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Diario de Ibiza

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Sant Antoni concede tres años después las licencias para las dos casas de madera de Can Germà

Una cooperativa de sanitarios constituida para construir sus propias casas solicitó el permiso en enero de 2019 y, ante la falta de respuesta, inició las obras en noviembre por silencio positivo, pero pararon en marzo de 2021

Las obras de las viviendas de madera de Cas Germà, en una imagen tomada ayer desde la carretera. | J. A. RIERA

Poco más de tres años después, con una crisis de gobierno y relevos en el mando y la reestructuración orgánica en la concejalía de Urbanismo de por medio, el Ayuntamiento de Sant Antoni resolvió el pasado día 10 de marzo la concesión de sendas licencias para la finalización de la construcción de dos viviendas de madera con piezas prefabricadas en Can Germà.

Un grupo de sanitarios se asociaron en una cooperativa (Sociedad Cooperativa Els Sanadors) para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en Ibiza construyendo sus propias casas, y con un sistema constructivo más rápido. Tras la compra del terreno, el 16 de enero de 2019 la cooperativa presentó la solicitud de licencia por el registro de entrada del Ayuntamiento. Transcurridos más de los tres meses que la ley establece para que la Administración resuelva la petición, los promotores solicitaron, el 30 de mayo de ese año, el certificado acreditativo del silencio administrativo positivo. Ante la falta de respuesta, en noviembre de ese año, los sanitarios comunicaron que iniciaban las obras por silencio positivo.

Los promotores se basaban en una sentencia del Tribunal Constitucional que, en 2017, estableció que, en el caso de una vivienda prefabricada, si la Administración no responde a una solicitud de licencia en el plazo máximo que marca la ley (tres meses), el promotor se puede acoger al silencio positivo e iniciar las obras, siempre y cuando la construcción no incumpla la ordenación territorial o urbanística. De hecho, la cooperativa también preguntó previamente al Ayuntamiento «cómo interpretaba la norma» de las prefabricadas, pero tampoco obtuvo respuesta.

Discrepancias técnicas

Casi un año después del inicio de las obras, en octubre de 2020, la anterior técnica responsable de Urbanismo emitió un informe en contra de la estimación, por silencio administrativo, de la solicitud de la licencia al entender que, aunque se trataba de viviendas construidas con piezas de madera precortadas que se ensamblan, la técnica constructiva «poco tiene que ver con el de ubicación de construcciones prefabricadas, tales como viviendas unifamiliares, tiny houses o viviendas en contenedores marítimos o aulas prefabricadas».

Se refería al hecho de que la cimentación de las casas es de hormigón armado y que, además, se impermeabiliza la cubierta, se efectúan los cerramientos y particiones y, al final, los revestimientos, con enlucidos con un deslizado fino de mortero preparado de cal y arena o arcilla. Entonces, se abrió un debate interno sobre si eran o no prefabricadas dichas viviendas, hasta el punto de que el era concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, encargó un dictamen a un despacho de arquitectos externo. La técnica municipal también argumentó que el terreno tampoco reunía las condiciones de solar, aunque el secretario de la Corporación emitió otro informe en el que expresaba su discrepancia sobre este punto.

El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de El PI, criticó con dureza la gestión de este asunto, que tachó de «inaceptable». En concreto, lamentó que el Ayuntamiento llegase «tarde» y que dos años después de haberse iniciado los expedientes aún hubiera «dudas» sobre la legalidad de las obras. «Hay que ser más diligentes porque podemos causar un perjuicio a los promotores y al Ayuntamiento. La Administración no puede lavarse las manos. Hay que ser más responsables y ágiles», dijo Torres, lo que abrió una crisis interna.

De hecho, Torres exigió una solución inmediata al alcalde. Finalmente, en marzo de 2021, el Ayuntamiento desestimó el efecto del silencio positivo al concluir que las obras afectan a unas casas de nueva planta y no prefabricadas como indicaba el proyecto. En este caso, el Ayuntamiento también llegó tarde, porque una semana antes los promotores decidieron parar las obras a la espera de la obtención de las licencias.

La chispa que provocó la salida del edil de Urbanismo

El retraso en resolver si las viviendas de Can Germà podían o no construirse por silencio positivo mientras las obras avanzaban abrió una crisis interna en el gobierno tripartito de centro derecha de Sant Antoni en torno al atasco del departamento de Urbanismo. También se añadieron otros problemas, como las discrepancias entre técnicos sobre las obras del Bambuku o el intento de legalización de seis naves industriales. Todo esto provocó la salida del edil de Urbanismo Miguel Ángel Costa y que el alcalde, Marcos Serra, del PP, asumiera directamente la gestión de esta área, después de que sus socios de gobierno (El PI y Ciudadanos) rehusaran hacerlo. Serra llevó a cabo, no sin problemas con El PI, que impidió inicialmente su aprobación en el pleno, una reestructuración del departamento.

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