los servicios que el Consell presta a los ciudadanos, además de simplificar los trámites administrativos a través de un reglamento». «Esta es la línea a seguir, no la de crear cargos de manera innecesaria». «Cuando se anunció era una prioridad, luego vino la pandemia y cambió. Creemos que podemos seguir mejorando la atención sin la necesidad de esta figura, cuando hay otras que ya ocupan este espacio», insiste.
Desde el pacto de Pilar Costa
El primer gobierno progresista por Pilar Costa (1999-2003) ya aprobó por pleno la creación de esta figura. Posteriormente, el expresidente socialista Xico Tarrés anunció en julio de 2008 la aprobación del reglamento de Participación Ciudadana y, según dijo, una de las primeras acciones debía ser la creación y el nombramiento del Síndic de Greuges.
Pero ahí quedó, en la intención. Se aprobó el reglamento pero el defensor del pueblo ibicenco sigue sin existir y sin ninguna intención del actual gobierno del PP y Ciudadanos de crear esta figura, que ya existe en la Comunitat Autònoma y en el Consell de Menorca. El defensor del ciudadano de Menorca entró en funcionamiento en 2015, según informa la institución menorquina.
