El Consell de Ibiza se plantea no devolver la fianza de 50.000 euros a la empresa constructora del centro de baja exigencia para personas en riesgo de exclusión de sa Joveria, la UTE Washington Internacional-Transmetal Transformados Metálicos. Según explica el conseller de Presidencia, Vicent Roig, «si la cosa sigue así, perderá la fianza que se pide en la puesta en marcha de cualquier servicio para garantizarlo».
A esta cantidad habría que añadir otros 165.000 euros que suma la constructora en sanciones por los continuos retrasos en la finalización de la estructura.
Cabe recordar que el contrato fue adjudicado en septiembre de 2020 por vía de urgencia en plena crisis sanitaria por el covid, pero la empresa no presentó el proyecto básico y ejecutivo hasta principios del año pasado; la instalación debía estar terminada en marzo de 2021.
Un año y tres meses después, el Consell no se atreve a dar plazos para su puesta en marcha. En este sentido, la empresa alegó hace unos meses la dificultad para obtener el material de obra ante el paro nacional de transporte, al que semanas después se sumó la invasión rusa de Ucrania
La realidad, según matiza Roig, es que apenas quedan cosas por hacer. «Queda poco más que la puesta en funcionamiento de la maquinaria. Está todo instalado: el aire acondicionado, los dispositivos de emergencias, las alarmas, el sistema de renovación de aire de las habitaciones, el sistema contra incendios, el de control de entradas y salidas… pero hay que ponerlo a funcionar», explica. También faltan otros detalles, como finalizar la zona exterior del centro. «El edificio en sí está terminado. Quedan por hacer las aceras y el ajardinamiento, además de la zona de custodia para las mascotas, donde falta por terminar el espacio de almacenaje y el lavadero», añade el conseller.
Las instalaciones ubicadas en sa Joveria tendrán siete habitaciones con capacidad para 56 personas y serán provisionales hasta que el centro de es Gorg, que será el definitivo, entre en funcionamiento.
Se trata de un edificio polivalente para servicios sociales, con módulos prefabricados, que tendrá un total de siete habitaciones, con capacidad para ocho personas cada una, taquillas, armarios individuales, dos zonas de baño y despachos, lavandería y otras dependencias.
El montante del contrato ascendía a 1.109.000 euros (IVA incluido).
Adjudicación del servicio
En cuanto a la adjudicación del servicio, desde el Consell explican que se formalizará una vez el edificio esté terminado, pero «ya está toda la tramitación hecha desde marzo» con el objetivo de que empiece a funcionar lo antes posible.
La empresa adjudicataria del contrato tendrá que ofrecer servicio de comedor, seguridad 24 horas, limpieza, lavandería o mantenimiento, entre otros.
Además, dispondrá de un equipo multidisciplinar de atención directa y presencial que contará, como mínimo, con un coordinador responsable, un trabajador social, un educador social, diez técnicos superiores en Integración Social y otro de Auxiliar de Enfermería.
