La conselleria balear de Medio Ambiente ya ha solicitado licencia al Ayuntamiento de Sant Josep para ejecutar, subsidiariamente, el derribo del restaurante Es Xarcu, en la playa de es Xarco, junto a Cala Jondal. Medio Ambiente presentó el pasado mes de marzo en el Consistorio el proyecto de retirada de las instalaciones sobre la que pesa una orden de demolición desde 1997, hace 25 años. El coste del derribo se ha cuantificado en aproximadamente 115.000 euros.
La iniciativa adoptada por el Govern balear obedece a la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), de noviembre de 2017, que, tal y como ya publicó este diario, rechazó el proyecto de legalización del conocido establecimiento de restauración, que funciona desde 1984. En 1997, la dirección general de Costas y Puertos del Govern ordenó la demolición de una cocina de 22 metros cuadrados, un baño y vestidor (15 metros cuadrados), un comedor (29) y una barra de bar (20) por incumplir la ley de Costas (falta de autorización de este organismo) en zona de servidumbre de protección.
Un año después, en julio de 1998, el Consell otorgó autorización de apertura del establecimiento y, en noviembre del mismo año, el Ayuntamiento de Sant Josep dio la licencia de funcionamiento. Ambas autorizaciones no afectaron a la orden de derribo. De hecho, en abril de 2005, como la propiedad había hecho caso omiso, el Govern acordó la ejecución subsidiaria de la demolición.
La excepción legal del PP
Sin embargo, pocos meses después, el mismo Ejecutivo autonómico presidido por Jaume Matas, del PP, incluyó en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunitat Autònoma de 2006 una disposición adicional (la 14) para tratar de salvar este negocio de verano, tal como denunció entonces el grupo del Pacto en el Consell de Ibiza.
La izquierda advirtió de que con esta norma, el PP intentaba evitar la desaparición del restaurante de la familia de Carolina Torres, entonces diputada balear y consellera insular de Cultura en el gobierno del PP presidido por Pere Palau.
Sin embargo, el TSJB sentenció en noviembre de 2017 que el caso de Es Xarcu no reunía los criterios para que se pudiera legalizar con la medida extraordinaria aprobada por el PP. Era insuficiente porque no sólo afectaba a zona de servidumbre de protección sino también a la de tránsito. También superaba, en 171 metros cuadrados, el máximo de superficie cubierta sobre rasante exigido (150) para aplicar esta excepción.
Resolución de derribo de 2019
Así, en abril de 2019, cuando la sentencia ya era firme, la dirección general de Ordenación de Territorio del Govern dictó una resolución en la que declaraba nula la legalización de las obras y levantaba la suspensión de la orden de derribo de 1997. Este acto ampara el proyecto de demolición que en marzo la conselleria balear de Medio Ambiente presentó en el Ayuntamiento para obtener la licencia.
En todo caso, al tener conocimiento de ello, la propiedad del restaurante Es Xarcu presentó dos recursos en la conselleria balear de Medio Ambiente contra la citada resolución, que han sido desestimados. De hecho, el Ayuntamiento comunicó al Govern que dejaba en suspenso la tramitación de la licencia mientras se resolvían los recursos. Medio Ambiente informó a Sant Josep hace apenas dos semanas de que se había desestimado el último recurso.
Para tratar de evitar la concesión de la licencia de derribo, la propiedad ha dado un paso más y ha acudido al TSJB, ante el cual, por un lado, alega indefensión (por no haber recibido notificación alguna sobre la resolución de abril de 2019) y, por otro, sostiene que el proyecto es «erróneo» porque contempla la demolición de todo el restaurante, cuando defiende que la sentencia obliga a derribar sólo la cocina, un baño y un vestidor, un comedor y una barra de bar (la orden de 1997). También pide que emita un auto que determine la correcta ejecución del fallo judicial.
El propietario solicita al tribunal balear que suspenda la tramitación del permiso de derribo
La propiedad de Es Xarcu ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que suspenda la tramitación de la licencia municipal de derribo, mientras se concreta qué partes se deben echar abajo, por «el perjuicio de imposible recuperación» que le ocasionaría. Por su parte, la conselleria balear de Medio Ambiente intentó coordinar con la Demarcación de Costas la retirada de los elementos que se hallan, también sin autorización, en zona de dominio público marítimo terrestre, como parte de la terraza. Sin embargo, ante «la complicación» que ello supone, la conselleria ha optado por seguir adelante con el derribo pendiente desde hace 25 años de los elementos que ocupan la zona de servidumbre de protección, que es de su competencia. «No se puede esperar más», señalan las fuentes consultadas de Medio Ambiente.
