El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, no sólo ha anunciado esta mañana la rescisión del contrato con la constructora del centro de baja exigencia de sa Joveria para personas sin techo (la UTE Washington Internacional-Transmetal Transformados Metálicos) sino que ha exhibido ante la oposición las llaves tras la recuperación de su posesión. En el discurso del debate de política general, el último de este mandato, Vicent Marí ha anunciado que, «pese a las dificultades sufridas, esta semana ya se ha rescindido el contrato de construcción del centro y en estos momentos ya se está trabajando en su adecuación final y la puesta en marcha del servicio».
En su réplica, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha lamentado con ironía que el presidente sea «un activo perdido del mundo de la compra venta». «He de reconocer y es de alabar que sepa vender de forma fantástica cuestiones que avergüenzan como la rescisión del contrato de obras del centro de sa Joveria», que, ha recordado, debería estar finalizado «en diciembre de 2020», por lo que ya se acumula más de un año y medio de retraso.
El portavoz del PSOE, Vicent Torres, también ha metido el dedo en la herida en este asunto, uno de los que ha acaparado mayor atención durante el debate, al afirmar que el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos utilizó el contrato de emergencia para contratar el anuncio y la campaña de promoción ‘La vida Islados’ que investiga la Fiscalía, pero «no para la construcción de un centro para atender a personas sin techo».
El presidente ha reconocido «ciertos retrasos», que ha atribuido a «los incumplimientos del contratista y a la falta de materiales», pero acto seguido ha sacado las llaves del centro tras la rescisión del contratista y el contrato de compra del mobiliario, al tiempo que ha destacado que ya se ha tramitado la concesión del servicio, que está «a punto de adjudicarse». «No hemos perdido el tiempo, hemos avanzado a pesar de los retrasos. Lo lamentamos y no se nos caen los anillos por decirlo. Yo me pregunto: ¿qué habrían hecho ustedes ante esta situación?», ha cuestionado el presidente, que ha agregado que se está trabajando para que el centro pueda abrir sus puertas «cuanto antes», lo cual, según se ha comprometido, será «antes de que acabe este mandato».
Retraso de 15 años del centro de es Gorg
También ha recordado el presidente que este es un centro de baja exigencia provisional por el retraso acumulado ya de «15 años» en la construcción del que está previsto en es Gorg. «Al paso que va el de es Gorg, me temo que el de sa Joveria funcionará durante mucho tiempo», ha advertido Marí.
El vicepresidente primero y portavoz del grupo del PP, Mariano Juan, también ha incidido en el retraso en la infraestructura de es Gorg. «Ustedes presentaron una maqueta en 2010 de un proyecto que debía estar listo en 2012. Por eso se hace ahora el centro provisional de sa Joveria, que llega con 12 años de retraso. Todos tenemos algo de responsabilidad», ha puntualizado.
Con la presencia del conseller balear de Movilidad y Vivienda y secretario general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, el senador y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, los alcaldes de la isla y la mayoría de los diputados de PP y PSOE del Parlament balear, en su discurso, de apenas media hora, el presidente también ha sacado pecho del trabajo de su gobierno contra el intrusismo, en especial por los expedientes sancionadores contra los «pisos pirata», que ha pasado de cuatro en el pasado mandato a más de 60 en el actual, con un montante económico de más de un millón de euros en multas (40.000 euros el anterior gobierno progresista).
También ha destacado que se han retirado 400 anuncios ilegales de plataformas de comercialización y redes sociales y se han identificado 70 explotadores turísticos.
El presidente ha anunciado que esta semana se ha adjudicado también el servicio de detectives que ya funcionó el año pasado para detectar e infiltrarse en fiestas ilegales en villas para recabar pruebas con las que tramitar las correspondientes sanciones. En los próximos días, según Marí, se reunirá la comisión de coordinación con los ayuntamientos para activar un plan de inspecciones.
Reclamación judicial de la deuda
Además de hacer un repaso a las principales actuaciones de su gobierno, el presidenteha abundado en que, desde «la lealtad», su gobierno seguirá reclamando al Govern balear lo que «merecen los ibicencos». «No queremos más que otros», ha dicho, para recordar acto seguido la deuda histórica de la Comunitat Autónoma con el Consell de 21 millones por las bestretes (los adelantos a cuenta de la actual financiación de los consells aprobada en 2014 que nunca se llegaron a pagar) y 23 millones tampoco abonados por las inversiones en el vertedero de Ca na Putxa previstas en el plan director de residuos. «Seguiremos dialogando, pero la lealtad es un camino de dos direcciones. No se entendería que una deuda histórica tuviera que acabar reclamándose por la vía judicial», ha advertido.
