La conselleria balear de Medio Ambiente expresó ayer su «sorpresa» por el acuerdo aprobado por el pleno del Consell de Ibiza de iniciar el proceso para reclamar por la vía judicial una deuda de 23 millones de euros que se corresponde con el 30% de las inversiones (no subvencionables con fondos europeos) en el vertedero de Ca na Putxa que, según el Plan Director Sectorial de Residuos aprobado en 2001, debía abonar la Comunitat Autònoma.
Medio Ambiente se limita a responder de momento con la intervención del conseller, Miquel Mir, en el Parlament balear en diciembre de 2020, en respuesta a una pregunta del PP, en la que afirmaba que estaba dispuesto a negociar de forma «honesta» con la institución insular, y que llevaba un año esperando a que el Consell le presentara una propuesta.
Ahora, un portavoz de la conselleria de Medio Ambiente asegura que «aún no se ha recibido ninguna petición de reunión, ni formal ni informal por parte del Consell ni ninguna propuesta para empezar a negociar».
Sin embargo, el conseller insular de Presidencia y Gestión Ambiental, Vicent Roig, lo niega y recuerda que después de escuchar la intervención de Mir en el Parlament, ese mismo día el Consell le remitió una carta en la que se aportaba un desglose de la deuda y le solicitaba que realizara «las actuaciones oportunas para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes». Esta solicitud fue aprobada, además, por el Consell de Alcaldes.
En junio el año pasado, medio año después de que el Consell enviara la carta al Govern, Roig aseguraba que la institución insular prefería optar por «las vías «más amistosas», en referencia a la negociación.
El TSJB abrió la vía judicial
El conseller insular reaccionaba así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que rechazó una reclamación de la UTE Giref, concesionaria de Ca na Putxa, de 9,8 millones de euros contra el Govern balear por el 30% del coste de la planta de triaje, en cumplimiento de la cláusula del 30% incluida en el Plan Director Sectorial de Residuos de 2001.
La sentencia destacaba que la UTE Giref tiene una concesión del Consell, no del Govern, y por tanto, debía ser la institución insular, como responsable de garantizar que se mantenga el equilibrio económico-financiero de la concesión, la que debía reclamar a la Comunitat Autònoma dicha deuda.
Ahora, el Consell cambia de criterio y decide, sin previa negociación, acudir a la vía judicial porque han transcurrido casi dos años «sin tener noticias» del Govern y recuerda que la sentencia apuntada abría al Consell la vía judicial. «Hay que ser consecuentes. Se debería haber hecho antes», justifica Roig, al tiempo que recuerda que este año, también el anterior, el Consell destina 4,5 millones para amortizar el coste de la planta de triaje y evitar la subida del recibo de la basura.
Pese al anuncio de Mir sobre su disposición a negociar, Medio Ambiente se agarra a que el plan director preveía una disposición adicional (la novena) que preveía la firma de un convenio en el plazo «no superior a un año» (es decir, en 2002) para acordar cuantías y condiciones de pago, lo cual no se hizo. Los consells de Mallorca y Menorca sí lo firmaron y obtuvieron la financiación pactada. Roig dice que la reclamación de Ibiza está «política y técnicamente justificada, y es de justicia».
