Pascual Ortuño Muñoz acudió a la constitución en la isla de la Asociación para el Desarrollo de la Mediación en las Illes Balears (Ademib) y ha regresado coincidiendo con su 25 aniversario para participar en el IV Foro de mediación, convocado ayer por la organización en la sede de la UIB en Ibiza
¿Se han hecho muchos avances en mediación desde que la Ademib se fundó en la isla hace 25 años?
El progreso ha sido muy escaso. Por ejemplo, según las estadísticas, el año pasado en toda Cataluña hubo 1.100 mediaciones y 800.000 juicios. O sea, que la proporción es anecdótica. La mediación en Ibiza, y en España en general, está todavía en pañales, e incluso podríamos decir que ha habido una cierta regresión, por eso vemos con bastante esperanza que se legisle a nivel estatal esta materia.
¿Se refiere a los Proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia que se están tramitando en el Parlamento?
Sí. La realidad es que la justicia en nuestro país está muy burocratizada. Se ha llegado a un extremo en el que, por una parte, la gente despotrica de la justicia, pero, por otra, no tiene otro camino al que acudir para resolver sus conflictos que no sean los tribunales. Somos uno de los países del mundo con una mayor carga de litigios, tenemos lo que llamamos una litigiosidad impropia, que no debería llegar a los tribunales si hubiera mecanismos que posibilitaran los acuerdos. Por estos mecanismos podrían ir más del 50% de casos. Esta ley lo que establece es un filtro en el que, salvo casos de urgencia, se impone que las partes y los abogados de las partes acrediten que han intentado negociar antes de recurrir a los juzgados.
Al final parece que han hecho caso a lo que decía en ‘Justicia sin jueces’.
Sí. El mensaje central de mi libro era que una demanda judicial siempre es una declaración de guerra y una vez declarada la guerra es muy difícil volver atrás. Lo que se pretende con la mediación y otras medidas alternativas es que no se llegue a esa situación. Sin embargo, esto tiene muchas dificultades, la principal es la propia dinámica histórica de cómo está organizada la administración de justicia. Es complicado cambiar la mentalidad de la gente porque lo primero que hacen los ciudadanos cuando, por ejemplo, quieren divorciarse o tienen un conflicto con los hermanos por una herencia es recurrir a un abogado para poner una demanda. Hay que enviar a la gente el mensaje de que la justicia no es algo extraño, sino que es algo que corresponde a la ciudadanía y que antes de acudir al juzgado para resolver sus conflictos empleen otros medios. Por otra parte, los poderes públicos deben favorecer a nivel legislativo y a nivel de recursos económicos instituciones intermedias para la resolución de conflictos por vía de la negociación.
¿Qué modelo de juez necesita el siglo XXI?
El juez que ha producido el sistema burocrático que tenemos es un juez máquina, un juez ordenador, un juez que se conoce toda la legislación de memoria y con los ojos cerrados y tapados aplica la ley maquinalmente. Metafóricamente esa venda con la que se representa a la justicia se le debería quitar a los jueces para que vieran las consecuencias de sus sentencias. Los jueces dictamos la sentencia y ya no sabemos qué ha pasado después.
¿Habla también de trabajar la empatía en los jueces?
Sí, hablo de un juez que comprenda los problemas de la gente y que busque el equilibrio y que cuando haya que castigar a alguien lo castigue, pero que no se base todo en el combate de boxeo. Lo digo muchas veces, ofrecemos al ciudadano un ring para que se pelee cuando lo que deberíamos hacer es procurar que no se llegara a calzar los guantes de boxeo.
