Tres testigos negaron ayer ante la jueza que hubieran detectado ningún tipo de irregularidad en el proceso de aprobación del concurso para explotar las instalaciones del Club Náutico Ibiza (CNI), que fue concedido a la institución que las venía gestionando desde hacía más de 50 años.
La magistrada Martina Mora, del juzgado de instrucción número 3 de Palma, interrogó a estos testigos en su intento de aclarar si existió o no amaño en esta concesión pública, tal como sospecha. Unas declaraciones que representan el paso previo al interrogatorio que se practicará la próxima semana de los que eran máximos representantes de la Autoritat Portuària de Balears, con Joan Gual de Torrella a la cabeza, que prestarán declaración como imputados.
Muy esperada era la declaración de la secretaria de Puertos del Estado, institución que también forma parte del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Balears. El representante del Estado que formaba parte de este consejo fue uno de los vocales que dimitió, después de notar ciertas irregularidades en la reunión en la que se acordó otorgar el concurso al Club Náutico Ibiza, en perjuicio de otras ofertas, cuando anteriormente un juez había anulado el primer proceso, en el que también se le había concedido la explotación a la misma institución. A este vocal se le ordenó que votara a favor de dicha concesión, decisión con la que no estaba conforme y decidió dimitir.
La secretaria señaló que no se detectó ninguna irregularidad en este proceso y que dio las órdenes al vocal, siguiendo el consejo de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, que no apreciaba ninguna sospecha de amaño en dicha concesión. Consideró la representante de Puertos del Estado que el vocal tenía la obligación de cumplir la orden que le habían marcado, es decir, votar a favor de la asociación náutica de la isla, porque en este consejo no actuaba a título personal, sino en representación de una empresa pública.
El capitán marítimo, que también compareció ayer como testigo, explicó a la magistrada que si bien es cierto que existía el deseo de que se prolongara la concesión, no consideró que se hubiera cometido ninguna irregularidad en el proceso del concurso.
